El empresario Zamir Villaverde, investigado por integrar una presunta red criminal en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), retiró un soborno de S/ 100.000 en una agencia bancaria de San Borja para luego entregárselos al extitular de esa cartera Juan Silva, según un documento publicado por Panorama este sábado.
Hace unos meses, el Ministerio Público reveló la transcripción de una conversación entre Villaverde y Silva, en el que se les aprecia negociando diversos proyectos que involucran al MTC.
En uno de estos entredichos se refieren al proyecto del Puente Tarata ubicado en la región San Martín y a la empresa Tapusa, parte del Consorcio Puente Tarata III, que ganó la licitación de dicha obra adjudicada por Provías Descentralizado el 19 de octubre de 2021.
“Los amigos de Tapusa me han mandado un presente para usted… [sonido de maleta] Cien grandes para usted. Este es un pequeño, aún no cobran nada. Pero es un presente de una buena señal. No es la primera que me han mandado para Tarata para que sepas. Me lo han mandado con todo y maleta. Esta es la primera gestión que hemos logrado”, detalla un informe de la Fiscalía.
Estos “cien grandes” de los que habla Villaverde, según el programa periodístico, son S/ 100.000 que llegaron a manos del exministro Silva el 4 de noviembre de 2021, días después de que las empresas Tapusa, H. B. Estructuras Metálicas y Termirex (Consorcio Puente Tarata III) lograran la buena pro del Puente Tarata en la selva.
Negación
Silva ha negado que conozca a Villaverde en persona y aseguró que el empresario nunca ha acudido a su despacho ni a su departamento. Sin embargo, la Fiscalía maneja la hipótesis de que Silva, desde su designación como ministro, habría coordinado con el empresario para favorecer a empresas con licitaciones en su sector.
La presunta organización criminal que habrían integrado Silva y Villaverde también la conformarían Bruno Pacheco, ex secretario general del despacho presidencial; los sobrinos del presidente Pedro Castillo, Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, y el propio jefe del Estado.
Silva utilizaba su cargo para intervenir de manera ilegal en la designación de funcionarios en puestos claves del MTC con el objetivo de viabilizar las licitaciones de empresas que lo habrían sobornado, de acuerdo con la tesis fiscal. E
El caso también involucra a seis congresistas de Acción Popular, identificados como ‘Los Niños’, parte de la organización criminal que, según el Ministerio Público, encabezaría el presidente Pedro Castillo.
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