El presidente Pedro Castillo se pronunció ayer tras la presentación de una denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien lo acusa de ser jefe de una presunta organización criminal enquistada en el Estado. Sin embargo, no lo hizo ante la prensa nacional y solo permitió que los medios extranjeros le hagan diversas consultas sobre la grave crisis política que lo envuelve.
“Vamos a descartar todo tipo de acusación y vinculación que se hacen, las tienen que probar primero”, sostuvo al inicio de su presentación.
Luego, el jefe de Estado le cedió la palabra a su primer ministro Aníbal Torres, quien insistió en que la derecha junto con un sector de la prensa y del sistema de justicia trataron de desconocer el triunfo del presidente alegando fraude. Recordó que promovieron tres procesos de vacancia en el Congreso de la República.
“Buscaron la vacancia, la suspensión o renuncia y mediante estas investigaciones fiscales dijeron que iban a encontrar las pruebas a través de los colaboradores eficaces, pero nunca presentaron una prueba directa en contra del presidente de la República. No lo van a poder presentar porque no existe”, sostuvo Torres.
Fuga
Ante los rumores de una posible fuga por las seis investigaciones fiscales, el presidente Castillo indicó que “no voy a salir de mi país, nos sometemos a todo tipo de investigación. Lo han hecho al entorno de la familia, al entorno ministerial, no hay fundamento real. Son acusaciones planificadas y vamos a seguir dando la batalla”.
El mandatario, quien poco antes había asegurado que en Perú “se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado”, insistió en la necesidad de que “primero se prueben todas las acusaciones”.
“Todas las vinculaciones que se nos hacen las tienen que probar primero”, reiteró.
Venezuela
Según un colaborador eficaz, Pedro Castillo le solicitó asilo político a Nicolás Maduro, dictador de Venezuela para Bruno Pacheco, Fray Vásquez Castillo y Gianmarco Castillo. La conversación entre ambos se habría dado mediante una llamada telefónica, la cual habría sido coordinada y enlazada por Beder Camacho. Esto sucedió días después del 14 de mayo, fecha en que se celebró el Día de la Madre.
La respuesta del representante venezolano habría sido positiva, pues “le daba todo su respaldo”, tal como indica el documento. Días después, el embajador de Venezuela, le entrega a Beder Camacho Gadea los requisitos que debía de presentar para hacer efectivo el asilo.
La información habría sido proporcionada al Equipo Especial como parte del testimonio del Colaborador Eficaz CE-03-2022. Pero tal parece que el trámite no llegó a concretarse y el 29 de julio pasado, Bruno Pacheco se entregó a la justicia, luego de estar por varios días en la clandestinidad, según consta en el acta.
Al respecto, el presidente Castillo negó tal versión. “(Quiero) negar rotundamente el vínculo con el país de Venezuela para tener algunos favores del entorno del Gobierno. No lo he hecho y no lo haré porque lo que quiero es que la Justicia, la verdadera Justicia, demostremos la verdad ante el país”, dijo.
Futuras acciones
Si bien el presidente Castillo no respondió sobre las medidas que tomaría, el primer ministro Aníbal Torres indicó que solicitaría una opinión a Naciones Unidas para que esclarezca el panorama en torno a la aplicación de su convención contra la corrupción.
Torres alegó que dicha convención de la ONU ya emitió un comunicado indicando que su artículo 25 no obliga a los Estados a tomar medidas para prevenir la obstrucción de la justicia en la investigación de casos de corrupción.
De otro lado, el jefe de Estado también fue consultado si cerraría el Congreso. Nuevamente, el primer ministro tomó la palabra y enfatizó que el Gobierno hará uso de todas las acciones que les permite la ley ante los órganos internos y ante organismos internacionales.
Desglose
La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, ante la Mesa de Partes del Congreso de la República. La medida alcanza también a los exministros Juan Silva (Transportes) y Geiner Alvarado (Vivienda).
En el escrito presentado por la fiscal Patricia Benavides, Castillo habría cometido los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Estos ilícitos estarían vinculados a la designación de Hugo Chávez Arévalo como gerente general de Petro Perú y a la licitación del Puente Tarata III.
Sobre el primer caso se tiene la hipótesis que el mandatario recibió la recomendación de su amigo Fermín Silva Cayatopa para colocar a Chávez al frente de la petrolera estatal con el fin de que pueda decidir sobre las contrataciones millonarias.
Cuando Chávez fue nombrado gerente general, Fermín Silva le otorgó S/ 30 mil soles al presidente como compensación por hacerle caso.
La hipótesis alega que el presidente Castillo confabuló junto con sus sobrinos Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez y el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, beneficiar a Zamir Villaverde, amigo de Castillo Terrones y Hugo Meneses Cornejo con una obra de pública por el valor de 232.5 millones de soles. Esta millonaria obra sería la del proyecto Puente Tarata III.
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