Con consignas en contra del presidente Pedro Castillo, un grupo de manifestantes tomó las calles del Cercado de Lima para protestar contra el Ejecutivo este sábado, cuatro días después de que el mandatario fuera denunciado constitucionalmente por la fiscal general como presunto autor de delitos de corrupción.
Los manifestantes, que gritaban frases como “destitución por traidor” o “fuera Castillo”, partieron del Paseo de los Héroes Navales pasadas las 4.00 p.m.
Según imágenes de Canal N, la manifestación generó tránsito vehicular en las avenidas Wilson, Tacna y Emancipación en su paso a la plaza de Armas, donde fueron replegados por la Policía. Hasta allí también llegaron integrantes del grupo extremista La Resistencia, vinculado al fujimorismo.
Los manifestantes avanzaron hasta la Alameda Chabuca Granda, cerca de la residencia del presidente y su familia, donde lanzaron arengas contra el mandatario y cantaron el himno nacional. Sobre las 5.15 p.m., la marcha se fue diluyendo.
Sin embargo, un grupo de integrantes de La Resistencia se mantuvo en la zona, derribó el cerco policial y los efectivos lanzaron gas lacrimógeno. Posteriormente, avanzaron a la Fiscalía de la Nación.
Esta convocatoria ocurre días después de una denuncia constitucional en su contra presentada por la fiscal general Patricia Benavides, quien lo acusa de liderar una supuesta organización criminal, un hecho inédito que abre un nuevo episodio de incertidumbre en un país asediado por constantes crisis políticas.
Con este movimiento, Benavides dejó en manos del Parlamento, dominado por la oposición, el destino de la acusación contra el mandatario, que desde que asumió el poder en julio del año pasado acumula seis investigaciones preliminares de supuestos casos de corrupción.
Esto enciende ahora una batalla con más tintes políticos que jurídicos, que se vislumbra larga y que, a los ojos de Castillo, forja el inicio de una “nueva modalidad de golpe de Estado”.
Denuncia
La denuncia, de 375 páginas, imputa al jefe de Estado por ser el presunto autor de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión (fraude) y se extiende a dos de sus exministros, Juan Silva y Geiner Alvarado, también investigados en este caso, que salpica el entorno más íntimo del mandatario.
Tras sustentar la supuesta existencia de una presunta banda criminal en el Ejecutivo, el documento dedica sus últimas diez páginas al planteamiento de la fiscal, que pide al Congreso que haga una “interpretación” de las normas del derecho interno con las supranacionales.
La razón es simple: el artículo 117 de la Constitución peruana establece que el presidente del país solo puede ser acusado, durante el ejercicio de sus funciones, por cuatro casos concretos, que no contemplan los delitos de corrupción.
En esa línea, Benavides plantea recurrir al artículo 30 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, alegando que es un tratado vigente de derechos humanos, obligatorio para el Estado peruano.
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