Pedro Castillo es el primer presidente en la historia del Perú en ser investigado por siete delitos durante su gobierno

Una nueva crisis política se respira en nuestro país tras los diversos cuestionamientos que involucran seriamente al mandatario Pedro Castillo, luego de los allanamientos a viviendas y oficinas que se ejecutó el pasado 11 de octubre por los casos “Los Niños, “Casa Sarratea” y el Gabinete de las sombras”.

Según las declaraciones del fiscal anticorrupción, Marco Hernán, quien también estuvo presente en las diligencias de este martes, expresó que hay serios indicios de que Pedro Castillo recibió 2 millones de soles por caso Petroperú por la licitación del biodiésel.

“Tenemos elementos de convicción, no podemos hablar de pruebas en esta etapa, porque eso luego se verá en un próximo juicio, pero sí tenemos elementos probatorios que nos generan la posibilidad de hacer una gerencia válida de que se ha recibido dinero en el caso de Petroperú y tenemos ahí un aproximado de 2 millones de soles por el tema del biodiésel. Tenemos también que el presidente habría recibido beneficios como pasajes de avión para él y sus familiares, celulares, etc.”, expresó para RPP Noticias.

Estos señalamientos ponen nuevamente los ojos de la justicia en el presidente Castillo Terrones y su entorno familiar, en donde aún siguen prófugos sus sobrinos y su culada está con prisión preventiva.

La Fiscalía de la Nación acusa al mandatario peruano de ser cabecilla de una organización criminal, tráfico de influencias, colusión agravada, delitos contra la administración pública bajo el delito de encubrimiento personal y contra la tranquilidad pública por los casos del Puente Tarata III, ascensos en las FF. AA., la fuga de funcionarios cercanos a su gobierno, la injerencia en la compra de Biodiésel a Heaven Petroleum Operators por parte de Petroperú y obras adjudicadas, al parecer de manera ilícita, en las provincias de Chota-Cajamarca y Cajatambo-Lima. La última investigación por el “Gabinete de las sombras”.

Recordemos que en la sexta investigación, Pedro Castillo fue involucrado por pactar por lo “bajo” con el exministro Geiner Alvarado para que se puedan licitar obras a través del Ministerio de Vivienda y así obtener beneficios ilícitos. Aquí la fiscalía lo señaló “por el presunto delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal. El objeto de la investigación está referido a las obras adjudicadas en las provincias de Chota-Cajamarca y Cajatambo-Lima”.

La tesis fiscal indican que se habrían copado diferentes instituciones del Estado con la finalidad de direccionar obras en algunas regiones del país y así beneficiar económicamente a terceros.

La situación del dignatario del Perú se complicaría aún más con la detención de Salatiel Marrufo Alcántara, Abel Cabrera Fernández y Segundo Sánchez Sánchez, quienes se suman al encarcelado alcalde de Anguía, Nenil Medina Guerrero. Todos ellos para la Fiscalía forman parte de los “financistas” de las campañas electorales, sobre todo de la segunda vuelta.

Para el Ministerio Público, todos estos implicados forman parte de un esquema de corrupción que se benefició con la repartija de obras públicas del Ministerio de Vivienda y Construcción.

Es por eso que como parte de las diligencias en estos casos, el juez Víctor Zúñiga Urday dispuso la captura de los implicados, luego que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, acreditó que el jefe de Estado y los detenidos montaron una organización criminal para recuperar el dinero invertido en dichos comicios electorales.

El fiscal adjunto fue claro al detallar cómo es que habría iniciado esta posible organización ilícita con el fin de enriquecerse de manera ilegal, obteniendo beneficios de manera corrupta.

“Por ejemplo, comienza con la designación del señor Juan Silva Villegas en el Ministerio de Transportes, el nombramiento de Geiner Alvarado López como ministro de Vivienda y ya como funcionario tiene la facultad de nombrar a otros altos funcionarios de este ministerio. Ahí tenemos por ejemplo los hechos evidenciados del decreto 102 que posibilita la ejecución de estos proyectos y ahí dan prelación a determinados proyectos que se ejecuten en determinadas municipalidades donde tienen vínculos y ahí es clave el testimonio de la viceministra en Añaños. Ella y una testigo protegido que tenemos, nos ha dado todo el detalle de cómo se ha manejado esta prelación”, manifestó.

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