La denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente de la República, Pedro Castillo, ha generado un debate entre políticos y otros analistas que discuten sobre si el proceso es legal y procedente. Ante ello, la Defensoría del Pueblo se pronunció el último miércoles.
El organismo autónomo publicó un anuncio en redes sociales donde insta a las autoridades pertinentes a evaluar la acusación de la Fiscalía de la Nación contra el mandatario de manera responsable, transparente y con respeto a los principios de la actual Constitución Política del Perú.
“Dicha evaluación deberá hacerse garantizando la máxima publicidad de los procedimientos a seguir, a fin de que la ciudadanía se mantenga informada en todo momento”, se lee en el pronunciamiento.
La Defensoría agregó en su anunció que las tensiones políticas generadas en los últimos días —denuncia de la Fiscalía, reacciones desde el Congreso, posturas legales y respuesta desde el Ejecutivo— no deben afectar la protección de los derechos fundamentales “ni la adecuada prestación de los servicios públicos.
“En un Estado de derecho, las personas siempre son el fin supremo de la función pública”, señalaron desde la entidad.
¿De qué se le acusa a Pedro Castillo?
El último martes 11 de octubre, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. convocó a una conferencia de prensa donde presentó una denuncia constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, ante la Mesa de Partes del Congreso de la República. Esta medida también incluye a los exministros Juan Silva (Transportes) y Geiner Alvarado (Vivienda).
Según el argumento de la representante del Ministerio Público, Castillo habría cometido los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Estos ilícitos estarían vinculados a la designación de Hugo Chávez Arévalo como gerente general de Petro Perú y a la licitación del Puente Tarata III.
“Hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno con la finalidad de copar, controlar y direcciones los procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas”, expresó Benavides.
En defensa de sus funciones ejercidas, la fiscal de la Nación señaló que las investigaciones realizadas por el equipo de fiscales son “siempre objetivas conforme a la ley y respetando todas las garantías del debido proceso”.
“La corrupción socava el orden democrático y atenta contra los derechos humanos, por ello, el combate contra la corrupción en todas las esferas del Estado debe ser unánime porque solo así la inmunidad no será impunidad”, agregó.
Pedro Castillo critica labores fiscales
A través de Twitter, el jefe de Estado responsabilizó a Patricia Benavides y su equipo fiscal por la salud de su madre luego que se produjera un allanamiento en la vivienda de su hermana, en San Juan de Lurigancho, donde se encontraba la señora Mávila Terrones. El mandatario calificó el hecho como un acto “abusivo”.
“La Fiscalía ha ingresado a la casa de mi hermana. Mi madre se encuentra ahí. Este acto abusivo ha afectado su salud. Responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre”, manifestó el mandatario a través de su cuenta oficial en Twitter.
Según la información dada por RPP Noticias, en la propiedad intervenida se ordenó el descerraje y la incautación de aparatos electrónicos, celulares y cualquier material que se halle dentro del lugar.
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