Cancillería señala que invocación a la Carta Democrática no perjudica las investigaciones de la Fiscalía

El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que la invocación por parte del Gobierno para que se activen los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos (OEA) no obstaculizará las investigaciones que la Fiscalía de la Nación realiza contra el presidente Pedro Castillo y su entorno familiar y empresarial.

“La aplicación de la CDI no cuenta con la capacidad de modificar ningún curso de los procedimientos contemplados en el marco constitucional peruano, ni en los procesos de control y contrapeso entre los poderes del Estado. De igual forma, no tiene la potestad de resolver recursos legales presentados internamente como procesos judiciales o constitucionales en curso”, señaló en un comunicado.

De otro lado, Torre Tagle defendió que se haya recurrido a la Carta Democrática. “Su aplicación a través de los años, en diversos países de la región y en el nuestro, ha permitido enfrentar complejas situaciones que afectaban la institucionalidad democrática y encauzar los conflictos entre diversos poderes del Estado de manera pacífica y a través del diálogo, preservando el derecho de los pueblos a la democracia”, anotó.

“El estado de derecho y la democracia representativa constituyen la única vía conducente a lograr la paz y el desarrollo del país, garantizar la vigencia de los derechos fundamentales y resolver nuestros principales desafíos”, cierra el pronunciamiento de la Cancillería.

Como se sabe, esta tarde se realizará una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA. Esto se dará tras una solicitud del secretario general, Luis Almagro, quien remitió la solicitud del gobierno de Pedro Castillo a Jan Marten Willem Schalkwijk, presidente de esta instancia, a fin de que se ponga en análisis la situación en el Perú y se disponga la visita de representantes y otras gestiones que se consideren necesarias.

Hoy se dará a las 13:30 horas en el Salón de las Américas de la sede de la OEA en Washington, D.C. Contará con la presencia del primer vicepresidente y Relator para el Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Eduardo Stuardo Ralón Orella, y del canciller peruano, César Landa Arroyo.

El Gobierno también detalla los hechos que serían materia de una grave amenaza a la institucionalidad del país. Lo primero es que sectores opositores a Castillo alegaron fraude tras confirmarse su victoria en las pasadas elecciones generales frente a Keiko Fujimori.

Segundo, se dio la conformación de una comisión encargada de investigar el supuesto fraude y otras dos comisiones que investigan su gestión: el grupo de Fiscalización y otro grupo promovido para investigar los primeros cien días de su gobierno. Tercero, se ha dado un recuento de las intervenciones públicas de congresistas que, en forma reiterada, han expresado su voluntad de sacarlo del cargo, incluyendo lo que hizo María del Carmen Alva en su viaje a España.

Cuarto, el presidente Castillo indica que representantes de instituciones autónomas como el exdefensor Walter Gutiérrez haya pedido su renuncia en una entrevista internacional, “dejando de lado su rol constitucional de promover la democracia”. Quinto, anota el bloqueo del Parlamento a su proyecto de reforma constitucional para fortalecer el balance de poderes.

Sexto, hace mención a las iniciativas y normas impulsadas por el Congreso con el único fin de fortalecer a este poder del estado. Entre ellas cita la ley 31355 que restringe el planteamiento de cuestiones de confianza para reformas constitucionales o proyectos de ley.

Séptimo, añade que la representación nacional le ha negado realizar el viaje a Colombia y al Vaticano y Bruselas. También da cuenta de la denegatoria inicial del Parlamento para el desarrollo de la Asamblea General de la OEA en Perú.

Finalmente, Castillo da cuenta de las tres mociones de vacancia presidencial en su contra, las 27 interpelaciones a sus ministros de estado y la censura de cinco de ellos, y las denuncias constitucionales por supuesta traición a la patria y la recientemente impulsada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

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