Fiscales de Iberoamérica rechazan “hostigamiento e intimidación” contra Patricia Benavides

La Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) rechazó cualquier acto de “hostigamiento, intimidación e intromisión” contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, “en el ejercicio legítimo de sus funciones”.

Los Fiscales y Procuradores Generales, miembros de la AIAMP, a través de una declaración, reafirmaron la defensa de su autonomía e independencia, y expresaron su respaldo a la titular del Ministerio Público, luego de la denuncia constitucional que presentó en el Congreso contra el presidente de la República Pedro Castillo.

En el documento, reiteraron su preocupación por constantes actos de presión política que afectan a Ministerios Públicos, fiscalías y Procuradurías Generales, “vulnerando la autonomía e independencia de estas instituciones en el marco del trabajo de investigación y persecución penal en todas sus manifestaciones, en particular lo concerniente a la criminalidad organizada”.

En ese sentido, recuerdan lo manifestado lo manifestados por las y los Fiscales y Procuradores Generales de Iberoamérica el 11 de octubre de 2016, en la “Declaración de Lisboa”, en cuanto a que “la autonomía del Ministerio Público, frente a los poderes legislativo y ejecutivo, constituye una garantía para la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la independencia de los tribunales y la credibilidad del sistema de justicia”, subrayaron.

El pronunciamiento está firmado por los fiscales generales de Andorra, Colombia, Chile, Ecuador, Costa Rica, Guatemala y Paraguay, así como los procuradores generales de Argentina, Brasil, Panamá y Uruguay.

Cabe recordar que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo, mediante un escrito ingresado esta tarde a la mesa de partes del Congreso de la República.

El Ministerio Público informó que la denuncia constitucional es por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. También alcanza a los exministros Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado López.

“Formulo denuncia constitucional contra José Pedro Castillo Terrones en su condición de presidente de la República como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada”, consignó el documento ingresado al Parlamento.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso dio cuenta este viernes de la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación en contra del Presidente de la República.

La Denuncia Constitucional 307, formulada por la titular del Ministerio Público, también incluye a los exministros de Transportes y Comunicaciones Juan Silva; y de Vivienda, Construcción y Saneamiento Geiner Alvarado.

También se dieron cuenta de otras denuncias constitucionales como la presentada por los integrantes de la bancada de Perú Libre en contra de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por la presunta infracción constitucional a los artículos 146, 159. Además, la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad y obstrucción de la justicia previstos en los artículos 376 y 409 del Código Penal.

Asimismo, otra denuncia constitucional formulada por el legislador Guillermo Bermejo (Perú Democrático) contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por la presunta infracción constitucional a los artículos 2, 158 y 159 de la Constitución; y la probable comisión de los delitos de organización criminal, encubrimiento personal y obstrucción a la justicia.

De igual modo, la denuncia constitucional formulada por el ciudadano Víctor Arteaga contra el exministro del Interior Carlos Morán Soto, por la probable comisión de delitos de fraude procesal, falsedad ideológica y falsedad genérica.

Luego de dar cuenta de la denuncia, la titular del subgrupo de trabajo, Lady Camones, indicó que les enviará a los correos electrónicos de los integrantes las denuncias respectivas.

Finalmente, la subcomisión indicó que tienen un plazo de 10 días hábiles, que se convierten en la práctica en dos semanas, para poder emitir el informe de calificación (con apoyo del equipo de asesores), y determinar si esta denuncia es procedente o improcedente.

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