Perú en una crisis sin fin: Corrupción, denuncias, un presidente acusado de siete delitos y una oposición que busca quedarse en el poder

El Perú vivió esta semana un nuevo capítulo de la interminable crisis política que padece desde hace seis años. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada en el marco de los casos Puente Tarata y Petroperú.

Según la tesis fiscal, Castillo Terrones confabuló junto con sus sobrinos Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, y el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, para beneficiar a Zamir Villaverde y Hugo Meneses Cornejo con una obra de pública por el valor de 232.5 millones de soles. Esta millonaria obra sería la del proyecto Puente Tarata III.

“Silva Villegas habría establecido que en el caso concreto de Puente Tarata III, los porcentajes con los que se beneficiarían los integrantes de la organización serían 100 mil para Villaverde García, 100 mil soles para Fray Vásquez Castillo y el resto se dividiría en partes iguales entre el presidente Pedro Castillo y él (Silva Villegas). En cumplimiento de este pacto ilícito, Villaverde García le habría entregado a Silva Villegas la suma de 100 mil soles como adelanto de buena fe del negocio ilícito”, sostiene la resolución de Patricia Benavides.

En tanto, respecto a Petroperú, el presidente Castillo recibió la recomendación de su amigo Fermín Silva Cayatopa para colocar a Hugo Chávez al frente de la petrolera estatal con el fin de que pueda decidir sobre las contrataciones millonarias.Cuando Chávez fue nombrado gerente general, Silva le otorgó S/ 30 mil soles al jefe de Estado como compensación por hacerle caso.

Chávez inició su primera operación para beneficiar al empresario Samir Abudayeh, cuya compañía es Heaven Petroleum Operators (HPO). El jugoso monto de US$ 47 millones por 280 mil barriles de biodiesel B100 que HPO proveería a Petroperú, hizo que el gerente de la petrolera nacional y el empresario se reúnan previo contrato en el Palacio de Gobierno.

Debido a la denuncia constitucional de la fiscal Benavides, la respuesta del entorno del presidente Castillo fue inmediata. Raúl Noblecilla y Ronald Atencio, abogados cercanos al congresista Guillermo Bermejo, presentaron una denuncia contra la titular del Ministerio Público por haber cometido los presuntos delitos de organización criminal, encubrimiento personal, y obstrucción a la justicia. Por ello, ambos letrados solicitaron abrir una investigación preliminar.

Los juristas argumentan que la fiscal de la Nación estaría “debilitando la acción del Ministerio Público” al cambiar a Bersabeth Revilla, encargada de investigar a la jueza superior Enma Benavides, hermana de la titular de la Fiscalía, por los presuntos delitos de cohecho pasivo específico y asociación ilícita para delinquir.

Pero eso no es todo, en la demanda también se señala que Benavides sería integrante de una presunta organización criminal junto con su hermana, además de los jueces Lorenzo Ilave García y María Apaza Panuera. Del mismo modo los abogados aseguran que la fiscal de la Nación utilizaría su alto cargo “para interferir en las investigaciones”.

Adicionalmente, Noblecilla y Atencio volvieron a denunciar a Benavides por el delito de haber cometido el presunto delito de prevaricato. “Interponer denuncia penal contra Liz Patricia Benavides Vargas, fiscal de la Nación, por la comisión del delito de prevaricato ilícito penal, previsto en el artículo 418º del código penal y sancionado con una pena máxima de 5 años”, señala el documento.

En esa línea, Atencio, uno de los denunciantes, argumentó en una entrevista con TVPerú que la fiscal Benavides ha incurrido en este delito por haber presentado una acusación contra Castillo Terrones que no contiene ninguno de los delitos por los que estima el artículo 117 de la Constitución Política del Perú.

Además, los abogados alineados al Gobierno presentaron una queja ante la Junta Nacional de Justicia para que investigue la actuación de la titular del Ministerio Público. Sin embargo, la ofensiva contra Patricia Benavides también se trasladó al Congreso, donde Guillermo Bermejo y la ministra de Cultura, Betssy Chávez, presentaron sendas denuncias contra la fiscal de la Nación ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Lo cierto de este rosario de acusaciones debían tener una respuesta clara. Así, el Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima decidió abrir una investigación contra Raúl Noblecilla y Ronald Atencio por el presunto delito de patrocinio ilegal en agravio del Estado por cuatro meses. Además, en el Congreso de la República se ha iniciado un proceso disciplinario contra los mencionados por ejercer una labor no compatible con las funciones de asesores que tienen en el despacho del parlamentario Bermejo.

Lo cierto es que Pedro Castillo es un caso inédito en la historia republicana. Es el primer presidente de la República en el ejercicio de sus funciones que es investigado por diversos casos de corrupción.

La Fiscalía de la Nación acusa al mandatario peruano de ser cabecilla de una organización criminal, tráfico de influencias, colusión agravada, delitos contra la administración pública bajo el delito de encubrimiento personal y contra la tranquilidad pública por los casos del Puente Tarata III, ascensos en las Fuerzas Armadas, la fuga de funcionarios cercanos a su gobierno, la injerencia en la compra de Biodiésel a Heaven Petroleum Operators por parte de Petroperú y obras adjudicadas, al parecer de manera ilícita, en las provincias de Chota-Cajamarca y Cajatambo-Lima.

La última investigación por el “Gabinete de las sombras”. En paralelo a ello también afronta una indagación por el presunto plagio de su tesis de maestría junto a su esposa Lilia Paredes en la Universidad César Vallejo.

De esta manera, Castillo se suma a la lista de expresidentes de la República que han sido condenados o son procesados como lo son Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra.

Frente a este panorama, la pelota está en la cancha del Congreso de la República. La denuncia constitucional contra Castillo será calificada en diez días por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Sobre el tema, ha surgido un gran debate entre los constitucionalistas si procede o no admitirla porque no contempla ninguna causal del artículo 117 por la cual se puede acusar a un presidente de la República en el ejercicio de sus funciones.

También se pone como una escenario derogar este dispositivo legal.

Por lo pronto, en los Pasos Perdidos hay dos salidas que se evalúan: recurrir al artículo 114 de la Constitución que permitiría suspender a Castillo en la presidencia para que las indagaciones de la Fiscalía prosigan o apelar a una tercera moción de vacancia presidencial que es preparada por el congresista Edward Málaga.

Si se logra la salida de Castillo, el siguiente paso sería ir por la inhabilitación de la vicepresidenta Dina Boluarte por una aparente infracción a la Constitución. Luego de ello, en el Congreso no tienen interés de adelantar las elecciones generales, tal como lo promueven las parlamentarias Digna Calle y Susel Paredes, sino aspiran a quedarse.

Sin embargo, las últimas encuestas le otorgan un 6% de aprobación al Parlamento que, dicho sea de paso, es considerado por el 40% de peruanos como el poder más corrupto, según un análisis realizado por IPSOS Perú y Proética.

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