—Lo único que hizo fue alzar la voz, como todos los nicaragüenses. Ese, según ellos, es el delito que ha cometido.
“Ellos”, como los llama Kenia González, son los operadores de justicia que estuvieron detrás de la condena y detención injusta de su hermano, Lesther Alemán, un líder estudiantil nicaragüense de 24 años y opositor a Daniel Ortega, presidente de Nicaragua cinco veces consecutivas.
La persecución al joven opositor inició en 2018, cuando le exigió al dictador que renuncie a la presidencia del país centroamericano, durante la primera sesión de la mesa de diálogo nacional transmitida en vivo.
El estudiante de Comunicación Social tenía la esperanza de que el cuestionado presidente deje de perseguir a los nicaragüenses que se oponían a su régimen. Pero en julio de 2021, Lesther Alemán se convirtió en un preso político más de Nicaragua.
La jueza Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, fiel a Daniel Ortega, lo condenó a 13 años de prisión por el delito de “menoscabo a la integridad nacional”, en una sesión donde el representante del Ministerio Público le pidió que callara al líder estudiantil.
No hubo pruebas suficientes, pero ya lleva 15 meses tras las rejas, donde le restringen el acceso a las visitas de sus familiares, derecho que sí reconocen en otros reos. Tampoco atienden sus males de salud.
Presos políticos en Nicaragua
Al igual que Lesther Alemán, otras 204 personas fueron detenidas por manifestarse en contra de la dictadura de Daniel Ortega hasta agosto de 2022, según un informe publicado por el Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas, organización que agrupa a familias, abogados y asociaciones defensoras de nicaragüenses opositores de Ortega.
Del total de detenidos, 182 permanecen en prisión con una condena y otros 3 son investigados. Se desconoce el estado judicial de 20 personas.
El informe hace hincapié en que existen otros presos políticos que no quieren hacer públicas sus identidades por temor a las represalias que el régimen puede cometer contra sus familiares.
La persecución política que sufren estas personas es considerada como un delito de lesa humanidad, según la Corte Penal Internacional, creada mediante el Estatuto de Roma, que Nicaragua no ratificó.
Claudia Samayoa, vicepresidenta de la Organización Mundial contra la Tortura, explicó que tras ser perseguidas, las personas opositoras al régimen de Nicaragua llegan a ser condenadas injustamente y dentro de las prisiones son víctimas de tortura, pues les restringen el acceso a salud, a las visitas regulares de sus familiares y otros derechos humanos.
Las torturas y detenciones arbitrarias utilizadas por el régimen de Ortega, en Nicaragua, también se vienen observando en Venezuela, Cuba y otros países de Latinoamérica, en menor intensidad, desde hace casi 15 años. Samayoa resalta que son prácticas que solían cometerse durante las dictaduras militares del siglo veinte.
“Cuando coinciden estos dos aspectos, la detención arbitraria y las motivaciones políticas, la utilización de la tortura y de los tratos crueles e inhumanos es casi concomitante. No importa si estás hablando de un gobierno de izquierdas o de derechas (...)”, explicó.
En Latinoamérica, las detenciones arbitrarias son utilizadas por regímenes de tendencia política izquierda o derecha para mantenerse en el poder y castigar a los que buscan cambios o nuevos representantes.
La persecución política, que deviene en detenciones injustas de ciudadanos opositores al régimen de Ortega, no solo se comete contra militantes de partidos políticos que aspiran a ocupar el poder. En Nicaragua, Samayoa indica que algunas detenciones y condenas injustas se cometieron contra ciudadanos que estaban hartos de las medidas del dictador nicaragüense.
“Pero hay otra modalidad, además de las motivaciones políticas que vemos en todo el continente, y es la protesta, que se da cuando hay una oposición al régimen. (...) Allí es donde se parecen más los contextos de Cuba, Venezuela y Nicaragua”, aclaró.
Tras privarlos de su libertad de forma irregular (sin órdenes de detención, vestidos de civiles, sin identificarse), la Fiscalía usa leyes que el régimen creó para castigar a sus opositores con el fin de condenarlos.
En Nicaragua los juicios suelen llevarse ante magistrados fieles al régimen de Ortega. La presentación de los casos son privados y se niega el derecho a la defensa, lo que evidencia un trato cruel, según el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas.
Para que cumplan las condenas impuestas irregularmente, se han creado cárceles donde mantienen específicamente a los opositores al régimen. Allí, permanecen aislados; les impiden mantener mucho contacto con sus familiares o con observadores. Tampoco acceden a servicios de salud.
“La ley para perseguir, para criminalizar, es muy rápida en meterte preso y después se vuelve lenta. Ya después para que te liberen y ellos digan que eres inocente tres años después, es otra cosa. La política de Nicaragua es otra: te capturo y de una vez decido que eres culpable.(...) Cuba y Venezuela tratan de disfrazar el proceso penal”, señaló.
Condenan opositores en Cuba
El médico cubano Eduardo Cardet se encontraba de viaje con su esposa en los Estados Unidos, cuando recibió una amenaza por llamada telefónica. Le aseguraron que si retornaba a Cuba lo iban a desaparecer.
Antes de que recibiera la amenaza, había criticado al gobierno cubano y propuesto la ley electoral “Un cubano un voto” para que los ciudadanos cubanos puedan elegir a su representante en las urnas.
—Apenas retornó de Estados Unidos y salió por primera vez después de su llegada, a casa de nuestros padres, en horarios de por la noche, alrededor de 7 y media u 8, alrededor de 5 oficiales vestidos de civil, lo supimos luego, pero en ese momento eran personas desconocidas vestidas de civil sin identificación, arremetieron contra él, que venía en una bicicleta. Se abalanzaron contra él y lo golpearon salvajemente. Eso fue frente a su casa, frente a su esposa, hijos y vecinos —narra su hermana Miriam Cardet.
