“Para nosotros no hay justicia. El asesino de mi hija ha salido libre porque el juez lo determinó, pero él ya aceptó que la mató”, lamenta Rosa Huaira Lanasca, madre de la adolescente de 17 años que se convirtió en la primera víctima de feminicidio en Perú durante este año. Diez meses después del crimen su verdugo disfruta nuevamente de su libertad bajo el manto de impunidad de un sistema de justicia que no defiende a las mujeres.
La pesadilla de Rosa inició en enero de este 2022, cuando le dieron la noticia de que su hija Maricarmen, de solo 17 años, yacía muerta en un estadio del distrito de San Pedro de Coris, en Huancavelica. Su enamorado Jafet Renzo Blaz Quispe, un año mayor que ella, la asesinó a golpes durante la madrugada del primer día del año.
Confesión del crimen
Solo cuatro días después del feminicidio de la menor, la Fiscalía Provincial Penal de Churcampa, logró que se ordene prisión preventiva por nueve meses contra el sujeto. Una vez recluido, el abogado defensor de Blaz Quispe, Mario Alfredo Oré Prado, solicitó la adecuación del tipo penal a favor de su cliente.
Según la revisión que realizamos del documento presentado el 15 de enero, el abogado defensor de Blaz Quispe indica que este se reconoció como el autor del delito e incluso intentaron justificar el hecho como una respuesta por celos y culparon a la víctima de los hechos.
“Mi patrocinado entró en celos lo cual le ocasionó una situación desagradable, manifestándose esto en una reacción de ira de un nivel muy alto, manifestándose esto en una reacción de ira de un nivel muy alto con manifestaciones de agresividad debido al sentimiento de cólera provocado por la misma occisa (...) El hecho provocante para la acción fue la conducta de la propia víctima”, señala este texto.
No vamos a entrar en los detalles del crimen perpetrado contra la adolescente, pero en este mismo papel se detalla cómo sucedieron los hechos, puesto que Jafet Blaz confesó a su defensa cómo habría sucedido este.
La madre de la víctima indica que durante las audiencias el investigado también manifestó esta versión a fin de lograr cambiar la tipificación del crimen de feminicidio a homicidio por emoción violenta.
Sin embargo, luego este cambió de versión y obstaculizó la investigación con las ausencias de su abogado que no permitieron desarrollar diligencias de ley, según denuncia Rosa.
“Él aceptó primero, incluso hay un documento, pero ahora al último dice que no es él sino es otro, pero entonces por qué aceptaría estar en la cárcel, ya hablaría. Tienen suficiente prueba de cómo describe cómo la mataron, todo está. Dónde más, qué más quieren”, dice una madre de voz entristecida por la injusticia.
Justicia que tarda no es justicia
Ya a fines de septiembre, la familia de Maricarmen se enteró que el juez Jesús Andrés Sotelo Juzcamaita del Juzgado de Investigación Preparatoria de Huanta rechazó el pedido de ampliación de prisión preventiva del fiscal Cesar Huayanay Huaman contra el presunto feminicida por siete meses más, pero no fueron informados de cuándo saldría en libertad.
No fue hasta que la hermana mayor de la víctima lo vio en Huancayo. Entonces el temor invadió a la joven de 21 años y a su madre, pues oficialmente él quedó en libertad desde el 1 de octubre.
“Cuando llamé al fiscal para que me diga si es cierto o no, me dijo que no sabía. Por qué me ocultan la información. Luego me dicen que saque a mi hija mayor de Huancayo, junto a la abogada del Ministerio de la Mujer que ve mi caso, pero yo no tengo dinero para sacarla y ella estudia. El chico ya aceptó todo lo que hizo, pero ahora lo han soltado. por eso nos sentimos mal, no sé a donde quejarnos, corremos el riesgo”, señala.
También precisa que la Fiscalía no realizó las diligencias pertinentes, lo cual también está argumentado en el documento que declara infundada la ampliación de la preventiva.
“No se pudo ingresar a visualizar la información del celular del acusado por falta de clave del ‘patrón’, no se obtuvo el resultado de dosaje etílico del acusado, no se materializó su examen psicológico, por cuanto el acusado requirió de su abogado de libre elección, hechos que importaron una especial dificultad en la investigación”, señala el expediente.
Bajo estos argumentos, el juez Sotelo Juzcamaita determinó que prolongar la prisión preventiva de Blaz Quispe no es “legítima” y se dispuso que quede en comparecencia restringida, por lo que acudirá al juzgado cada 15 días, medida que los familiares de Maricarmen consideran injusta debido a las pruebas existentes.
Por ejemplo, el acusado fue encontrado con rastros de sangre, pero hasta la fecha no se ha efectuado el análisis de ADN.
Hasta fines de agosto se perpetraron 75 feminicidios en todo el Perú, según las estadísticas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Como en el caso de Maricarmen, otras diez menores de edad fueron víctimas de este delito.
“El Estado no nos protege, nos ha dicho que nos va ayudar pero dónde están, soy pobre, si tuviera plata yo ya hubiese logrado justicia para mi hijita. Como dicen, para un pobre no hay justicia”, finaliza una adolorida madre que ahora pide protección para ella y su hija mayor.
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