El excanciller Óscar Maúrtua envió una carta al medio español, El País. En dicho documento, el exministro defiende al presidente Pedro Castillo de la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación ante el Congreso, el pasado martes 11 de octubre.
“La Fiscalía de la Nación ha recurrido a una interpretación sumamente heterodoxada y controversial de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para sustentar su acusación”, dijo el embajador del Perú en España.
En la misiva, el diplomático describe como una “aplicación forzada, sumamente debatible y sin precedentes” la denuncia constitucional impuesta contra el jefe de Estado. “Antes que un mecanismo para luchar adecuadamente contra la corrupción, es más bien un instrumento que debilita la democracia y la institucionalidad del Perú”, afirmó.
Asimismo, Maúrtua señaló que, si bien existe una situación de crispación política en el Perú que se remonta al 2016, “el mandatario Pedro Castillo ha manifestado en todo momento su voluntad de colaborar con las autoridades judiciales del país para esclarecer cualquier supuesto acto irregular durante su actual gestión”.
A su vez, el exministro dijo que ha invocado al diálogo y a la unión de todos los actores políticos, empresas y de la sociedad civil en general para remontar esta encrucijada nacional.
Maúrtua también señaló que el actuar de Pedro Castillo se enmarca de lo dispuesto por la Constitución Política del Perú. “No obstante, es preciso resaltar que las presuntas infracciones que han motivado la denuncia constitucional de la Fiscal de la Nación contra el presidente, no se encuentran tipificados como causales de acusación durante su mandato, según el artículo 117° de la Constitución vigente”.
Además, Maúrtua dijo que la denuncia se sustenta en la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción; sin embargo, aclaró que dicho instrumento corresponde a temas de Derechos Humanos y, por ello, tiene rango constitucional dentro del ordenamiento jurídico peruano, “el mismo no llega a abrogar lo señalado en el referido artículo 117°, acotó.
“Denuncia debe plantearse al fin de su mandato”
Para plantear una denuncia constitucional contra Pedro Castillo, Maúrtua dijo que debe esperarse hasta el fin de su mandato presidencial, que concluye en el 2026, el cual permitirá iniciar un proceso contra el gobernante quien fuera ungido por voto popular en el 2021.
“El Perú es un país comprometido con la lucha contra la corrupción, que ha suscrito documentos universales e interamericanos contra dicho flagelo, y que viene adecuando su legislación y procedimientos según estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, sus siglas en inglés) con miras a su eventual adhesión”, subrayó el embajador.
Agregó que esta denuncia constitucional sienta además un alarmante precedente para la estabilidad de los gobiernos que vengan, sean del signo política que sean. “En el Perú está vigentes el Estado de Derecho y las libertades plenas, como corresponde a un Gobierno democrático, conforme se acaba de corroborar en los comicios del 02 de octubre pasado en que se eligieron a los 25 gobernantes regionales, 196 alcaldes provinciales y 1694 alcaldes distritales del país”.
El embajador hizo estos comentarios en relación a las publicaciones realizadas en el medio digital del diario El País, bajo los títulos: “La Fiscalía de Perú denuncia al presidente Pedro Castillo y lo acusa de liderar una organización criminal” y “La denuncia contra Pedro Castillo profundiza la confrontación política y abre un capítulo inédito en Perú”.
Cabe precisar que Óscar Maúrtua fue ministro de Relaciones Exteriores durante el Gobierno de Pedro Castillo, perteneciendo al Gabinete Ministerial de (en ese entonces titular de la PCM) Guido Bellido.
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