La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional del Poder Judicial revisará este martes los recursos presentados por los abogados de Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Sarratea, y de los miembros del llamado “gabinete en las sombras” (Abel Cabrera Fernández, Auner Vásquez Cabrera, Biberto Castillo León, Eder Viton Burga y Salatiel Marrufo) para revocar la detención preliminar por 10 días que fue dictada la semana que pasó.
La audiencia será a las 10 de la mañana. Los detenidos participarán de manera virtual desde la sede policial de la DIVIAC, en el Cercado de Lima. Ellos tomarán la palabra, en algún momento, para pronunciarse contra la resolución del juez Víctor Zúñiga Urday, quien acogió la solicitud del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder para llevar a cabo el operativo ‘Valkiria II’, que también conllevó al allanamiento de las oficinas y viviendas de los seis congresistas conocidos como ‘Los niños’.
Los abogados de Marrufo, Sánchez, Viton, Cabrera y Vásquez argumentan en sus apelaciones que la decisión el magistrado Zúñiga Urday adolece de “motivación aparente”, por lo que exigen la revocatoria de la medida preliminar.
Roles
Según la tesis fiscal, Sánchez Sánchez, Cabrera Fernández y Medina Guerrero tenían el rol de financistas y coordinadores de la organización. Marrufo y Vásquez eran los coordinadores. Mientras que Castillo León cumplía el rol de operador.
Hasta el momento, la Policía Nacional ha detenido a Cabrera, Vásquez, Castillo, Viton y Marrufo. Sin embargo, se desconoce el paradero del dueño de la casa de Sarratea desde hace más de 15 días.
La red criminal consistió en que tuvieron la captación de dinero desconocido para financiar la campaña del entonces candidato Pedro Castillo y así obtener ganancias ilícitas “una vez se obtenga el poder político”. Luego, Castillo en Palacio de Gobierno, fue el copamiento de instituciones públicas para generar activos ilegales.
De acuerdo a la fiscalía, destacan los actos colusorios en las contrataciones públicas donde jugó un papel importante el entonces ministro de Vivienda Geiner Alvarado y la emisión del decreto de urgencia 102-2021. Finalmente, está la captación de congresistas por intermedio de acuerdos ilícitos como la entrega de direcciones y ministerios a cambio de votos favorables en el Congreso.
En el quinto nivel, estaba establecer las redes de protección y encubrimiento.
Sarratea y el Gabinete en las Sombras
Como se recuerda, el programa dominical Cuarto Poder reveló que la casa de Sarratea servía como una especie de despacho presidencial clandestino de Pedro Castillo para reunirse con ministros, familiares, amigos y empresarios. Con estos últimos, se habrían acordado direccionar una serie de licitaciones para los financistas del presidente para ganar obras en los ministerios de Transportes y Vivienda.
Una prueba es que, el pasado 1 de septiembre, el diario La República reveló que Daniel Obregón Flores, propietario del Grupo Constructor Parasol, logró adjudicarse la licitación de una obra pública valorizada en 19,5 millones de soles. Se trataba de la construcción de un camino comunal en el distrito cajamarquino de Anguía. Quien fue testigo de este acto resultó ser el empresario Hugo Espino.
La reunión que Espino menciona habría ocurrido días antes de que Castillo asuma el poder. Luego, la ruta consistió en que el 27 de julio ya había expediente técnico para el proyecto en Anguía. Después, el 12 de septiembre, el presidente comprometió al entonces ministro de Transportes, Juan Silva, a transferir los fondos para la obra que promovía el hoy encarcelado alcalde José Nenil Medina.
Por su parte, el 10 de marzo pasado se informó que la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada había abierto una investigación preliminar por 60 días en contra de los asesores del Presidente y trabajadores de Palacio de Gobierno. A estos se los denominó como el Gabinete en la sombra.
Según el documento fiscal, Biberto Castillo Leon, Beder Camacho Gadea y Jaime Idrogo Mejía son los funcionarios investigados por el presunto delito de organización criminal en el interior de Palacio de Gobierno. También se está investigando a los funcionarios Wilson Petrel Mostacero, Rodolfo Ramírez Apolinario, Franco Pomalaya Neyra, José Luis Cristóbal Quispe y Sandra Paico Carrasco.
Esta pesquisa tiene inicio por las pasadas declaraciones de la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, quien pidió al mandatario que reconsidere su entorno cercano y que un grupo de asesores serían los responsables de que haya cometido “errores” en sus primeros seis meses como Presidente.
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