El Poder Judicial declaró fundado este martes el recurso de amparo que presentó Daniel Soria y ordenó al Gobierno de Pedro Castillo a restituirlo como procurador general del Estado, puesto del que fue separado irregularmente en febrero de este año.
El juez Jonathan Valencia, del Segundo Juzgado Constitucional de Lima, concluyó que Soria no solo ejercía el cargo de procurador general del Estado, sino también el de presidente del Consejo Directivo, cuyo mandato es de cinco años.
“Para ser removido de dicho cargo existen causales previstas en el Artículo 17.3 del dispositivo legal antes mencionado (Decreto Legislativo N° 1326); las cuales, en el presente caso no se aprecia hayan sido desarrolladas en la Resolución Suprema materia de la presente demanda constitucional”, advirtió el magistrado en el documento.
Según el argumento del juez, Soria no es un funcionario de libre remoción debido a que no fue nombrado directamente por el presidente de la República, sino a propuesta de la entonces titular de Justicia y Derechos Humanos Ana Teresa Revilla Vergara.
Este panorama devino en la anulación de la resolución suprema con la que se designó a María Caruajulca y dispuso que se mantenga vigente la resolución con la que se nombró a Daniel Soria.
La remoción de Soria fue publicada en edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. La oposición y los especialistas rechazaron la decisión del presidente, pues se produjo en un contexto de denuncias por el caso Puente Tarata III.
En diciembre del 2021, Soria presentó ante la fiscal de la Nación un escrito en el cual denunciaba a Castillo por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias.
La denuncia se sustentaba en presuntas reuniones en el inmueble del mandatario, en Breña, con la empresaria Karelim López. Estas se habrían realizado con la finalidad de que el consorcio Puente Tarata III gane la buena pro de una obra.
La reposición de Soria llega en un día convulso para el Ejecutivo, pues la Fiscal de la Nación Patricia Benavides presentó una denuncia constitucional en el Congreso contra el presidente por liderar una supuesta organización criminal, así como por tráfico de influencias y complicidad en un presunto caso de colusión (fraude).
Además, la Fiscalía y la Policía allanaron las oficinas y residencias de seis congresistas del partido centrista Acción Popular (AP), llamados ‘Los Niños’, así como la vivienda de una hermana del presidente.
Investigaciones
Castillo acumula seis investigaciones preliminares desde que asumió el poder en julio de 2021, cinco de ellas están a cargo de la fiscal Benavides y están vinculadas a hechos relacionados a su Gobierno, mientras que otra está en manos del Ministerio Público de la norteña región de La Libertad, que lo investiga por supuesto plagio en la tesis de máster que realizó junto a la primera dama.
El mandatario aseguró que no va a pedir asilo o a abandonar su país y aseguró que “algunos jueces se han politizado de sobremanera”, aunque reiteró que no le tiene “temor a nadie”.
”Yo no voy a salir del país y, como siempre hemos dicho, nos sometemos a todo tipo de investigación, lo han hecho en el entorno de la familia, lo están haciendo al entorno ministerial porque sabemos que no hay ningún fundamento real”, dijo en una rueda de prensa con corresponsales internacionales.
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