El caso del Complejo Metalúrgico La Oroya (CMLO) en Junín, más conocido como mina La Oroya, que estuvo a cargo de Doe Run Perú es muy controvertido y lleva varios años entre demandas, investigaciones, fallos y demás. En estos últimos días, afectados de la contaminación minera dieron su testimonio ante la Corte Internacional de los Derechos Humanos (IDH).
La audiencia se realizó en el marco del 153 periodo de sesiones de la corte en Montevideo, Uruguay. La versión dada por los afectados mostró el abandono del Estado, la falta de fiscalización mientras se realizaba la actividad minera, enfermedades, amenazas, entre otras cosas más.
Testimonios de los pobladores de La Oroya
“El Estado fue como un padre que nunca nos dio la cara”, sostuvo Rosa Amaro, de 74 años, quien vivió en La Oroya hasta el 2017.
Amaro reveló frente a la Corte IDH que sufrió dos abortos, motivo por el cual se sometió a un tratamiento de fertilidad. Finalmente, tuvo dos hijos, pero uno de ellos tiene discapacidad auditiva.
Asimismo, manifestó que mientras se daba la contaminación por parte de Doe Run, pudo ser testigo de cómo los pobladores comenzaban a presentar dificultades para respirar, ardor en la garganta y en los ojos.
El impacto también se dio en el ecosistema, según Rosa Amaro “los cerros quedaron ‘pelados’ porque ‘no crecían las plantas’”.
Pero eso no fue todo, en medio de lágrimas la testigo que vivió de forma directa los estragos de la contaminación, manifestó que tuvo que dejar el pueblo porque recibía amenazas constantes por parte de los familiares de los trabajadores de la mina. Estos alegaban que los pedidos del Movimiento por la Salud de La Oroya, iban en contra de su fuente de trabajo.
La falta de fiscalización del Estado peruano, y la falta de garantías para el acceso a la información respecto a decisiones que los afectarían (pobladores de La Oroya) fueron los argumentos que emplearon los afectados para imponer una demanda al país. Esto sería tipificado como violación a los derechos humanos.
La exposición al plomo, cadmio y arsénico derivaron en problemas a la salud de las personas. Estas se manifestaron a través de tumores, impacto muscular e infertilidad. Fueron décadas en la que los pobladores estuvieron expuestos a la contaminación e intoxicación de metales.
Los trabajadores tendrán el control total del Complejo Metalúrgico
El lunes 17 de octubre, miles de personas que laboraron en la mina La Oroya, recibirán el total de los activos por parte de Doe Run Perú. La empresa receptora será Metalúrgica Business Perú SAC, que ha sido creada por los trabajadores mineros con el fin de reactivar el complejo minero.
Los integrantes manifestaron sus deseos por reiniciar las operaciones, pero para llevarlo a cabo deben de esperar los permisos de las instituciones involucradas a una actividad minera en Perú, tales como: Osinergmin, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Ministerio de Energía y Minas (Minem) y Ministerio del Ambiente (Minam).
Luis Carlos Castillo, representante de los acreedores laborales de Doe Run, declaró para La República que cuentan con una comisión de profesionales, tales como ingenieros y técnicos para reactivar complejos. La posible reactivación se daría en los primeros meses del 2023.
“Hemos calculado que, para febrero (de 2023), produciremos zinc. Para mayo, el plomo. Y, en dos años, el cobre. La empresa que nace de los trabajadores tiene que cumplir con todo lo legal y organizarse bien”, manifestó.
Asimismo, sostuvo que se dará prioridad a los nietos de los extrabajadores de la mina.
Más datos sobre el caso de mina La Oroya
El completo metalúrgico de La Oroya, operado por Doe Run Perú, obtuvo la buena pro por parte del Estado en 1997, es decir, durante el gobierno del expresidente, Alberto Fujimori Fujimori.
Doe Run Perú, fue la empresa subsidiaria con presencia en el país; sin embargo, pertenece a Doe Run Resources Corporation, más conocida como Doe Run Company, una empresa de origen estadounidense, productora de plomo, zinc, cobre y que es de propiedad exclusiva de The Renco Group, cuyo dueño es Ira Rennert.
En 1999, el Ministerio de Salud realizó un primer estudio donde verificó que el 97% de los menores de 6 años contaba con niveles altos de plomo en la sangre, estos estaban por enciman de los diez microgramos por decilitro.
Los gobiernos de Alejandro Toledo y los primeros años del de Alan García, la empresa siguió operando. En el año 2008, el CMLO se declara en quiebra.
Uno de los casos más impactantes fue el que se conoció el 2008. Varios niños habían nacido con valores de plomo muy altos. Los problemas neuronales también eran una constante.
La Oroya es una de las cinco ciudades más contaminadas del mundo, ya que posee altos niveles de plomo.
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