Tribunal de Honor advierte que virtuales alcaldes con prisión preventiva no podrán recibir credencial

El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral expresó su profunda preocupación por las conductas de ciertos candidatos y candidatas, así como de las organizaciones políticas realizadas durante la primera etapa de las elecciones regionales y municipales desarrolladas en todo el Perú el pasado domingo 2 de octubre.

A través de un pronunciamiento publicado en sus redes sociales, también hace una exhortación a aquellos postulantes que participarán en la segunda vuelta electoral.

“El Tribunal de Honor muestra profunda preocupación por las conductas de ciertos candidatos, y organizaciones políticas realizadas durante la primera etapa del proceso electoral en estas elecciones regionales y municipales”, señalan.

En ese sentido, hicieron un llamado de atención a los candidatos que incumplieron con declarar “información relevante” en sus hojas de vida, siendo ello contrario al principio de transparencia en el proceso electoral, tal y como enuncia el numeral 7 del Pacto Ético Electoral.

“Resulta lamentable que información altamente relevante a considerar por la ciudadanía para la emisión de un voto responsable haya sido obviada”, precisan.

Asimismo, por medios de redes sociales, diversos candidatos denunciaron publicidad engañosa y acoso de índole homofóbico, principalmente en los distritos de Barranco y Surco, siendo estas prácticas “abiertamente contrarias al principio de respeto recíproco, tolerancia y no discriminación”.

“Desde el Tribunal de Honor rechazamos de manera tajante estas acciones, que no solo refiere a una competencia desleal en la contienda electoral, sino que degrada y discrimina por motivos de orientación sexual”, agregan.

Además, advierten que diversas organizaciones políticas incluyeron candidatos que se ven imposibilitados de asumir el cargo debido a sus situaciones legales, “como llevar procesos en trámite que los mantienen en prisión preventiva”, siendo que esta situación legal impide la entrega de credenciales.

“Esta situación resulta plenamente contraria a lo expresado en el numeral 5 del Pacto Ético Electoral, en la medida que los candidatos deben velar por una agenda pública de prevención, integridad pública y lucha contra la corrupción”, refieren.

De otro lado, precisan que, según la Defensoría del Pueblo, en diversas regiones aún se mantiene propaganda electoral, produciendo contaminación visual en cada una de estas ciudades.

“En esa línea, nos unimos a esta solicitud de la Defensoría, exigiendo a los candidatos a cumplir con las normas electorales referidas al retiro de propaganda electoral dentro de los 60 días posteriores a la conclusión de los comicios para consolidar una campaña de ‘ciudad limpia’, tal y como lo establece el numeral 22 del Pacto Ético Electoral”, dicen.

De igual modo, hizo una exhortación los candidatos de los partidos y movimientos políticos aún en contienda, a cumplir con las obligaciones suscritas en el Pacto Ético Electoral “que se han visto reiteradamente incumplidas durante la primera vuelta”.

Por ello, instó a mantener un debate alturado que respete la diversidad de opinión y de ideas, así como el respeto a diferentes grupos de nuestra sociedad: mujeres, jóvenes, miembros de comunidades indígenas, nativas, campesinas y pueblos originarios, pueblo afroperuano, personas en situación de discapacidad, adultos mayores, personas LGTBIQ+, entre otros.

También, abstenerse de cualquier discurso misógino, racista, homofóbico, xenófobo o que irradie cualquier tipo de discriminación y que constituyen expresiones de odio, así como toda práctica difamatoria, que denigre o violente y que atente contra la dignidad de las personas.

Igualmente, realizar un uso adecuado y ético de las redes sociales, rechazando cualquier tipo de propagandas o noticias falsas que afecten y dañen el libre ejercicio ciudadano en el proceso de la segunda vuelta electoral, sin utilizar medios engañosos o fraudulentos para recolectar y realizar mal uso de datos personales de las y los electores con fines políticos u otros.

Y, finalmente, acatar los resultados emanados del conteo de actas, sin emplear o incitar a la violencia de ningún tipo en contra de las instituciones electorales, sus trabajadores y trabajadoras y el material electoral.

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