Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa del jirón Sarratea (Breña), donde el presidente Pedro Castillo sostuvo reuniones extraoficiales durante el final de su campaña y los primeros días de su Gobierno, se encuentra prófugo, según un documento del Ministerio Público al que tuvo acceso Epicentro TV.
Un equipo de la Policía Nacional y fiscales acudió esta mañana a su domicilio para el cumplimiento de una detención preliminar de 10 días como presunto integrante del ‘Gabinete en la Sombra’, pero no fue localizado. Según Perú21, la información de Inteligencia indicaba que el empresario se encontraba en su casa de Asia, de donde habría fugado minutos antes del operativo.
Fuentes policiales indicaron a ATV Noticias que Sánchez habría fugado por la parte trasera de su vivienda.
“Hemos considerado como lógico que esta información ha llegado a opidos de este señor antes de que se ejecute la medida y es por eso que la Policía no ha podido ubicarlos en los inmuebles que tenía”, dijo el general César Vallejos, exjefe de Dirección de Inteligencia de Ministerio del Interior.
En una misiva cursada el miércoles al jefe de Interpol, Julio Mariño, el fiscal adjunto provincial del Equipo de Fiscales contra la corrupción del poder, Edinson Villanueva, solicita una notificación azul para Sánchez, investigado por los delitos de investigación criminal, colusión, tráfico de influencias y encubrimiento personal.
La orden azul sirve para recopilar información adicional sobre la identidad de una persona, ubicación o actividades en relación a un delito.
Natural de Anguía (Cajamarca), Sánchez aparece como titular de la empresa SJ Biomedic S.A.C. la cual es investigada por lavado de activos desde 2020. Él constituyó este negocio junto a su expareja y congresista de Alianza Para el Progreso (APP), Elva Julón. Además, fue financista de la campaña de Castillo y acompañó al mandatario en algunos de sus viajes.
Según contó Sánchez, él conoció a Castillo durante la huelga de maestros del 2017, cuando prestó un inmueble para que los dirigentes de la movilización, incluido el mandatario, pudieran pernoctar. Años después, cedió su casa en el pasaje Sarratea para las actividades de campaña del mandatario.
Cuando Castillo asumió la presidencia utilizó este espacio para reunirse con empresarios, congresistas y funcionarios, entre ellos, la lobista Karelim López, hoy testigo clave de la Fiscalía.
Al destaparse la situación, el empresario inicialmente quiso justificar las visitas del mandatario a la casa de Breña al referir que como su madre, que vive en el lugar, cocina comida cajamarquina, el presidente acudía solo para cenar.
Sin embargo, Castillo fue captado en varias ocasiones manteniendo reuniones fuera de Palacio, pese a que en agosto de 2021, la Presidencia aseguró que ya no despacharía en la casa de Breña luego que la contraloría advirtiera que habría estado vulnerando la ley que regula la gestión de intereses en la administración pública, y con ello principios básicos de transparencia.
La Comisión de Fiscalización investigó las reuniones en el inmueble de Sarratea y actualmente está indagando la existencia de la presunta red criminal que ha sido objeto de los allanamientos y detenciones.
Organización criminal
El Ministerio Público convocó a los medios de comunicación a seguir, de manera virtual, el pronunciamiento de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, a través de la cuenta oficial de Facebook de organismo. Este anuncio se dio pocos minutos después de que se anunciara la presentación formal a la denuncia constitucional contra el presidente.
La fiscal de la Nación empezó su conferencia con un anuncio tajante: “Hemos hallado indicios graves de la presunta existencia de una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”.
La funcionaria indicó que, según la pesquisa, la organización es liderada por el presidente de la República e integrada, entre otros, por los ex ministros Juan Silva, Geiner Alvarado y el ex gerente general de Petroperú, Hugo Chávez.
Asimismo, dijo que los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión se habrían cometido en los casos denominados Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Puente Tarata), Petroperú y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
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