Loreto: indígenas urarinas exigen atención médica y agua a casi cuatro meses de derrame de petróleo

“El agua es lo que más necesitamos, es urgente. Nosotros estamos sobreviviendo tomando aguas contaminadas, nos están matando”, dice el apu Gilberto Inuma, sobre la falta de atención estatal tras el derrame de petróleo ocurrido hace casi cuatro meses en territorio de las comunidades indígenas urarinas, ubicado en la cuenca del río Chambira, distrito Urarinas, en la región Loreto. El líder amazónico también denuncia que la población sufre problemas de salud debido a la expansión del crudo y la falta de atención médica pese al tiempo transcurrido.

Ante las quejas constantes de dolores de estómago, diarreas, vómitos y otros malestares físicos, 16 comunidades nativas agrupadas en la Federación de Pueblos Indígenas Urarinas de la Cuenca del Chambira - Rio Chambira (Fepiurcha) reiniciaron medidas de fuerza para exigir la presencia del Gobierno y el cumplimiento de acuerdos de atención sanitaria ya pactados a inicios de agosto, es decir desde hace dos meses.

La huelga incluye la toma de uno de los cinco yacimientos petroleros: Chambira (Batería 8), ubicado en el distrito de Urarinas. También el bloqueo fluvial a la altura del km 92, aunque este aún se mantiene flexible debido a las recientes elecciones municipales y regionales de este domingo 2 de octubre. Esta semana, las comunidades acordaron intensificar sus protestas, según advierte Inuma, presidente de Fepiurcha.

Actualmente, los indígenas urarinas se movilizan en la comunidad nativa Nueva Unión, a la que también llegaron nativos de La Petrolera, Santa Teresa, Santa Rosa de Patoyacu, Progreso, Nuevo Perú, San Lorenzo, Ollanta, Santa Beatriz, Santa Elena, Bellavista y San Pedro de Patoyacu, entre otras, pues la población reclama el envío de donaciones de agua y brigadas de atención sanitaria para unos 4000 pobladores que viven en la zona. Además, solicitan la presencia del presidente Pedro Castillo en la zona.

Al caer la tarde del 7 de junio de este 2022, entre las comunidades nativas La Petrolera y Santa Teresa, ubicadas cerca al río Chambira, se dio la primera alerta de una gran mancha de petróleo. Fue exactamente en el kilómetro 56 del Oleoducto Corrientes-Saramuro, ámbito del Lote 8, lugar donde se ubican las tuberías de crudo de la empresa Pluspetrol Norte SA, multinacional energética que ha iniciado un proceso de liquidación desde el 2020 sin aclarar cómo descontaminarán 373 zonas afectadas por su actividad.

El primer urarina que vio las manchas extenderse dio la alerta del desastre ambiental a su comunidad y posteriormente un grupo de trabajadores kukama de Pluspetrol informó a la empresa sobre lo sucedido; por lo que la compañía contrató a 11 locales para extraer el crudo en varios barriles, pero no les dio implementos de bioseguridad como mascarillas, lentes o mamelucos. No fue hasta casi un mes después que decidieron protegerlos, según denunciaron medios locales de la región Loreto.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) junto a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (Fema), llegaron a la zona afectada una semana después, mientras que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) llegó un mes después para realizar la toma de muestras de agua contaminada.

Debido a la lentitud para remediar el desastre, Inuma denuncia que el petróleo llegó a extenderse hasta la quebrada Patoyacu, una fuente de agua de uso y consumo cotidiano para las comunidades. E incluso manchas oleosas se visualizan en el río Chambira.

Ante estas negligencias de la atención estatal, los indígenas urarinas iniciaron una huelga indefinida el pasado 13 de julio, por lo que las autoridades del Ejecutivo solicitaron una tregua de 30 días, lapso en el que se ejecutarían las medidas de atención a los pueblos afectados.

Ya el 1 de agosto, en la ciudad de Nauta, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) suscribió una acta en las autoridades estatales se comprometieron a enviar brigadas de atención del Ministerio de Salud para atender a 14 comunidades, la entrega de botellas de agua por parte del municipio distrital y la instalación de una mesa de diálogo con los urarinas de la cuenca del Chambira, de acuerdo a un documento que revisamos.

Esto no ocurrió así, según denuncian.

“El 20 de agosto se comprometieron a instalar una Mesa Técnica para que nosotros, con nuestras federaciones y ellos con su equipo técnico íbamos a discutir cuál es lo prioritario que vamos a dar y era para que estos acuerdos se empiecen a ejecutar el 1 de septiembre, pero no se ha realizado la reunión. Hasta ahora no tenemos resultados positivos por parte del Estado”, dijo Gilberto Inuma.

