El último martes 11 de octubre, Patricia Benavides, fiscal de la Nación, presentó una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo ante el Congreso, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y colusión.
Sobre ello, el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, indicó en TV Perú que el Poder Ejecutivo también cuenta con “herramientas constitucionales, fundamentadas en el tema de solicitudes de confianza”. Sin embargo, aseguró que no se ha conversado sobre implementarlo ante el contexto actual.
“Del lado del Ejecutivo, ha habido siempre la posibilidad de poder entablar y llegar a consenso con el Poder Legislativo. Sin embargo, lo único que estamos viendo por parte de la agenda [del Congreso] es la manera de poder irrumpir en un mandato que se ejerce por decisiones generales”, señaló.
Además, precisó que la denuncia por parte de la fiscal de Nación “es una clara evidencia de cómo se pretende forzar la Constitución Política del Perú para poder quebrantar el orden político”.
“Hay congresistas que, por supuesto, son demócratas, que conocen la Constitución y que entienden que esto no es un tema de momento. Esto es un tema que podría ser revisado más adelante [...]. Todos los que asumimos un cargo público, sabemos siempre que son temporales. Por lo tanto, nuestros actos también serán revisados cuando exista una justicia mucho más objetiva”, expresó Salas.
En ese sentido, indicó que en cualquier tipo de acción que esté relacionada con dicha denuncia constitucional, se están cometiendo delitos, ya que se “violenta la Constitución”.
“Lo que queda es un camino legal, un camino procedimental, donde buenos congresistas, buenos parlamentarios, analicen con bastante detenimiento esta situación y decidan por archivar esta denuncia”, acotó a TV Perú.
Abogado de Pedro Castillo
La denuncia constitucional por parte de Patricia Benavides contra Castillo Terrones fue cuestionada por el abogado del mandatario, Benji Espinoza.
“Esta denuncia del Ministerio Público se hace violando frontalmente la resolución del juez supremo (Juan Carlos) Checkley, que en el expediente del caso Tarata dijo que el presidente Pedro Castillo durante su periodo no puede ser acusado constitucionalmente por el Congreso, salvo los cuatro supuestos del artículo 117 de la Constitución, pero parece ser que la Fiscalía desconoce los alcances de esta resolución judicial”, comentó en RPP.
“Vamos a presentar una tutela ante la Corte Suprema para que haga prevalecer el fallo del juez (Juan Carlos) Checkley, que ya resolvió algo que tiene que cumplirse, porque el fallo no es papel mojado en tinta, tiene que respetarse y cumplirse lo que dice el juez. Vamos a presentar una demanda constitucional de amparo porque se está afectando los derechos fundamentales del presidente con esta actuación arbitraria y despótica del Ministerio Público”, acotó en el medio.
Finalmente, en conversación con RPP, el abogado de Pedro Castillo reveló que si el Ministerio Público no considera lo dictado por el Poder Judicial sobre la posibilidad de investigar al mandatario, entonces se está otorgando un “poder especial”.
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