Crisis política al límite en Perú: ¿cómo afecta la manera que ven al país en el extranjero?

Este miércoles se conoció que el presidente de la República, Pedro Castillo, solicitó la semana pasada a la Organización de Estados Americanos (OEA) la activación de la Carta Democrática Interamericana. En el documento, suscrito también por el canciller César Landa, advirtió a la comunidad internacional que en el país existe un proceso que busca quebrantar el orden constitucional.

Anthony Medina Rivas Plata, director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa María y Miembro del Foro Peruano de Relaciones Internacionales (FOPRI), habla sobre el contexto de qué significa esta medida y lo que puede pasar.

Como primer punto, recuerda que la Carta Democrática Interamericana fue una iniciativa jurídica del Perú, luego de la caída de Alberto Fujimori y nació con la idea de respetar el origen democrático de los gobiernos.

Es decir, es un mecanismo de la OEA para intervenir en caso se implemente una situación de facto o contraria con la normativa interna del país. “En ese sentido Pedro Castillo ha dicho que se ha implementado un nuevo tipo de golpe de estado. Frente a esta posibilidad, que de acuerdo con la tesis de Castillo estaría orquestado por la Fiscalía y el Congreso, se estaría no reconociendo el origen del mandato popular nacido de las urnas que colocó a Castillo en el gobierno”, precisa el experto.

De hecho, existe un antecedente, porque cuando fue presidente Alejandro Toledo (2001-2006) también solicitó dicha activación. Medina recuerda que en ese entonces, el peruposibilista apenas tenía un 6% de popularidad, y tenía un frente muy fuerte a favor de su vacancia, pero por otro lado, tenía mayoría parlamentaria.

En este caso de Castillo, la preocupación va por el lado de la coherencia jurídica de la denuncia constitucional hecha por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Al respecto, el entrevistado señala que varios constitucionalistas, incluso los que se oponen a Castillo, han señalado que lo que puede haber es muchos tipos de interpretaciones, pero el artículo 117 de la Constitución Política es claro en señalar que se puede investigar al presidente, pero no se le puede juzgar por temas que excedan a los puntos que están descritos en dicho artículo.

Asimismo, se menciona que al no ser juzgado el presidente por el artículo 117, se tiene que invocar la Convención de la ONU contra la corrupción, que es una convención principalmente declarativa, según explica Medina. “Perú efectivamente ha firmado la convención, pero no ha generado ningún tipo de normativa externa o políticas públicas derivadas de esa convención”.

Agrega que lo que ha hecho la fiscal es generar un caso, exponerlo al Congreso y dejarlo a criterio de dicho poder. Pero el Congreso ha sido cauto también al decir que tendrá que ser evaluado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, por lo que estima que tomará un tiempo.

Otra arista que hace más complejo el caso está relacionado a la fiscal de la Nación. Como señala el experto, Benavides también es seriamente cuestionada porque su hermana viene siendo investigada por vínculos a cobro de cupos a narcotraficantes. Dicho esto, señala que hay medios de comunicación que hacen ver esta situación como una pelea de buenos contra malos, siendo los buenos la Fiscalía y el Congreso, y los malos el gobierno, “pero la relación es mucho más compleja que eso”.

En esa línea, sostiene que si bien Castillo llegó al gobierno con una coalición bastante precaria, logró armar un equipo fuerte en la política externa, con la presencia de figuras como Manuel Rodríguez Cuadros, delegado ante la ONU y uno de los autores de la Carta Democrática Interamericana y como Harold Forsyth en la OEA.

Por otro lado, nombra el aprendizaje que ha tenido la OEA, luego del papel que cumplió durante el golpe de Estado de Jeanine Añez en Bolivia. “Ciertamente no quieren volver a caer en lo mismo, y vienen monitoreando la situación interna del Perú saben cuán polarizada está la realidad peruana”, apunta.

Medina precisa que es bastante evidente por las noticias de la prensa internacional “las notorias deficiencias del gobierno de Castillo, pero también lo terriblemente cuestionado que está el Congreso y lo gravemente cuestionado que está el rol de la fiscal de la Nación por los vínculos que señalaba”.

Agrega que la situación es tan tirante que parece que no se detendrá hasta que no se imponga el gobierno de Castillo o se produzca la vacancia y no haya punto de consenso de por medio. “Es una situación lamentable por la que estamos pasando y los peruanos nos sentimos avergonzados y poco identificados con la actuación de la clase política”, indica.

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