Ante los incumplimientos las comunidades retomaron su huelga, a fin de que sus voces, sus clamores y pedidos sean atendidos, pues consideran que el pueblo urarina de la cuenca del Chambira es discriminada históricamente, ya que a la fecha no cuentan con puestos o centros de salud y para llegar al más cercano, el de Maipuco, deben trasladarse hasta por dos días a través del río.

“El pueblo ha retomado la medida de fuerza porque ya no confiamos en los acuerdos, el Estado sigue dilatando el tiempo, nos siguen discriminando y excluyendo a la cuenca del Chambira. Más que nunca nosotros necesitamos las atenciones, esa es la única forma en el que los pueblos puedan recibir atenciones de salud por parte de las brigadas”, añadió el líder indígena.

Hoy pagan el precio de estas desatenciones con la falta de alimentos y agua en buen estado.

“Ese derrame está cerca de las cochas y la correntada de agua las traslada”, dice Inuma quien advierte que las comunidades aún sufren los impactos de otro derrame ocurrido en el 2013, pues debido a la falta de limpieza el petróleo se asienta en la tierra y en las épocas inundables los rezagos del hidrocarburo vuelven a aflorar.

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), representante de más de 2000 comunidades indígenas, señaló que apoyan las protestas de los urarinas.

“Nos unimos al llamado de nuestros hermanos y hermanas urarinas e instamos a la Defensoría del Pueblo y a la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso de la República a fiscalizar al Ministerio de Salud (Minsa) y al Gobierno Regional de Loreto”, indicó la organización.

Desde Lima los susurros de derrames de petróleo en la Amazonía parecen un ruido lejano, que no afecta la vida de la capital, por lo que las autoridades apenas prestan atención. Sin embargo, para quienes viven en los alrededores de las zonas afectadas la vida se detiene, no pueden beber agua limpia, no pueden pescar, no pueden comer.

Lo cierto es que durante las operaciones de Pluspetrol Norte, según información de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Oxfam, esta compañía fue la responsable del 30,5% de los derrames ocurridos en el sector hidrocarburos entre 2000 y 2019. Del total, más del 70% de las causas de los derrames fueron por corrosión y fallas operativas. Solo en el Lote 8 ocurrieron 189 derrames en dicho lapso.

En los 54 años de operación de la multinacional, con los lotes 192 (ex 1AB) y 8, sus trabajos cambiaron la vida de las poblaciones de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes, Marañón y Chambira, que territorialmente abarcan los distritos loretanos de Tigre, Trompeteros, Nauta, Urarinas y Parinari . En dicho territorio existe una población de 26 328 habitantes pertenecientes a los pueblos indígenas Achuar, Kichwa, Urarinas, Kukama-Kukamiria, Kandoshi y Quechua, quienes han sido los principales afectados de la contaminación de 373 sitios a los que podría abandonar sin remediarlos ambientalmente.

Ya en el 2018, la Defensoría del Pueblo advirtió que la población del ámbito de influencia de este lote se hallaba en una situación de riesgo por exposición a metales pesados. Hecho que se agrava por los constantes derrames de petróleo y la postergación del inicio de las acciones de remediación ambiental, de acuerdo al informe.

Además, esta vez por responsabilidad de Petroperú S.A. el pasado 16 de setiembre de de este año ocurrió un nuevo derrame de aproximadamente 2500 barriles de petróleo crudo a la altura del kilómetro 42+092 del Tramo I del Oleoducto Norperuano (ONP), que llegó hasta el río Marañón y afectó a otro grupo de 15 comunidades nativas kukama, ubicadas en los distritos de Urarinas y Parinari.

A diferencia del caso de los urarina de la cuenca del Chambira, este sector fue declarado en emergencia ambiental por el Ministerio del Ambiente (Minam), pero aún se mantienen las tensiones debido a la falta de entrega de alimentos y agua por parte de la petrolera.

Loreto está herido por constantes derrames de petróleo. Entre 1997 y 2021, se reportaron 1.002 derrames de crudo en todo el territorio nacional, de los cuales el 56% ocurrió en la selva peruana, conforme a los datos recopilados en el informe La sombra de los hidrocarburos en el Perú.

“Los urarina hemos sufrido muchos años, desde muchas décadas en la cuenca del Chambira nos vienen contaminando. Seguimos siendo discriminados, atropellados nuestros derechos. El pueblo urarina hoy se ha levantado a protestar en defensa de salvaguardar la vida de nuestros hijos y la vida de todos los seres humanos de nuestra cuenca”, finaliza.

SEGUIR LEYENDO