Ante el riesgo de que el reinicio de obras de la III etapa de Chavimochic se dilate por más tiempo a raíz de la decisión del tribunal arbitral internacional de resolver el contrato con la concesionaria Chavimochic S.A.C., el Gobierno insiste que este megaproyecto de irrigación se sacará adelante el próximo año.
En ese sentido, la titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Patricia Ocampo, aseguró que el 30% faltante para culminar las obras del proyecto se realizará el 2023, para lo cual consideró que existen dentro de la Ley de Contrataciones del Estado formas bastante ágiles de ver el tema de ejecución.
Sin embargo, esta decisión se va a tomar una vez que se dé a conocer lo que hay detrás del laudo emitido por el tribunal arbitral de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. “Tenemos que comunicar y ser muy enfáticos en decir que Chavimochic va. Es una obra emblemática en la que todos, tanto Ejecutivo, Legislativo y la población está de acuerdo”, dijo Ocampo.
En cuanto al laudo, la ministra señaló que no pueden dar mayores detalles debido a que existe un período en la que tienen que llevar una estricta confidencialidad. Además, indicó que la única funcionaria autorizada sobre este tema es la procuradora del Midagri.
“Lo que puedo adelantar en todo caso, es que ya existe un diagnóstico de la situación del proyecto actualizada al 30 de setiembre, son más de 800 páginas y esto agiliza cualquier decisión que se tome”, agregó la titular del Midagri.
Cabe recordar que el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Aníbal Torres, al confirmar que ya no se trabajará en una nueva adenda para destrabar Chavimochic III consideró que se tiene que realizar un nuevo proceso de licitación, por lo cual expertos prevén que se podría tardar cuatro o cinco años más.
Consecuencias económicas
Ante el fallido reinicio y nuevo entrampamiento para el destrabe del proyecto, el presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, Alfonso Medrano Samamé, sostuvo que significará un duro golpe para la economía nacional, ya que se dejará de recibir US$ 2.000 millones en agroexportación y, sobre todo, hay 900.000 personas en riesgo de quedarse sin agua en la provincia de Trujillo.
Por su parte, el gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, precisó que en los 2 millones de liberteños había expectativa por la generación de 120 mil nuevos puestos de trabajo con las tierras que se iban a incrementar para la agroexportación y de asegurar el agua potable para la población trujillana y la sostenibilidad de todo el proyecto Chavimochic.
“La Planta de Tratamiento de Agua Potable, de propiedad del gobierno regional, solo abastece la demanda del 50% de la población, la que no recibe agua las 24 horas, y a los distritos solo llega por horas. Terminar la presa era asegurar el abastecimiento e incrementar la atención”, indicó la autoridad regional.
Aunque no se conoce el contenido o término del laudo, Llempén Coronel explicó que al salir el resultado el contrato con el Consorcio Chavimochic S.A.C. -integrado por Novonor (ex Odebrecht) y Aenza (ex Graña y Montero)- se resuelve automáticamente, lo que implica que para terminar Palo Redondo y la III etapa del proyecto se tendrá que esperar 4 o 5 años más.
“Reiniciar los trabajos y hacer el saldo del 30% de la presa como obra pública tomará más tiempo ya que se tendrá que hacer un nuevo expediente técnico. Además, la empresa que gane el concurso para su ejecución debe hacerse responsable de todo el proyecto constructivo, lo que es muy difícil que quieran”, comentó Llempén.
Propuesta y renuncia
Para una próxima solución, Llempén adelantó que propondrá al presidente de la República, Pedro Castillo, y ante el Consejo de Ministros, que el saldo de obra en Palo Redondo se haga por convenio de Gobierno a Gobierno y que se incluya en Reconstrucción ese saldo, considerando que el proyecto Chavimochic fue afectado por el fenómeno de El Niño Costero del 2017.
Ante este mal manejo para sacar adelante el megaproyecto, el gobernador regional pidió la renuncia o el cambio de la ministra Jenny Ocampo por haber ido contra los intereses de los dos millones de liberteños. “Esperamos ahora un pronunciamiento concreto del Gobierno Nacional para terminar la presa, sea cual fuere la modalidad”, enfatizó.
No obstante, comentó que cabría la posibilidad que la concedente y la concesionaria se pongan de acuerdo y pidan la nulidad del laudo.
Antecedentes
Palo Redondo se estaba financiando con un préstamo de la CAF por US$ 340 millones y en el avance del 70% de construcción de la presa y otros componentes de la primera fase de la III etapa de Chavimochic, se invirtieron US$ 220 millones.
Al parar la obra la constructora había presentado una valorización de avances por US$ 22 millones, lo que no se le llegó a pagar. En las negociaciones para reiniciar los trabajos y terminar la presa solo estaban pidiendo que se le pague esos 22 millones que ya estaban autorizados por la empresa supervisora luego de evaluar los avances ejecutados.
“Para terminar el 30% se les debe pagar US$ 118 millones. Eso se decía en la adenda y que la constructora no estaba exigiendo gastos generales o adicionales por la paralización de la obra. Desistieron de ello señalando que quería terminarla y cobrar el saldo, lo que era conveniente para los intereses de la región”, puntualizó Llempén.
Falta de firmeza impidió destrabar Chavimochic
A pesar que el Gobierno este año declaró de interés nacional la culminación de obras de la III etapa de Chavimochic como parte de su plan de reactivación económica, este megaproyecto de irrigación, ubicado en La Libertad, quedaría en el limbo por mucho más tiempo y esto ante la indecisión de las autoridades.
El gobernador regional de La Libertad lamentó que por falta de firmeza en funcionarios y ministros que pasaron por el Midagri, principalmente el anterior, Andrés Alencastre, y la actual titular Jenny Ocampo -a quienes declaró personas no gratas para La Libertad- no se haya concretado la adenda para destrabar la III etapa de Chavimochic.
“Lamentamos que en el Midagri no hayan cumplido la decisión política y compromiso del presidente de la República y el premier para el destrabe”, dijo la autoridad regional.
Durante su presentación en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, el premier Aníbal Torres comentó que la adenda no llegó a un buen puerto debido a que ningún ministro quiere firmar este documento por temor a consecuencias penales.
“En cuanto a Chavimochic tengo que lamentar mucho que no hemos podido superar esto en el Ejecutivo porque todo el mundo tiene miedo. El ministro anterior decía voy a ir preso si confirmo esto. Cuántas veces les hemos hecho sentir que hay aprobación social y política. No obstante, eso, no hemos podido vencer la dificultad, y el Tribunal Arbitral ya resolvió el contrato, de manera que ya no hay más adenda”, dijo el premier.
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