El 8 de noviembre de 2018, estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) compraron una torta para celebrar el cumpleaños del profesor de Diseño Urbano, Percy Acuña Vigil. El maestro pidió tomar una fotografía grupal.
Liliana*, una de las alumnas, quien tenía 18 años en aquel momento, recuerda que buscó pararse en el lugar más alejado del profesor. Pero él insistió en que esté a su costado.
—Luego me sujetó de la cintura y cuando intenté zafarme me sujetó con más fuerza —se lee en la denuncia que colocó en la Defensoría Universitaria de la UNI en 2019.
Según su testimonio, antes de este hecho, Liliana sufrió varios episodios hostiles durante las clases.
Denunció que mientras el maestro revisaba su perfil de Facebook, sin su consentimiento, y sus fotografías “solía hacer gestos obscenos”.
En otra ocasión, cuando revisaba su trabajo grupal junto a sus compañeras, el profesor preguntó la edad a cada una. Liliana respondió que tenía 18 años y Acuña, de más de 70, le repreguntó “¿por qué estás más desarrolladita?”, en referencia a su cuerpo.
Una vez llegó tarde a clase y, para no entrar sola, esperó a su compañera. Cuando ingresaron al aula, Acuña les llamó la atención.
—Refirió que solo nos dejaba pasar porque “yo era simpática”. Mientras hacía el comentario hostigador, me dirigía una mirada morbosa —contó.
Cuestionada investigación
La Defensoría Universitaria recomendó a la Facultad de Arquitectura que investiguen el caso. Tenían un plazo de 30 días, pero demoraron un año para empezar el proceso indagatorio, lo que constituye una falta muy grave, según el reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
Mientras recababan la información para corroborar los hechos denunciados, el profesor Acuña no fue separado momentáneamente de las aulas, a pesar de que así lo ordena el artículo 90 de la nueva Ley Universitaria.
El 28 de enero, concluyeron que el profesor solo tuvo comentarios “irónicos y de tono impropio”; le pidieron que no haga comentarios machistas y le recomendaron que reciba asistencia psicológica para determinar si es un hostigador sexual. Para tomar la decisión, omitieron las declaraciones que dos alumnas dieron a la Defensoría Universitaria, donde reafirmaron lo denunciado por Liliana.
Un día después, el Consejo de Facultad presidido por la decana Shirley Chilet, decidió archivar la denuncia sin explicar la razón.
Liliana, con el apoyo del área legal del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, apeló la decisión del Consejo de Facultad de Arquitectura.
“Y al rector encargado Pedro Canales no le dio la gana de ponerlo en agenda en el Consejo Universitario en seis ocasiones. Seis veces no lo puso”, señaló el exdefensor universitario Martín Casado.
El plazo para responder la apelación de Liliana venció, por lo que acudió a Sunedu para presentar su queja. Como parte de su investigación, la superintendencia pidió tres veces información a la UNI, pero hicieron caso omiso.
Pese a esto, el pasado 6 de octubre de 2022, la UNI volvió a contratar a Percy Acuña como profesor ordinario. Lo habían contratado de forma extraordinaria, pues superaba el límite de edad (75 años) para ejercer la docencia universitaria. Con la modificación del Congreso para eliminar este requerimiento, UNI lo repuso.
El rector Pablo López Chau estuvo de acuerdo con esta reposición, a pesar de que una semana antes, el 27 de setiembre, se había comprometido con las alumnas de la UNI a prevenir y sancionar casos de hostigamiento sexual, luego de que estudiantes protestaran en el campus para denunciar que sus quejas no queden impunes.
Alumnas exigen cambios
Entre 2018 y 2022, seis estudiantes mujeres y una trabajadora administrativa acudieron a la Defensoría Universitaria de la UNI para denunciar a 8 alumnos hombres, un profesor y dos trabajadores administrativos por grabación y difusión de imágenes íntimas, acoso y hostigamiento sexual.
La mayoría de las alumnas pertenecían a la Facultad de Arquitectura. Las otras estudiantes provenían de las Facultades de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica, Ingeniería Química e Ingeniería Ambiental.
El pasado 22 de noviembre, la Defensoría Universitaria, a cargo de la profesora María Damián Briones, resolvió que una estudiante de Ingeniería Ambiental concilie con dos alumnos que admitieron haberla grabado sin que se diera cuenta mientras besaba a un compañero en un baño, durante una fiesta.
Los estudiantes negaron que el video tenía contenido sexual; afirmaron que lo borraron y no lo difundieron. Pese a que admitieron lo que hicieron, la defensora universitaria recomendó solo imponerles una llamada de atención.
Para expresar su rechazo hacia esta decisión, alumnas de la UNI organizaron una manifestación el pasado 27 de setiembre. Exigieron la salida de la defensora universitaria.
