La denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente de la República, Pedro Castillo, continúa atrayendo reacciones en el entorno más cercano del mandatario. Esta vez, el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, anunció que solicitará a las Naciones Unidas una opinión al respecto.
Según señaló el premier en la última conferencia de prensa otorgada a la prensa extranjera, la titular del Ministerio Público basó su acusación en que no se aplique el Código Procesal Penal y la Constitución, sino la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.
“No se trata de aplicar la Convención, sino de discutir un caso nacional en curso de acuerdo a la legislación nacional. Voy a solicitar a Naciones Unidas que emita una opinión al respecto”, señaló Aníbal Torres el último martes 11 de octubre.
El jefe del gabinete ministerial indicó que la mencionada Convención ha detallado que el artículo 25 no obliga a los Estados a tomar medidas para prevenir la obstrucción de la justicia en la investigación de casos de corrupción.
“El artículo 25 exige más bien que los estados están obligados a tomar medidas legislativas o de otro tipo para tipificar como delitos penales ciertas acciones que intencionalmente interfieren con un funcionario judicial o encargado de hacer cumplir la ley en relación con los delitos previstos en la Convención”, leyó Torres Vásquez.
“Ni el artículo 25 ni el artículo 30 de la Convención son autoejecutables, lo que significa que en cualquier caso potencial las autoridades estarían aplicando la legislación nacional y no la Convención directamente como tal”, agregó.
Por consiguiente, Aníbal Torres señaló que la fiscal de la Nación estaría “violando manifiestamente” la Constitución de 1993 de no estar tomando en cuenta ninguno de los escenarios que contempla el artículo 117 de la Carta Magna.
“La fiscal de la Nación en esa denuncia no está señalando ninguno de estos casos, por lo tanto está violando manifiestamente la Constitución y esperamos que el Congreso, si actúa con imparcialidad, inmediatamente someta a investigación a la fiscal de la Nación”, sentenció el primer ministro.
La denuncia
Patricia Benavides presentó una denuncia constitucional contra Pedro Castillo tras haberse hallado indicios graves de la presunta existencia de una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas, según su declaración a la prensa nacional.
“No hay vicio más excecrable que la codicia, sobre todo entre quienes gobiernan la nación pues servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable, por eso hoy, tras un arduo y prolijo trabajo de investigación por parte de los equipos especiales que lidero y en cumplimiento de mi función constitucional de investigar y perseguir el delito, puedo anunciar a todos los peruanos que hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar los procesos de contrataciones en el Estado”, señaló Benavides en un anuncio televisado.
En ese sentido, los cargos que se le imputan al mandatario son por organización criminal, tráfico de influencias y colusión en los casos denominados Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Puente Tarata), Petroperú y Ministerio de Vivienda.
Además, la fiscal denunció públicamente que todo el equipo que lidera, entre fiscales y policías son víctimas de hostigamiento por parte del jefe de Estado. Esta situación pone en grave peligro la continuidad de las investigaciones y el descubrimiento de la verdad que todo el pueblo peruano espera conocer”, señaló Patricia Benavides.
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