El congresista Edwin Martínez señaló que el grupo de los llamados “Los Niños”, por sus presuntos vínculos con el gobierno de Pedro Castillo, han deteriorado la imagen institucional de su partido Acción Popular porque estar investigados por la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de tráfico de influencias.
Como se recuerda, este grupo sería conformado por Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Flores, Darwin Espinoza, Ilich López y Elvis Vergara.
“Quiero seguir confiando en mis correligionarios y por eso aplaudo la denuncia que ha hecho la fiscal de la Nación para que se investigue de una vez y se aclare cuál es el panorama. Hay dos alternativas si son inocentes van a limpiar su imagen, porque la denuncia tendría que archivarse y si son culpables van a formalizar la denuncia. Sería lamentable”, anotó.
El representante acciopopulista por Arequipa indicó que el Comité de Disciplina de su agrupación debería realizar las investigaciones correspondientes para conocer el real grado de vinculación de sus correligionarios con el Ejecutivo.
Martínez indicó que también lo han señalado como parte de ‘Los Niños’ y que, por ese motivo, pedirá licencia al partido para “no manchar la imagen de Fernando Belaúnde Terry”.
“A mi se me vincula a ese grupo. Yo voy a dar un paso al costado (…) Voy a pedir licencia al partido, para no dañar la imagen del partido y me voy a allanar a la investigación, voy a colaborar con la fiscal de la Nación y esclarecer”, agregó.
Días decisivos
Ayer, la Comisión Permanente del Congreso le otorgó un plazo de 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que emita un informe final sobre la denuncia presentada contra Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Flores, Darwin Espinoza, Ilich López y Elvis Vergara.
Con 29 votos a favor y ninguno en contra, el grupo de trabajo parlamentario acogió lo planteado por la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País), quien alega que sus colegas del partido de la lampa cometieron la presunta infracción de los artículos 38 y 39 de la Constitución y por la supuesta comisión de los delitos de colusión simple y agravada, cohecho pasivo impropio, organización criminal y tráfico de influencias agravado.
Como se recuerda, el Ministerio Público investiga a los parlamentarios de la lampa por el presunto delito de organización criminal. Las autoridades han dispuesto que el proceso sea por 36 meses. Según la tesis fiscal, los congresistas Vergara, López, Flores, Espinoza, Doroteo y Mori habrían obtenido beneficios ilícitos, como el direccionamiento de licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la colocación de funcionarios en puestos claves en la cartera.
Entre las obras supuestamente direccionadas se menciona la lista de siete licitaciones de Provías Nacional que Karelim López reveló como parte de su colaboración eficaz con la fiscalía. Los proyectos se dieron en los primeros meses de la gestión de Castillo y los ganadores de los contratos fueron consorcios formados por empresas peruanas y chinas por un monto de S/891′855.814.
“Además de intervenir en las citadas contrataciones, habrían respaldado la gestión del presidente Castillo y de Silva en el MTC mediante sus votos en el Congreso, ya sea en contra de la moción de vacancia presidencial o contra la censura/interpelación de ministros”, señala el documento fiscal. A cambio de este apoyo, “solicitaban direccionar algunas contrataciones públicas y contratar al personal de confianza que ellos proponían en distintos ministerios, entregando para ello los currículos correspondientes”.
Los seis parlamentarios de Acción Popular serían mandos medios dentro de la presunta organización criminal, “constituyendo el denominado ‘brazo congresal’, que además estaría conformado por otros congresistas en proceso de identificación, todos los cuales con su rol garantizaban la permanencia de la aludida organización en el Poder Ejecutivo”.
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