El último jueves el Gobierno designó al abogado Javier Wilfredo León Mancisidor, como Procurador General del Estado; en reemplazo de la abogada María Aurora Caruajulca Quispe. Mediante la resolución suprema N.º 189-2022-JUS, publicada en el boletín de las Normas Legales del diario oficial El Peruano, se oficializó la designación con la firma del presidente de la República, Pedro Castillo, y la del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero Medina.
El nombre de Javier León no es desconocido, se trata de un abogado con cercanía al exdueño de Aerocontinente, Fernando Zevallos, alias “Lunarejo”, que fue condenado por el delito de narcotráfico y lavado de activos.
León Mancisidor fue investigado por la Décima Fiscalía Penal Provincial de Lima por la presunta apropiación ilícita para delinquir, falsificación de documentos y fraude procesal a favor de Fernando Zevallos, por permitir al preso narcotraficante evitar el desalojo de su familia de su residencia de Las Casuarinas, la cual está valorizada en un millón de dólares.
Además León Mancisidor fue asesor del congresista fujimorista Carlos Tubino entre 2012 y 2013, mientras era investigado. Por entonces, el congresista de Fuerza Popular manifestó que había contratado al abogado por una recomendación y para ocupar el lugar de uno de sus asesores que había dejado de laborar. Tubino también dijo que no tenía conocimiento de las investigaciones por parte de la Fiscalía que se seguían en contra de León Mancisidor.
Pese a los cuestionamientos, según un comunicado de la Procuraduría General del Estado, Javier León Mancisidor cumple con los requisitos para asumir el cargo y resalta que goza de idoneidad profesional.
Designación del nuevo procurador
En la resolución del nombramiento de Javier Wilfredo León se recuerda que la Procuraduría General “es la entidad competente para regular, supervisar, orientar, articular y dictar lineamientos para la adecuada defensa de los intereses del Estado, a cargo de los procuradores públicos, conforme a lo establecido en el artículo 47 de la Constitución”.
Esta instancia es confirmada por 3 integrantes: el procurador general, que es designado por el Presidente de la República, a propuesta del Ministerio de Justicia; un representante de dicha cartera ministerial y otro de la Contraloría.
En tanto, con la Resolución Suprema 188-2022-JUS, se dio por concluida la designación de María Caruajulca Quispe como procuradora general del Estado.
En uno de los considerandos de esta disposición se indica que el presidente “puede remover por causal de pérdida de confianza a los titulares, jefes, presidentes o integrantes de los consejos directivos o directorios de los organismos públicos, con excepción de los organismos reguladores que actúan en representación del Poder Ejecutivo”.
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