Congreso presentó demanda competencial contra el Poder Judicial por elección del Defensor del Pueblo

Este lunes 10 de octubre, la Procuraduría Pública del Congreso de la República presentó una demanda competencial en contra del Poder Judicial en medio de diversos cuestionamientos por la elección del próximo Defensor del Pueblo.

Según el escrito, el motivo que refieren es un conflicto de atribuciones en la elección de dicha autoridad y de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC). El documento lleva la rúbrica del presidente del Parlamento, José Williams, quien pertenece a la bancada política de Avanza País.

Asimismo, se dio a conocer que la petición fue remitida al TC y se incluye la interposición de diversos procesos de amparo, donde el Poder Judicial interfirió en el normal ejercicio de estas atribuciones, a pesar que, según indican, todo lo mencionado le corresponde de manera exclusiva y excluyente al Poder Legislativo.

“La presente demanda de proceso competencial tiene por objeto que se declare que el Poder Judicial carece de competencia para intervenir en algunos asuntos”, indican en las primeras líneas de la solicitud.

“A través de procesos ordinarios y/o constitucionales y/o, cuales quiera sea la denominación que se les pueda dar a sus pretensiones, respecto de las atribuciones exclusivas y excluyentes que son de competencia constitucional exclusiva del Congreso”, añaden en el documento oficial.

Como se recuerda, este caso se inició con la elección del nuevo titular de la Defensoría del Pueblo, donde se dictó una medida cautelar que, para sorpresa de muchos, ordenó la paralización del procedimiento.

Continuando con el caso, posteriormente, el juez reconoció que la modalidad elegida por el Legislativo y las etapas del procedimiento sí cumplían con los requisitos de la ley orgánica de la mencionada entidad.

Sin embargo, desde el Congreso de la República, se enfatiza que la “problemática” también se presentó en los procedimientos de elección de los miembros del Tribunal Constitucional.

Sobre el tema, el Parlamento se pronunció y destaca que con esta demanda competencial se busca garantizar la plena vigencia de su atribución constitucional para conducir investigaciones sobre cualquier asunto de interés público.

“Independientemente de si los involucrados tengan o no la prerrogativa de antejuicio político”, precisan firmemente sobre su posición ante este hecho, mientras detallan que cuando el recurso se admita a trámite por el Tribunal Constitucional, deberá ser absuelta por el Poder Judicial en el plazo de treinta días hábiles.

Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo pidió hace algunas horas al Ministerio de Justicia a que designe con prontitud a un nuevo procurador general del Estado, con el objetivo de reemplazar a Javier León Mancisidor, quien dejó su cargo a disposición el pasado domingo 9 de octubre.

A través de las redes oficiales de dicha institución, publicaron un mensaje dirigido a la cartera que lidera Félix Chero solicitando que el nuevo responsable debe poseer un basto conocimiento sobre el sector, así como la experiencia requerida.

Del mismo modo, señalaron que el elegido, debe ser una persona con idoneidad moral para realizar la labor de forma óptima y eficiente.

“Exhortamos al Ministerio de Justicia proceder la pronta designación de procurador/a general del Estado no solo cuente con acreditado conocimiento y experiencia, sino especialmente con idoneidad moral, para asegurar adecuada gestión en defensa y representación jurídica del Estado”, publicaron en su cuenta oficial de Twitter.

Dato

León Mancisidor señaló que la importante medida tomada por su persona (renuncia) es porque prefiere priorizar el bienestar de su familia luego de la serie de atribuciones que recibió por diversos cuestionamientos.

“Yo no he defendido ni a nivel investigación, ni a nivel procesal a ninguna persona que haya sido procesada por narcotráfico”, señaló en su momento ante los medios de comunicación.

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