El presidente Pedro Castillo volvió a atacar a la prensa este martes durante un pronunciamiento dirigido a los licenciados y miembros de las Fuerzas Armadas en Palacio de Gobierno. Sus declaraciones llegaron tras pedir a los camarógrafos que enfoquen a los presentes.
“Volteen sus cámaras, enfóquenlos a ellos. A ver si los enfocan... ya ven, esa es la prensa que tenemos. Está sesgada, está coludida para mentir con un grupo de poder que no luchó por los verdaderos intereses del país”, expresó el mandatario, denunciado constitucionalmente por liderar una presunta organización criminal.
Según Castillo, hay una intención de “forzar la independencia de poderes” y “a trabajadores de Palacio para que digan que están amenazados” por él. También dijo que parlamentarios limeños asisten a provincias a realizar “marchitas para quebrar la institucionalidad”.
“Hay una intención macabra de quebrar la institucionalidad, no les importa qué hacen con tu madre, con tus hijos, con tus hermanos, pero nos mantendremos firmes hasta 2026″, señaló.
En la víspera, el Congreso solicitó al Tribunal Constitucional (TC) que interprete la carta magna del país, tras la denuncia que presentó la semana pasada la fiscal general, Patricia Benavides.
El pedido es parte de la ampliación de una demanda que se presentó en un proceso de competencias iniciado por el Congreso contra el Poder Judicial durante el proceso de elección del defensor del Pueblo, que aún no concluye, según declaró el presidente del Legislativo, José Williams.
“Lo que nosotros buscamos es que otros poderes del Estado no puedan tener injerencia sobre lo que es competencia exclusiva del Congreso”, sostuvo Williams.
Agregó que el pedido que ha planteado la defensa de Castillo para que se anule la denuncia presentada por la fiscal general “es un asunto que tiene que atender la Fiscalía y son sus competencias”.
La denuncia
Benavides envió una denuncia constitucional al Congreso contra Castillo como presunto autor de los delitos de organización criminal agravada por su condición de líder, tráfico de influencias agravado y cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión (fraude).
El Ejecutivo y la defensa de Castillo sostienen que el artículo 117 de la Constitución establece que el presidente solo puede ser acusado durante el ejercicio de sus funciones por cuatro casos concretos, entre los que figuran traición a la patria o impedir las elecciones, pero no por delitos de corrupción o comunes.
En ese sentido, el Congreso señaló al TC que “dada la controversia surgida y su innegable trascendencia constitucional y pública para la consolidación del Estado de Derecho” solicita la “delimitación interpretativa y conceptual” del artículo 117.
La petición también solicita que se declare nula una acción de amparo que Castillo presentó contra el Parlamento y que se impida que las autoridades del Ejecutivo interpongan procesos constitucionales para “restringir, delimitar, alterar, detener o afectar la competencia del Congreso para ejercer sus atribuciones constitucionales de fiscalización e investigación”.
La defensa de Castillo presentó el lunes ante la Corte Suprema un recurso para anular la denuncia constitucional que presentó la Fiscalía de la Nación en su contra por una presunta “afectación a la garantía y derecho de la tutela jurisdiccional efectiva”.
Para el abogado del presidente, la denuncia presentada por la Fiscalía ante el Congreso es “una violación flagrante a la Constitución” y consideró que, si esta sigue adelante, mostraría que en el país “nadie puede dormir tranquilo”.
“Si esta violación flagrante a la Constitución se da a trámite y no es declarada improcedente, entonces en el Perú nadie puede dormir tranquilo”, sentenció Benji Espinoza, ya que, según él, la denuncia invoca a un tratado internacional y no a la carta magna del país.
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