El presidente de la República, Pedro Castillo, ha solicitado a la Organización de Estados Americanos (OEA) que active los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana frente a la grave crisis política que sacude al Perú tras ser denunciado constitucionalmente por la Fiscal de la Nación por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.
En una carta enviada a Luis Almagro, secretario general de la OEA, se indica que “la intención de recurrir a dichos dispositivos se debe y el legítimo ejercicio del poder, teniendo en cuenta que en los últimos meses vienen ocurriendo en el Perú una sucesión de hechos y situaciones, por parte del Poder Legislativo, Ministerio Público y de otros órganos constitucionales, que en abierta contradicción con las disposiciones constitucionales y las normas que regulan la separación de poderes propia del Estado de Derecho, han configurado un proceso destinado a la alteración del orden e institucionalidad democrática del Perú”.
El Gobierno también detalla los hechos que serían materia de una grave amenaza a la institucionalidad del país. Lo primero es que sectores opositores a Castillo alegaron fraude tras confirmarse su victoria en las pasadas elecciones generales frente a Keiko Fujimori.
Segundo, se dio la conformación de una comisión encargada de investigar el supuesto fraude y otras dos comisiones que investigan su gestión: el grupo de Fiscalización y otro grupo promovido para investigar los primeros cien días de su gobierno. Tercero, se ha dado un recuento de las intervenciones públicas de congresistas que, en forma reiterada, han expresado su voluntad de sacarlo del cargo, incluyendo lo que hizo María del Carmen Alva en su viaje a España.
Cuarto, el presidente Castillo indica que representantes de instituciones autónomas como el exdefensor Walter Gutiérrez haya pedido su renuncia en una entrevista internacional, “dejando de lado su rol constitucional de promover la democracia”. Quinto, anota el bloqueo del Parlamento a su proyecto de reforma constitucional para fortalecer el balance de poderes.
Sexto, hace mención a las iniciativas y normas impulsadas por el Congreso con el único fin de fortalecer a este poder del estado. Entre ellas cita la ley 31355 que restringe el planteamiento de cuestiones de confianza para reformas constitucionales o proyectos de ley.
Séptimo, añade que la representación nacional le ha negado realizar el viaje a Colombia y al Vaticano y Bruselas. También da cuenta de la denegatoria inicial del Parlamento para el desarrollo de la Asamblea General de la OEA en Perú.
Finalmente, Castillo da cuenta de las tres mociones de vacancia presidencial en su contra, las 27 interpelaciones a sus ministros de estado y la censura de cinco de ellos, y las denuncias constitucionales por supuesta traición a la patria y la recientemente impulsada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Reunión de emergencia
Luis Almagro remitió la solicitud del régimen peruano a Jan Marten Willem Schalkwijk, presidente de la Comisión Permanente de la OEA, a fin de que se ponga en análisis la situación en el Perú en una sesión extraordinaria y se disponga la visita de representantes y otras gestiones que se consideren necesarias.
Mañana será la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA a la 2:30 de la tarde (Hora de Estados Unidos) y contará con la presencia del primer vicepresidente y Relator para el Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Eduardo Stuardo Ralón Orella, y del canciller peruano, César Landa Arroyo.
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