Desde 2018 el porcentaje de ingresantes a esta universidad es mayoritariamente masculina, por lo que también pidieron la creación de una Dirección de Género que cree políticas para prevenir casos de violencia sexual en la universidad.
Elba Acevedo, exabogada de la Defensoría Universitaria, señaló que la UNI aún no cumple con la creación de una Secretaría de Instrucción y una Comisión disciplinaria para actos de hostigamiento sexual, tal como lo ordena el reglamento de la Ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual, con modificaciones realizadas en julio de 2021.
“Hasta ahora la UNI no cumple con lo que señala la Ley, que es crear dos organismos independientes para sancionar la violencia sexual. Hasta ahora la UNI no los crea. Entonces, los casos se han venido denunciando en la Defensoría Universitaria”, señaló.
Urge la creación de los organismos mencionados, pues la Defensoría Universitaria no tiene la función de sancionar, sino de investigar y determinar si hay indicios de hostigamiento sexual para recomendar a las Facultades que aperturen procesos de investigación.
“Como no existen esos órganos administrativos, (las investigaciones) tienen que pasar por la Facultad y en la Facultad, con la ignorancia que hay, los casos se indagan sin enfoque de género y revictimizan a las denunciantes”, precisó.
El caso de Karen* evidencia lo señalado por Acevedo. En 2018 denunció ante el decano de su Facultad (Ingeniería Mecánica) que un trabajador administrativo y un estudiante de Ingeniería Económica difundieron un video íntimo donde ella aparecía. Lo obtuvieron en la red social de su expareja, que dejó abierta en una de las computadoras del laboratorio de la Facultad.
El decano le respondió que no podía hacer nada. Karen entendió que la UNI, al no haberse adaptado a la nueva Ley Universitaria que exigía la creación de un reglamento para sancionar hostigamiento sexual, no podía obtener sanción para sus agresores. Pero, en realidad, debieron informarle que en la Defensoría Universitaria podía denunciar el hecho.
“No tenía conocimiento sobre cómo proceder en ese momento. Lo denuncié en el diario El Comercio y el Ministerio de la Mujer me contactó. Pusimos una querella junto a la organización Hiperderecho. Pero hasta el momento no hay sanción”, precisó.
Dos años después, un estudiante de Ingeniería Química le envió fotos de sus genitales por Facebook sin su consentimiento. Al día siguiente, se enteró que empezó a comentar que “la estaba haciendo linda” por lo que hizo.
Karen denunció el hecho en la Defensoría Universitaria. La sanción llegó recién dos años después.
“Durante el proceso hubo una revictimización total porque el Consejo de Facultad mencionaba mi nombre de forma pública. Se supone que mi Facultad debió tomar las cosas con el respeto adecuado, pero no lo hicieron así”, señaló.
Según la abogada Acevedo, tras el plantón, se reunieron con el rector López Chau para explicarle por qué es necesaria una Dirección de Género, que solo existe en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (UNSA). Pero no hubo un compromiso de su parte para llevar adelante su creación.
“Se pide que haya una Dirección de Género que se encargue de crear políticas públicas y órganos independientes que sancionen a los agresores, también de capacitar para prevenir y sancionar estos actos, que se trabaje el tema también para esas personas que son sancionadas, que no quede ahí nomás. La ley no dice que hay que hacer un trabajo de reeducación”, precisó.
En la sesión del Consejo Universitario del 23 de setiembre de 2022, el representante estudiantil Bryan Valentín también expresó su preocupación por la falta de filtros para contratar docentes en la UNI, luego de que se supiera que dos maestros enseñaban en esta casa de estudios, a pesar de que estaban condenados por el delito de violación de la libertad sexual.
Se trata del profesor Zózimo Regulo Pozo Ccasan, de la Facultad de Ingeniería Química y Textil, quien fue condenado por el delito de actos contra el pudor de menores de 14 años. Y del profesor Elvis Martínez Reyes, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes, quien figuraba en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior. Lo condenaron a 10 años de prisión por violar a una persona en estado de inconsciencia.
" (...) Hemos hecho presente el pedido de que se pueda hacer una revisión a todos los antecedentes policiales y judiciales de todo el personal que brinda servicios en la universidad. Los que hemos sido parte de los órganos de gobierno en las facultades, sabemos que es más que obvio que un decano o un director de escuela (recibe documentación) cuando uno de sus docentes tiene un tema con la Ley. (...) Invocamos a los decanos que saben que sus docentes tienen temas con la Ley a que por favor presenten la solicitud para que sean removidos de la universidad, como lo establece la Ley Universitaria, porque es facultad del Concejo Universitario remover a los docentes”, exigió el representante estudiantil.
*Protegemos las identidades de las estudiantes para evitar represalias en su contra.
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