Los polémicos procuradores del Estado nombrados por Pedro Castillo y las implicancias políticas

La Procuradoría General del Estado, tal como ocurre con otras instituciones, también pasa por una severa crisis bajo el gobierno de Pedro Castillo. El domingo pasado, Javier León Mancisidor presentó su carta de renuncia tras revelarse que fue investigado por la Décima Fiscalía Penal Provincial de Lima por la presunta apropiación ilícita para delinquir, falsificación de documentos y fraude procesal a favor de Fernando Zevallos, exdueño de Aerocontinente y más conocido como “Lunarejo”.

León iba a reemplazar como procurador a Aurora Caruajulca, quien había salido en medio de graves cuestionamientos. Un informe de la Contraloría General de la República daba cuenta que no se se solicitó su declaración jurada que acreditará no haber cometido faltas de idoneidad en el ejercicio de la defensa jurídica del Estado. Adicionalmente, el Ministerio Público le reabrió una investigación por cometer el presunto delito de desobediencia a la autoridad al no entregar información cuando era procuradora de la Municipalidad de Comas.

Recientemente se conoció que el Poder Judicial ordenó al Ejecutivo reponer a Daniel Soria como procurador general del Estado. A partir de estos avances y retrocesos en esta institución, salta a la vista la siguiente interrogante: ¿Qué se debe hacer para que no acabe debilitada?

La exprocuradora anticorrupción Katherine Ampuero mencionó a Infobae que la Procuradoría General del Estado nació debilitada. “Martín Vizcarra modificó la ley de defensa jurídica del Estado, creó la figura del procurador general y le quitó competencias a los demás procuradores especializados como, por ejemplo, al de anticorrupción para poder denunciar a los altos funcionarios del Estado. En ese momento, designa a su procurador general Daniel Soria y lo asegura en el cargo modificando la ley para que permanezca cinco años”, anotó.

En esa línea, Ampuero explica que la reciente crisis en la Procuradoría General del Estado no es de ahora con la gestión Castillo, sino de antes con “estas formas de asegurarse por parte de Martín Vizcarra para tener a su abogado”. “Daniel Soria tampoco cumplía el perfil. Al igual que María Carhuajulca, también tiene un informe de la Contraloría que no cumple con el perfil y, por eso, afronta una investigación en el Ministerio Público”.

“Lamentablemente, el procurador se ha convertido en el abogado del gobierno de turno. Se ha visto a la procuradoría no como defensora de los intereses del Estado, sino la defensora de los intereses del Ejecutivo. Mientras eso siga así, van a seguir con el error o un uso indebido de este gobierno, sino de los próximos que van a venir después de Castillo”, mencionó.

Por su parte, la exprocuradora anticorrupción Yeni Vilcatoma coincide con la interpretación de Ampuero. “El procurador no solamente denuncia. Si está manipulado, lo sacan o no tiene esa confianza en el cargo, te pueden remover como le pasó a Daniel Soria”, anota. Agrega que los aspirantes a ser procuradores del Estado pasan por una serie de pruebas, entre las que destacan la revisión estricta de sus hojas de vida para certificar si hay graves cuestionamientos como investigaciones fiscales en curso.

Además, Vilcatoma resaltó que las recientes designaciones de Maria Carhuajulca y Javier León fueron unas muestras para garantizar impunidad a favor del presidente Castillo. Añadió que el cómplice primario de todo esto es el ministro de Justicia, Félix Chero, quien operativiza las órdenes del jefe de Estado para nombrar al nuevo procurador general del Estado. “Ha puesto a una persona complaciente [Félix Chero] que abdica en su deber como ministro de Estado para obedecer a los antojos del presidente corrupto y lo que hace es manipular a personas que desean estar en un cargo como la Procuradoría General del Estado”, acota.

La abogada recuerda que una persona que asuma la Procuradoría General debe contar con el conocimiento y la experiencia necesaria para garantizar la defensa y los intereses del Estado más allá de la persona que esté en el poder de turno. “Recuerde usted, cuántos procuradores hemos sido destituidos solo por enfrentar al presidente de la República que nos nombró. Usted tiene al doctor [Christian] Salas Beteta, a quien le hable que enfrentó al gobierno de Ollanta Humala, a la procuradora [Katherine] Ampuero con PPK que solo cumplió su deber y la persiguieron. Ahora, tenemos a personas nombradas con cuestionamientos para que obedezcan lo que un presidente corrupto como Pedro Castillo dice”, apuntó.

Frente a este panorama, tanto Ampuero como Vilcatoma coinciden en que la Procuradoría General del Estado debe ser un ente autónomo y no depender del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus).

“El Congreso de la República tiene en sus manos hacer las modificaciones de la ley, pero hasta ahora no lo hacen. Ellos son los llamados a modificar la ley de defensa jurídica del Estado para modificar el nombramiento de los procuradores a efectos de que ya no sea dedo por parte del presidente de la República. Debería cambiarse la forma de selección y tendría que hacerse a través de un concurso público y transparente a cargo de la Junta Nacional de Justicia”, explicó Ampuero.

Vilcatoma recuerda que “desde el 2016, presenté un proyecto de ley que buscó que un procurador tenga independencia. Que la Procuradoría General sea una institución constitucionalmente autónoma y tenga el mismo nivel que la Fiscalía, que es independiente y no está sometida al poder. En tanto, no tengamos una procuradoría no dependa del gobierno que esté en el poder, seguiremos en un círculo vicioso de que el presidente nombre al procurador para que lo proteja, blinda y siga en el cargo. Pero si ocurre lo contrario que es denunciar la corrupción caiga quien caiga, es destituido”.

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