La fiscal superior del equipo especial contra la Corrupción en el Poder, Marita Barreto, presentó una denuncia contra Carlos Cabrejo, director general de la Dirección General de Inteligencia (DIGIMIN); Guillermo Bonilla, director de Inteligencia de la DIGIMIN y Abel Gamarra, viceministro de Orden Interno, por el presunto delito de malversación de fondos públicos.
La acusación está vinculada al recorte del presupuesto del presente mes, de aproximadamente un 25 %, que iba a ser destinado para gastos de ejecución de actividades de inteligencia del equipo especial de la Policía Nacional del Perú, que tiene como cabeza al coronel Harvey Colchado, investigado por el Ministerio del Interior.
Este recorte se habría dado luego del operativo de allanamiento, descerraje, registro, incautación y detención preliminar, del pasado 11 de octubre, contra un grupo de exfuncionarios y empresarios del denominado ‘Gabinete en la sombra’ por los presuntos delitos de organización criminal y otros.
Marita Barreto advierte en su denuncia que estas personas “habrían dado un destino distinto al ordenado por Resolución Ministerial, causando un perjuicio al Equipo Especial en el cumplimiento de los actos de Inteligencia en apoyo a la investigación, obstruyendo e impidiendo el desarrollo y cumplimiento de sus funciones”.
Además, califica de “contradictorio” que el coronel Marco Cabrejo haya dispuesto la conformación de Bases de Inteligencia y repotenciar otras, y que no haya atendido un pedido para incrementar el personal, lo cual afectaría las labores del equipo fiscal.
El recorte presupuestal “configuraría posibles actos de obstrucción para el desarrollo y cumplimiento de las funciones”, considera la denuncia de la fiscal Marita Barreto y advierte “presuntos delitos de malversación de fondos públicos”.
Operativo ‘Valkiria II’
El pasado martes 11 de octubre, el juez Víctor Zúñiga ordenó la detención del llamado ‘Gabinete en la sombra’ del presidente Pedro Castillo por un total de diez días. Este operativo se ha ejecutado a pedido del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder.
Los detenidos fueron los siguientes: Salatiel Marrufo Alcántara, Eder Vitón Burga, Auner Vásquez Cabrera, Abel Cabrera Fernández y Biberto Castillo León. Sin embargo, Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa de Sarratea, se encuentra no habido.
Los implicados en este caso, son investigados por estar involucrados en presuntos delitos de tráfico de influencias, encubrimiento personal, colusión y organización criminal.
Amenazada de muerte
Por otro lado, esta semana, la jefa del Equipo especial contra la corrupción en el poder, Marita Barreto, denunció que viene recibiendo amenazas de muerte tras iniciar las investigaciones contra el presidente Pedro Castillo y su entorno familiar y político más cercano
“Hay amenazas de muerte. Eso es tal vez la gota que derramó el vaso. La fiscal de la Nación nos reunió a todos y explicó por qué tomó la decisión de presentar la denuncia constitucional. Señaló que no puede permitir que ningún miembro puede ser pasible de amenazas de muerte”, señaló la fiscal Barreto a los medios de comunicación. Además, agregó que aún quedan un largo tramo en la investigación contra el jefe de Estado.
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