Benji Espinoza, abogado del presidente de la República, presentó esta tarde una tutela de derechos a favor del mandatario Pedro Castillo luego de la denuncia constitucional de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. El documento fue entregado ante la Corte Suprema alrededor de las 3 de la tarde.
De acuerdo con el documento, Espinoza indica que su solicitud de tutela de derechos se debe por la “afectación a la garantía”. Asimismo, afirma que es una “investigación constitucional” por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión en agravio al Estado.
En este sentido, la defensa legal del jefe de Estado busca anular la denuncia constitucional presentada hace días ante el Congreso de la República. El documento fue remitido a Juan Carlos Checkley Soria, juez Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República.
Declaraciones de Benji Espinoza
Alrededor de las 3 de la tarde, Espinoza indicó que esta tutela de derecho busca anular la denuncia constitucional, para que se deje sin efecto el artículo 117 de la Constitución Política. Para el letrado el presidente no puede ser acusado por los delitos que no indican en el artículo.
“Esta denuncia formulada por el Ministerio Público en realidad respeta o no la tutela judicial efectiva. Cuando un juez decide algo, se ejecuta. El juez no decide para que su decisión sea burlada, desconocida o ignorada. Como se ha hecho en este caso, por lo cual estamos pidiendo al juez que haga un control de la decisión que él ya dio a la tutela del caso Tarata para que fulmine esta denuncia constitucional y la deje sin efecto”, indicó a los medios de comunicación.
Desde otro punto, mencionó cuáles son los panoramas que presentaría para defender al mandatario y dejar sin efecto la denuncia. El primer escenario será la tutela de derecho, la cual fue presentada el día de hoy. Asimismo, un segundo escenario será una demanda constitucional de amparo “que puede llegar hasta el propio Tribunal Constitucional”. En tanto, el tercero sería la jurisdicción supranacional. La última busca “activar una medida cautelar ante la Comisión Interamericana y la Corte Internacional de los Derechos Humanos”.
Espinoza manifiesta que el informe del Ministerio Público presentado ante el Congreso está argumentado con los mismos casos que ellos investigan. “Esta denuncia constitucional está vinculada a lo que la Fiscalía venía investigando y fue materia de tutela ante el juez de investigación; es decir, está vinculado con lo mismo”, declaró.
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