Cuarenta candidatos con sentencias por violencia familiar obtuvieron la mayor cantidad de votos en las Elecciones Regionales y Municipales 2022, que se llevaron a cabo el pasado domingo 2 de octubre.
En una anterior entrega, Infobae reveló que 213 candidatos admitidos para participar en los comicios declararon al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que arrastraban sentencias por violencia familiar.
Luego de realizar una nueva revisión, hallamos que, de ese total, 40 alcanzaron suficientes votos, según las actas procesadas al 100% y publicadas en el portal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Así, queda pendiente que el JNE los oficialice como nuevas autoridades.
Regiones con más sentenciados
La mayor cantidad de virtuales autoridades con sentencias por violencia familiar figura en Ancash.
Seis aspirantes a altos cargos en municipios distritales y provinciales obtuvieron la mayoría de votos, a pesar de que el Poder Judicial los condenó con prisión efectiva y suspendida por agredir de forma física y psicológica a sus hijos o a las madres de estos.
De las seis autoridades virtuales, dos no detallaron al JNE las penas que les impusieron y solo informaron que el Poder Judicial declaró fundadas las demandas por violencia.
Se trata del virtual alcalde del distrito de Ticapampa, del partido Acción Popular, y del virtual regidor del distrito de Pariacoto, de la organización política Socios por Ancash.
Tras realizar una búsqueda de los expedientes que consignaron, verificamos que el primero, Eric Trejo Maguiña, fue condenado por maltrato psicológico y prohibido de acercarse a la mamá de sus hijos, luego de que la insultara y le quitara su celular en un lugar público. Los ataques iniciaron porque Trejo se negaba a pagar las cuotas del préstamo que su expareja sacó con su nombre para él.
En tanto, el segundo candidato, Wilson Abendaño Horna, fue declarado responsable de maltrato físico hacia su exconviviente, luego de que el Poder Judicial comprobó que la golpeó y abandonó en el suelo, por lo que debió pagar una reparación económica.
Otros candidatos indicaron en sus hojas de vida que cumplieron sentencias por violencia familiar como prisión suspendida, prisión efectiva, pago de multas, firma de asistencias y prestación de servicios a la comunidad.
En Junín el panorama también es preocupante, pues eligieron a cinco autoridades con hasta 3 sentencias por violencia familiar.
En la provincia de Huancayo la organización política que más votos obtuvo fue el Movimiento Regional Sierra y Selva Contigo Junín, que postuló como regidor provincial al candidato Ronald Huayas Ruiz.
Él declaró ante el JNE que en cuatro oportunidades dictaron medidas de protección para que no se acerque a las víctimas que lo denunciaron por violencia familiar. Solo en dos demandas se archivaron estas medidas. En un caso, llegó a un acuerdo de conciliación con la madre de sus hijos.
Según los resultados preliminares de las Elecciones Regionales y Municipales 2022, otro candidato que se convertiría en alcalde provincial con la misma organización política es Hermenegildo Navarro Castro, quien informó que también dictaron medidas de protección en su contra.
En Lima, los ciudadanos también escogieron a cinco candidatos con sentencias por violencia familiar. Cuatro ocuparían el cargo de regidores distritales con las organizaciones políticas Alianza para el Progreso, Movimiento Regional Unidad Cívica Lima, Somos Perú y Podemos Perú. Uno ocuparía el cargo de alcalde distrital de Laraos.
Ellos fueron sancionados con pena de cárcel y orden para asistir a terapia psicológica.
Sentenciados pueden ser alcaldes
En el Perú, no existe ningún impedimento para que los candidatos con sentencias por violencia familiar ocupen los cargos de alcaldes y regidores distritales y provinciales, luego de ser oficializados por el JNE.
Para revertir esta realidad, el Poder Ejecutivo presentó el pasado 10 de noviembre de 2021 el proyecto de ley de reforma constitucional que promueve la idoneidad de las y los candidatos a cargos públicos representativos y del ejercicio de la función pública.
El objetivo es prohibir la postulación a altos cargos públicos a las personas acusadas de cometer o ser cómplices de los delitos de lesiones graves por violencia contra mujeres o integrantes del grupo familiar, delitos contra la dignidad humana, feminicidio, homicidio calificado, entre otros.
Pero, a casi un año de que fue recibido por el Parlamento, la iniciativa aún no se debate en la Comisión de Constitución.
El 9 de marzo de 2022, el grupo parlamentario Juntos por el Perú presentó otro proyecto de ley que también busca restringir el acceso a cargos públicos a personas investigadas o sentenciadas por violencia contra la mujer o integrantes del grupo familiar.
Esta iniciativa tampoco ha sido agendada para su debate en la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso.
A la fecha, solo está prohibido que postulen a cargos de elección popular los ciudadanos con sentencias por narcotráfico, violación sexual, terrorismo y corrupción.
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