Ministerio del Interior le reduce el presupuesto al Equipo Especial de Harvey Colchado

El coronel de la Policía, Harvey Colchado, informó esta tarde a la fiscal superior Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder, que el Ministerio del Interior le redujo en un 25% el presupuesto designado para que realicen sus labores este mes. En un oficio, detalla que la medida se hizo realidad horas después de haber liderado una serie de diligencias para atrapar a los miembros del llamado “gabinete en las sombras”.

Como se recuerda, el martes pasado, el Poder Judicial declaró fundado el requerimiento de la Fiscalía que pidió una detención preliminar de 10 días contra el empresario Segundo Sánchez, quien es dueño de la casa del pasaje Sarratea, y los exasesores del presidente Castillo.

Estos son Abel Cabrera Fernández, Auner Vásquez Cabrera, Biberto Castillo León y Eder Viton Burga. Adicionalmente, la medida también alcanza a Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda durante la gestión de Geiner Alvarado, investigado por pertenecer a una presunta organización criminal que direccionaba obras en su sector en Cajamarca y otras regiones del país.

“(Se dispone) detención preliminar judicial por el plazo de 10 días naturales por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública —organización criminal— prevista y sancionada en el artículo 317 del Código Penal”, se lee en la orden del PJ. Además, se incluyen los delitos de colusión, tráfico de influencia y encubrimiento personal.

Según la tesis fiscal, Sánchez Sánchez, Cabrera Fernández y Medina Guerrero tenían el rol de financistas y coordinadores de la organización. Marrufo y Vásquez eran los coordinadores. Mientras que Castillo León cumplía el rol de operador.

Hasta el momento, la Policía Nacional ha detenido a Cabrera, Vásquez, Castillo, Viton y Marrufo. Sin embargo, se desconoce el paradero del dueño de la casa de Sarratea desde hace más de 15 días.

La red criminal consistió en que tuvieron la captación de dinero desconocido para financiar la campaña del entonces candidato Pedro Castillo y así obtener ganancias ilícitas “una vez se obtenga el poder político”. Luego, Castillo en Palacio de Gobierno, fue el copamiento de instituciones públicas para generar activos ilegales.

De acuerdo a la fiscalía, destacan los actos colusorios en las contrataciones públicas donde jugó un papel importante el entonces ministro de Vivienda Geiner Alvarado y la emisión del decreto de urgencia 102-2021. Finalmente, está la captación de congresistas por intermedio de acuerdos ilícitos como la entrega de direcciones y ministerios a cambio de votos favorables en el Congreso.

En el quinto nivel, estaba establecer las redes de protección y encubrimiento.

El 10 de marzo pasado se informó que la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada había abierto una investigación preliminar por 60 días en contra de los asesores del Presidente y trabajadores de Palacio de Gobierno. A estos se los denominó como el Gabinete en la sombra.

Según el documento fiscal, Biberto Castillo Leon, Beder Camacho Gadea y Jaime Idrogo Mejía son los funcionarios investigados por el presunto delito de organización criminal en el interior de Palacio de Gobierno. También se está investigando a los funcionarios Wilson Petrel Mostacero, Rodolfo Ramírez Apolinario, Franco Pomalaya Neyra, José Luis Cristóbal Quispe y Sandra Paico Carrasco.

Esta pesquisa tiene inicio por las pasadas declaraciones de la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, quien pidió al mandatario que reconsidere su entorno cercano y que un grupo de asesores serían los responsables de que haya cometido “errores” en sus primeros seis meses como Presidente.

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