La segunda semana de octubre, el panorama político ha vuelto a saltar a la vista por los acontecimientos que se han presentado, pero esta vez tuvo de protagonistas a dos máximos representantes: el presidente de la República, Pedro Castillo y la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Entre allanamientos, denuncias y enfrentamientos han sido los principales titulares que abarcaron en los medios de comunicación locales y extranjeros.
Sin embargo, una denuncia constitucional contra el mandatario fue otra motivación para ver a dos poderes del Estado enfrentados. La titular del Ministerio Público dejó en manos del Congreso de la República los delitos que habría cometido el jefe de Estado, con la finalidad que el Legislativo se encargue de la acusación.
Castillo no es la primera autoridad denunciada, debido a que existen antecedentes de una denuncia constitucional contra otro jefe de Estado en funciones. Hace 90 años, el vicepresidente de la Cámara de Diputados fue el encargado de presentar de manera constitucional en contra del mandatario.
Primer presidente denunciado
Esto se marca durante el primer militarismo —como lo denominó Jorge Alfredo Basadre Grohmann— que empieza desde 1827 hasta 1844. Los que gobernarían este periodo serían los caudillos militares, quienes sentían que debían liderar por haber luchado por su emancipación. En este sentido, empieza el gobierno de José de la Mar, quien se convierte en el primer presidente constitucional de la República elegido por el Congreso, pero no logró terminar su mandato. Esto luego de que Agustín Gamarra diera un golpe de Estado contra La Mar— convirtiéndose en el primer golpe en el Perú republicano—.
Agustín Gamarra Messía asume el máximo cargo de la Nación el 19 de diciembre de 1829. Un gobierno conservador y autoritario, también denominado “Ejecutivo fuerte”, que fue apoyado por los latifundistas y la iglesia católica. Reprimió 14 rebeliones en su contra. En sus ausencias, el cargo era asumido por Antonio Gutiérrez de la Fuente, quien también tenía el carácter autoritario.
Es así como, el Mariscal Gamarra se convierte en el primer presidente de la República denunciado constitucionalmente.
En 1832, el parlamentario tacneño Francisco de Paula Gonzales Vigil presentó una acusación constitucional contra Gamarra, quien manifestó en ese momento que no respetó la Constitución. A pesar de que al congresista le pidieron retractarse, él no lo hizo. Por ello, una de las recordadas frases que mencionó al culminar su argumentación fue: “yo debo acusar, yo acuso”.
Francisco de Paula Gonzales Vigil fue el único legislador en mostrar a la opinión pública su postura, otros de sus colegas nunca se atrevían a decirlo. De acuerdo con las declaraciones del excongresista de la República, Víctor Andrés García Belaunde, esta denuncia no prosperó. “Le afectó duramente al Mariscal Gamarra e inclusive le afectó a la salud y lo desprestigió tremendamente”, sostuvo a Canal N.
A pesar de ello, Gamarra se convierte en el primer presidente en culminar su gobierno en 1833, como también el que llegó al sillón presidencial en dos oportunidades. Cabe precisar que, antes el tiempo de gestión era de cuatro años.
Segundo presidente denunciado
Pedro Castillo se ha convertido en el segundo presidente peruano en ser denunciado de manera constitucional ante el Congreso. Los delitos en su contra son por presunta organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión.
Esta denuncia también alcanza a Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones; y a Geiner Alvarado, exministro de Vivienda. Según la Fiscalía, el jefe de Estado lideraría una organización criminal que se encuentra operando en Palacio de Gobierno, la cual se encargaría de direccionar obras públicas en las diferentes carteras a favor del mandatario.
En este panorama, conversamos con el abogado José Naupari, especialista en temas constitucionales. El experto menciona que de acuerdo con el artículo 117° de la Constitución Política del Perú. no sería posible una acusación de parte del Congreso de la República.
“No necesita un delito para hacer juicio político, pero si estás imputado delitos no puedes ir más allá de los cuatros (delitos que figuran en el artículo 117°). Mi lectura del caso es que sí se puede presentar, tramitar y aprobar un informe final en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Sin embargo, la Comisión Permanente no podría aprobar este informe final con miras al Pleno, porque ahí si tienes el límite del 117° que dice que está prohibido de acusar. Existe una diferencia entre denunciar y acusar”, explicó.
Asimismo, sostuvo que es una denuncia que tiene un proceso amplio, dado que debe ser analizada y luego entrar en votación. Además, se debe desarrollar un informe final y aprobado para que ingrese al Pleno del Congreso. Por lo tanto, aproximadamente, se culminaría con este proceso entre dos a tres meses.
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