El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses corroboró la supuesta muerte de Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Sarratea en Breña, que apareció como fallecido en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), aunque horas después cambió a “vivo”.
En el acta de defunción se indica que el dueño de la vivienda donde el presidente Pedro Castillo habría realizado reuniones irregulares tuvo su deceso en el caserío Ojo del Agua, en Chota, Cajamarca; y que el señalado se había suicidado a la edad de 38 años el pasado martes 11 de octubre, sin embargo, no se realizó ninguna necropsia. Ese mismo día fue la ‘Operación Valkiria II’, un trabajo conjunto entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP), en el que se intervinieron a los exasesores de Palacio de Gobierno y personas relacionadas al jefe de Estado.
El médico que certificó la muerte, según esta notificación, es Víctor Raúl Vargas Reyes, quien negó haber hecho ese trámite. El traumatólogo aseguró que no aparece su firma, huella y sello, tal como sale en el documento. Consideró que fueron personas “inescrupulosas” que entraron al sistema y que habrían utilizado sus datos para emitir ese certificado.
El galeno, quien reside en Trujillo, denunciará al Ministerio de Salud y a el Reniec porque, además de nunca haber estado en Chota, actualmente se encuentra de vacaciones. Mencionó que quienes estarían detrás de estas acciones son funcionarios que utilizaron el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), al cual tiene acceso el Minsa.
Alejandro Sánchez se encuentra en la clandestinidad
A través de su cuenta personal de Facebook, el empresario Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Sarratea en Breña y amigo del presidente Pedro Castillo, quien se encuentra prófugo de la justicia, expuso que no ha cometido ningún delito y que, mucho menos, piensa acogerse a la figura de colaborador eficaz para evitar la prisión.
“No voy hacerme una autoincriminación, no voy a permitir que estropeen mis derechos, que me pongan las esposas y me humillen. Eso jamás. ¡Sobre mi cadáver! No voy a permitir que me pongan en la cárcel tres años y después me digan que no tengo ningún delito”, escribió.
El amigo del jefe de Estado mencionó que si hubiera cometido algún delito, primero le pediría perdón a Dios, a su familia y a todo el Perú; y luego se entregaría a la justicia sin necesidad de que las autoridades lo buscan: “pero como no soy culpable de nada no lo haré”, comentó.
El dueño del domicilio en Sarratea manifestó que el Ministerio Público debe presentarle una prueba contundente para que se entregue a la justicia, por lo que hay dos caminos: “Que me muestren una prueba contundente o elemento de convicción respetando la ética profesional y no en base a dichos y chismes de delincuentes que quieren salvarse de la cárcel. Y que traigan a (César) Hinostroza y (Alejandro) Toledo”.
El Poder Judicial dictaminó la detención preliminar de Alejandro Sánchez por 10 días a pedido de la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú (PNP). Aunque reapareció en redes sociales, su paradero es desconocido.
El empresario es investigado por los delitos de investigación criminal, colusión, tráfico de influencias y encubrimiento personal. El amigo de la primera autoridad del Perú es uno de los titulares de Biomedic S.A.C., compañía que es investigada por lavado de activos desde 2020. Constituyó este negocio con su expareja Elva Julón, parlamentaria de Alianza para el Progreso (APP).
También fue financista del presidente, a quien acompañó en algunos viajes.
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