La repartija de cargos públicos que se dio en el Gobierno de Pedro Castillo es considerada por el Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder, liderada por la fiscal superior Marita Barreto, como una piedra angular dentro de la compleja investigación a la presunta organización criminal que se habría enquistado en el Estado y protegido con favores a cambio de impunidad.
Así, un rol clave es el que tuvieron los integrantes del llamado “asesores en las sombras” del jefe de Estado que está compuesto por Abel Cabrera, Auner Vásquez, Beder Camacho, Biberto Castillo, Bruno Pacheco, Eder Viton, Alejandro Sánchez, prófugo y dueño de la casa de Sarratea; Fermín Silva, dueño de la clínica La Luz.
Además, Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores del exministro Geiner Alvarado; y los sobrinos del presidente, Fray Vásquez y Gianmarco Castillo.
Se sabe que este grupo habría tenido la tarea de captar a congresistas de la República para ofrecerle cuotas dentro del Ejecutivo por respaldo en el Parlamento frente a una denuncia promovida por la oposición. Un claro ejemplo son el bloque de “Los Niños” de Acción Popular, pero también apuntaron a otras bancadas.
El ‘Niño’ de Podemos
En la página 75 del informe elaborado por la Fiscalía se indica el colaborador eficaz, con código CE-04-2022-EFICCOP, reveló que Luis Picón, representante de la bancada de Podemos Perú, coordinó con Biberto Castillo para que se designe a Luis Hernán De la Cruz Godoy como vicepresidente del Consejo Nacional del Instituto Nacional Penitenciario, lo cual se concretó el 10 de mayo bajo la resolución suprema N° 096-2022.
En retribución, este parlamentario votó en contra de la segunda moción de vacancia contra el presidente Castillo el 28 de marzo pasado.
Picón llegó al Congreso de la mano de Alianza para el Progreso (APP) de César Acuña por la región Huánuco. Ciertamente, tiene un historial nada destacable ya que fue condenado a prisión suspendida en el 2017 por incumplimiento de deberes funcionales. Actualmente, afronta una investigación por corrupción y lavado de activos provenientes del narcotráfico, de acuerdo a un informe de Ojo Público.
Asimismo, el reportaje informó que Picón omitió una serie de acciones y propiedades en su hoja de vida. También se indicó que se le acusó de usar al Club Social Deportivo León de Huánuco cuando fue presidente para fines políticos. Por ello, también recibió una condena de 11 meses de prisión suspendida y al pago de una reparación civil de 2.000 soles por omisión de actos funcionales en agravio del Gobierno Regional de Huánuco por no haber transferido el cargo.
Picón cuenta con 12 carpetas de investigación por el presunto delito de colusión y negociación incompatible.
Cuando formaba parte de APP, Picón era uno de los pocos que respaldaba al Gobierno en diferentes votaciones. Por ello, en la interna de su bancada, se gestó un malestar hacia él que tuvo su punto culminante cuando no se alineó a la posición de censurar al exministro de Salud, Hernán Condori, en abril pasado por ser objeto de diversos cuestionamientos.
Por la actitud de Picón, el Comité Ejecutivo Nacional de APP decidió expulsarlo de sus filas. “Luego de la evaluación realizada por el Comité Político Nacional de nuestro partido, respecto del desempeño del congresista Luis Picón Quevedo, hemos acordado por unanimidad: separar al congresista [...] como integrante de la bancada de Alianza Para el Progreso”, señala la misiva firmada por Luis Valdez, secretario general de la agrupación.
Desde su salida de APP, Picón estuvo en tratativas para adherirse a Podemos, pero hasta ahora se ha quedado como no agrupado y sigue con su respaldo al Ejecutivo.
La mano de Zea
Sin embargo, no fue el único. En la página 83, la Fiscalía detalla que el congresista Óscar Zea (Podemos) también tuvo coordinaciones con “los asesores en las sombras” del presidente Castillo. Según el colaborador eficaz, con código CE-04-2022-EFICCOP, todo ocurrió la primera semana de marzo de este año cuando Beder Camacho, ex subsecretario general de Palacio de Gobierno, se reunió con él frente al Real Plaza del Centro Cívico en Lima.
En esa oportunidad, Zea recibió un curriculum de Camacho, quien le precisó que era para el cargo de jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). El documento contenía los datos de Alfonso Pablo Huertas Fernández, quien había sido recomendado por Bruno Pacheco como una condición al jefe de Estado para que no lo delate sobre los presuntos actos criminales que sabía del gobierno.
El congresista Zea, que era ministro de Desarrollo Agrario y Riego, accedió a la petición y nombró a Huertas como jefe de la Autoridad Nacional del Agua el 12 de marzo de este año. Luego de ello, Huertas se encargó de nombrar a otros recomendados de Pacheco dentro de su institución como Roberto Puyo Valladares, en la gerencia general; y Yuli Godoy, como su asesora.
Zea se mantuvo en el Gobierno hasta el 22 de mayo cuando fue reemplazado por el breve Javier Arce. Una suerte distinta para Huertas que se quedó hasta el 6 de septiembre en el ANA cuando Andrés Alencastre, entonces ministro de Desarrollo Agrario y Riego, dispuso su relevo por Hugo Jara.
Actualmente, Zea está en la bancada de Podemos. Llegó al Parlamento con Perú Libre, al que renunció en junio pasado. Se creía que iba unirse al Bloque Magisterial, pero recaló en la agrupación de José Luna Gálvez.
Infobae buscó los descargos de los parlamentarios Picón y Zea, pero al cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta.
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