Asociación de Prensa extranjera desmiente al Ejecutivo por teoría de ‘exclusividad’ para impedir ingreso a medios nacionales

La Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) emitió un comunicado este miércoles en el que desmiente la versión del Ejecutivo sobre la negativa de ingreso a medios nacionales a una conferencia en la que se abordaría la denuncia fiscal contra el presidente Pedro Castillo y el caso ‘Gabinete en la sombra’.

El gremio señaló que no pidió “exclusividad”, como afirmó el premier Aníbal Torres y el ministro Alejandro Salas, sino que fue convocado de forma directa por los “voceros del gobierno”.

La invitación fue cursada por la secretaria de prensa a las 18 horas, según APEP, de manera que “no se ajusta a la verdad que [se] haya pedido exclusividad”.

De acuerdo con Canal N, inicialmente todos los periodistas ingresaron al Salón Túpac Amaru, donde se había dispuesto una mesa con siete sillas, en una de las cuales estaría el mandatario.

Sin embargo, a última hora personal de prensa de Palacio dispuso que medios internacionales pasaran al gran comedor, mientras que periodistas nacionales quedaron aislados e impedidos de pasar.

La conferencia empezó con una hora de retraso y generó una manifestación para exigir “libertad de prensa”. Micrófonos y cámaras fueron dispuestas en el piso en señal de protesta. El Colegio de Periodistas del Perú condenó esta “marginación” a través de un comunicado.

La cita con los medios se produjo después del allanamiento en las viviendas y oficinas de seis congresistas de Acción Popular, denominados ‘Los Niños’, y la detención preliminar de cinco integrantes del denominado ‘Gabinete en las Sombras’ del presidente Pedro Castillo.

Según la tesis de la Fiscalía, el mandatario encabeza una supuesta organización criminal en el Ejecutivo con finalidad “copar, controlar y direccionar los procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas”.

Este miércoles, el premier Aníbal Torres pidió “defender el Estado de derecho y respetar la voluntad popular”, y llamó al Congreso a trabajar junto al Ejecutivo por el bien común.

En un terreno más específico, ratificó que la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación en el Congreso contra el presidente se basa en “dichos de terceros” no corroborados, que carecen de pruebas directas y contundentes.

Benavides ofreció un pronunciamiento público en el que justificó su decisión aludiendo a los “muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el Gobierno” que supuestamente se encontraron durante las diligencias de la mañana.

La fiscal fue enfática al afirmar que esta red corrupta está “presuntamente liderada por el presidente de la República, Castillo Terrones”, e integrada por varios ministros.

Además, acusó a la misma organización de desplegar una “constante y feroz obstrucción a la Justicia” que, alertó, “pone en grave peligro la continuidad de las investigaciones y el descubrimiento de la verdad que todo el pueblo espera conocer”.

Con la remisión de la denuncia constitucional contra Castillo al Parlamento, ahora queda en manos del Legislativo el avance de un trámite que, de pasar todas sus etapas legales, podría resolverse con una votación en el pleno sobre una eventual suspensión del mandatario, quien en sus quince meses de gestión ha sobrevivido a dos intentos de destitución impulsados por la oposición, que domina la cámara.

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