Eduardo Cardet permaneció inubicable durante siete días. Su hermana cuenta que por insistencia de su familia le permitieron visitarlo y acceder a un abogado. El 3 de marzo de 2017 lo condenaron por supuestamente haber herido a uno de los policías no identificados que lo detuvo. Ignoraron el testimonio del policía, quien afirmó que él mismo se hizo daño por los golpes que propinó contra el médico.
—Los del tribunal regañaron al oficial. Nervioso, pálido, pero el oficial dijo la verdad. Dijo que mi hermano no lo había herido. Los jueces no quisieron reconocer los certificados médicos. La mayoría de las pruebas no las consideraron. Pero quedó muy claro en el juicio que fueron ellos los que arremetieron contra mi hermano —asegura.
Lo condenaron a 3 años de cárcel. Durante su primer año, le permitieron recibir visitas en lugares cerrados y grababan todo. Le impidieron hacer llamadas.
Samayoa, de la Organización Mundial contra la Tortura, explicó que en Cuba, a diferencia de Nicaragua, no se crean leyes para perseguir a los opositores, pues estas ya existen; fueron creadas a raíz de la revolución cubana.
Por ejemplo, las protestas ciudadanas que estallaron en julio de 2021 en contra del gobierno de Díaz-Canel fueron malinterpretadas como acciones contra el sistema de seguridad cubano.
En realidad, de acuerdo al estudio “Un año sin justicia: patrones de violencia estatal contra manifestantes del 11J”, las protestas buscaban el cambio del modelo estatista por el impacto económico de la pandemia del coronavirus, el difícil acceso a productos de primera necesidad y la carencia de medicamentos e insumos.
“En Cuba se usa de forma rígida la legislación. No se genera nueva legislación. Piensan: ‘aquí hemos estado defendiéndonos del imperio por el embargo y el espionaje’. El problema no está en la existencia de una ley contra el espionaje, todos los países lo tienen, sino en quién decide quién es espía y quién no. Cuando esa decisión está en un actor ajeno al sistema judicial, ahí es donde se da la detención arbitraria”, explicó.
Entre el 1 de setiembre de 2021 y el 31 de agosto de 2022, se han encarcelado a 1.253 personas opositoras al gobierno de Díaz-Canel, según el Informe Mensual de Prisioneros Políticos elaborado por la organización Prisoners Defenders. La cifra viene aumentando desde 2019.
Según el estudio, comprobaron que todos ellos son torturados mediante una investigación de 101 casos escogidos de forma aleatoria, que denunciaron ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas.
El comité también elaboró un informe sobre los casos de tortura cometidos contra presos políticos en Cuba, donde detallan que niños y niñas cubanas también fueron detenidas y condenadas por expresarse contra el régimen.
“Este mes de agosto, nueve niños están sometidos a un proceso penal”, se lee en el informe.
Venezuela, un caso complejo
Hasta el 29 de setiembre de 2022, en Venezuela, 142 ciudadanos y 171 militares se encuentran en prisión por oponerse al régimen de Nicolás Maduro, según el Observatorio Nacional de Derechos Humanos.
El panorama del país latinoamericano sobre las detenciones arbitrarias es complejo, pues persiguen y condenan a opositores políticos, periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos que critican el régimen.
Un caso reciente es el de José Javier Tarazona, Omar García y Rafael Tarazona, quienes en julio de 2021, fueron detenidos de forma arbitraria cuando salían del Ministerio Público, donde denunciaron haber sido hostigados por la Policía y otros sujetos armados que no se identificaron.
Un día después, los trasladaron al Tribunal Tercero de Control de la Circunscripción Penal del Área Metropolitana de Caracas y los denunciaron por terrorismo, instigación al odio y traición a la patria.
“Es una vieja conducta. Donde hay guerra nadie entra porque inmediatamente son considerados enemigos del Estado porque están cubriendo del lado de contra quien yo lucho. En Venezuela hay una relación compleja de formas en que el Estado venezolano ha identificado a sus enemigos. Al final, es lo mismo. No quieren que se sepa, no quieren perder el control político, social y el control de información”, explicó.
Para condenar a los ciudadanos opositores, el Estado venezolano usa un conjunto de leyes que les permiten penalizar las protestas sociales.
Desde la perspectiva de Samayoa, estas prácticas condenables no motivó las detenciones arbitrarias cometidas en Cuba y Nicaragua. Para ella, una de las causas fue el silencio de la comunidad internacional frente a estos casos porque creyeron que en Venezuela, al haber una propuesta de izquierda, las persecuciones estaban justificadas.
“El problema es darle un sesgo político a lo que estrictamente es una violación de derechos humanos (...). El poder puede o no tener ideología. En Guatemala lo que se defiende es la corrupción y la impunidad. No tiene nada que ver con la derecha y la izquierda. Cada vez en el mundo se ve más esa tendencia”, precisó.
Casos impunes
Hasta la fecha la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha castigado a los operadores de justicia de los estados de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Samayoa señaló que los procesos en esta instancia tardan muchos años y que las sentencias pueden o no ser cumplidas por los Estados.
En algunos casos, se ha logrado la liberación de algunos presos políticos, pero no hay castigo ni reparación para los policías, fiscales, jueces y dictadores que cometieron la detención arbitraria y violaron derechos humanos de los opositores.
“La OMCT (Organización Mundial Contra la Tortura) ha acompañado recientemente a los cubanos y nicaragüenses presentándose ante el Consejo de Derechos Humanos en la esperanza de que pueda haber una sanción un poco más fuerte”, concluyó.
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