La batalla legal de Pedro Castillo para evitar ser investigado y mantenerse en la presidencia hasta el 2026

El presidente de la República, Pedro Castillo, enfrenta su hora más difícil. El martes pasado, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional que lo acusa por los presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias en el marco de los casos Puente Tarata y Petroperú.

Sin embargo, su abogado Benji Espinoza señaló que presentará una tutela de derechos y recurrirán al Tribunal Constitucional para dejar sin efecto la indagación debido a que alegó que los delitos que se le imputan al mandatario no están comprendidos en el articulo 117 de la Constitución. Lo declarado por la defensa legal de Castillo forma parte de una serie de acciones que ya habían tomado en el pasado.

El 7 de junio, Castillo solicitó una tutela de derechos ante el Poder Judicial por una indagación que había iniciado el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por el caso Puente Tarata. Esto tras la negativa del Ministerio Público para anular la investigación. Sin embargo, el resultado no fue el esperado y también fue rechazado para que prosiga lo dispuesto por el fiscal Sánchez.

Luego, el 5 de agosto, la defensa legal del presidente presentó dos nuevas tutelas de derecho contra la Fiscalía de la Nación, buscando la nulidad de la investigación por presunto encubrimiento personal y crimen organizado a raíz de la salida del exministro del Interior, Mariano González, quien denunció que el Gobierno buscaba la remoción del Equipo Especial de la PNP a cargo del coronel PNP Harvey Colchado.

Sin embargo, el Poder Judicial no le volvió a dar la razón y se respaldó la investigación de la fiscalía.

El 15 de agosto, Benji Espinoza presentó ante el Poder Judicial una tutela de derechos en el caso ascensos en las Fuerzas Armadas con el que se busca evitar, según sus palabras, una violación a la ley, en referencia a las recientes filtraciones sobre nuevas revelaciones en el marco de esta investigación.

“Las investigaciones son reservadas, y cuando de por medio hay las declaraciones de un aspirante a colaborador, es ultra reservada. El juicio es público, la investigación no, y el proceso de colaboración mucho menos, así que lo que queremos hacer es que el juez ponga un límite a este festival de filtraciones que pensaba que había cesado, pero no es así”, dijo el letrado.

Sin embargo, la defensa legal de Castillo tuvo un nuevo revés judicial y sus recursos fueron rechazados.

Ayer se conoció que el presidente Castillo presentó una nueva acción de amparo para detener las investigaciones y las mociones que se preparan en su contra.

En el documento dirigido al juez constitucional de la Corte Superior de Lima, Castillo pide que se declare la nulidad de lo actuado por la Comisión de Fiscalización del Parlamento, donde se le investiga por supuestamente pertenecer y ser el jefe de una “organización criminal”. Como se sabe, este grupo de trabajo está presidido por Héctor Ventura de la bancada de Fuerza Popular.

Por otro lado, el jefe de Estado también pide que se declare la nulidad de la tercera moción de vacancia presidencial promovida por los congresistas Edward Málaga, Carlos Anderson, Diego Bazán, Adriana Tudela y Karol Paredes. Dicho proyecto se sostiene en las investigaciones que viene realizando la Fiscalía a Pedro Castillo por presuntos ilícitos penales.

Asimismo, piden que se declare la nulidad de la acusación constitucional por el supuesto delito de traición a la Patria que se ventila en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento. En el oficio señala que los autores de la acusación (Lourdes Flores Nano, Fernán Altuve, Ángel Delgado, Hugo Guerra, y César Vignolo) están en “sibilina colusión” con el grupo de trabajo que preside Lady Camones.

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