Pedro Castillo enfrentará nueva acusación de la Fiscal de la Nación por tres graves delitos

Organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada son las acusaciones que se le imputarían a Pedro Castillo Terrones. Estos señalamientos estarían vinculados a la designación de Hugo Chávez como gerente general de Petro Perú y a la licitación del Puente Tarata III.

Esta denuncia sería planteada por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, quien desde hace varios días viene acumulando carpetas de investigaciones hacia el mandatario.

Según manifestó Benavides, la investigación se daría porque se tiene la hipótesis de la existencia de una organización criminal enquistada en el Gobierno y liderada por Pedro Castillo.

La hipótesis alega que el presidente Castillo confabuló junto con sus sobrinos Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez y el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, beneficiar a Zamir Villaverde, amigo de Castillo Terrones y Hugo Meneses Cornejo con una obra de pública por el valor de 232.5 millones de soles. Esta millonaria obra sería la del proyecto Puente Tarata III.

¿Cómo se beneficiaría Juan Silva? Según el documento presentado por la fiscal, el mismo exministro sostuvo que él recibiría una coima equivalente al 0.5% del total del proyecto y es por esa razón que se debía de cumplir con lo planeado y adjudicar la obra a Villaverde y Meneses.

“Silva Villegas habría establecido que en el caso concreto de Puente Tarata III, los porcentajes con los que se beneficiarían los integrantes de la organización serían 100 mil para Villaverde García, 100 mil soles para Fray Vásquez Castillo y el resto se dividiría en partes iguales entre el presidente Pedro Castillo y él (Silva Villegas). En cumplimiento de este pacto ilícito, Villaverde García le habría entregado a Silva Villegas la suma de 100 mil soles como adelanto de buena fe del negocio ilícito”, sostuvo Patricia Benavides.

Este caso estaría vinculado al anterior, debido a que Pedro Castillo aparecería en escena.

Fermín Silva Cayatopa, amigo de Castillo, propuso a Hugo Chávez Arévalo para ocupar la gerencia general de Petroperú con el fin de que pueda decidir sobre las contrataciones millonarias que la entidad petrolera maneja. Y así se hizo.

Cuando Chávez fue nombrado gerente general, Fermín Silva le otorgó S/ 30 mil soles al presidente como compensación por hacerle caso.

Chávez inició su primera operación para beneficiar al empresario Samir Abudayeh, cuya compañía es Heaven Petroleum Operators (HPO). El jugoso monto de US$ 47 millones por 280 mil barriles de biodiesel B100 que HPO proveería a Petroperú, hizo que el gerente de la petrolera nacional y el empresario se reúnan previo contrato en el Palacio de Gobierno.

Estos actos llevados en la ‘Casa de Pizarro’, significarían para la Fiscalía tres delitos: organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias agravado.

Recordemos que en el Artículo 117° de la Constitución Política del Perú, indica que el presidente solo puede ser acusado por traición a la patria, impedimento de elecciones y disolución del Congreso (exceptuando los casos que están en el artículo 134).

“El presidente de la república solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”, indica la Carta Magna.

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