El Ministerio de Salud designó como uno de sus viceministros a Dionisio Ignacio Poma Poma, un exaspirante a la alcaldía por Perú Libre durante dos oportunidades.
La resolución suprema 020-2022-SA, firmada por el presidente Pedro Castillo y el ministro de Salud Jorge López, lleva como fecha de nombramiento el 14 de octubre y fue publicada este sábado en el boletín de normas legales de El Peruano.
“Se resuelve designar al médico cirujano Dionisio Ignacio Poma Poma en el cargo de Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Ministerio de Salud”, se lee en el documento.
Poma participó activamente en la campaña electoral en la plancha de Perú Libre en busca de alcanzar la alcaldía de Chilca (Junín) para el periodo 2010-2014, pese a que no registra filiación a ningún partido según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).
Durante ese período transcurrió la primera gestión como gobernador regional de Vladimir Cerrón, líder del partido y absuelto de un caso de malversación de fondos en Junín.
Cerrón y siete exfuncionarios de su primera gestión fueron absueltos del delito de malversación de fondos de un proyecto de reforestación del Valle del Mantaro y que fueron derivados para la construcción de un puente ejecutado por la empresa Antalsis Perú S.A.C vinculada a Martín Belaunde Lossio.
La obra debía ser culminada en 2014, pero fue entregada en 2019 y costó S/100 millones.
Experiencia de Poma
Pese a ser catedrático en la Universidad peruana de Los Andes, el nuevo vicepresidente no registra experiencia previa en el rubro de la gestión pública en el sector Salud.
Tras asumir el cargo, Dionisio Poma será responsable de formular, proponer, coordinar, conducir, evaluar y supervisar la implementación de la política sectorial relacionada con la organización, gestión y funcionamiento de la prestación de servicios sanitarios, al acceso a la atención y al aseguramiento en salud.
También a la infraestructura, a tecnologías sanitarias y al desarrollo de los recursos humanos en salud.
El nombramiento de Poma ocurre en una semana convulsa para el Ejecutivo. El último martes, el mandatario fue denunciado constitucionalmente por la fiscal general, Patricia Benavides, quien lo acusa de liderar una supuesta organización criminal.
Con este movimiento, Benavides dejó en manos del Parlamento, dominado por la oposición, el destino de la acusación contra el mandatario, que desde que asumió el poder en julio del año pasado acumula seis investigaciones preliminares de supuestos casos de corrupción.
Denuncia
La denuncia, de 375 páginas, imputa al jefe de Estado por ser el presunto autor de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión (fraude) y se extiende a dos de sus exministros, Juan Silva y Geiner Alvarado, también investigados en este caso, que salpica el entorno más íntimo del mandatario.
Tras sustentar la supuesta existencia de una presunta banda criminal en el Ejecutivo, el documento dedica sus últimas diez páginas al planteamiento de la fiscal, que pide al Congreso que haga una “interpretación” de las normas del derecho interno con las supranacionales.
La razón es simple: el artículo 117 de la Constitución peruana establece que el presidente del país solo puede ser acusado, durante el ejercicio de sus funciones, por cuatro casos concretos, que no contemplan los delitos de corrupción.
En esa línea, Benavides plantea recurrir al artículo 30 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, alegando que es un tratado vigente de derechos humanos, obligatorio para el Estado peruano.
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