Antony Blinken visita mercado de Chorrillos y cuestiona daño ecológico que origina pesca ilegal

Esta mañana el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, visitó el mercado artesanal de pescadores de Chorrillos (Lima), donde anunció el lanzamiento de un programa de US$ 18.5 millones con el propósito de trabajar con las comunidades locales para promover la pesca artesanal sostenible y combatir la captura ilegal de especies marinas en Perú y Ecuador.

En su recorrido por el centro de abastos de especies marinas de la capital peruana, el diplomático estadounidense degustó un sándwich de pescado y conversó con productores locales, quienes le dieron a conocer sobre las principales problemáticas que atraviesan las familias que viven de la pesca en cuanto a la pesca ilegal que amenaza su principal recurso de subsistencia.

En ese sentido, Blinken subrayó que, a través de esta inversión, Estados Unidos busca promover el equilibrio entre la conservación de los ecosistemas marinos con el crecimiento económico equitativo y los derechos de los pescadores artesanales. “Hacemos un llamado a otros países para que participen activamente y apoyen a la comunidad internacional en la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada”, añadió.

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, cerca de 67 mil personas se dedican en Perú a la pesca minorista, que aporta US$ 1.500 millones anuales a la economía peruana.

“Hoy vi de primera mano cómo la pesca ilegal amenaza la salud de nuestros océanos y, como resultado, los medios de vida y la seguridad alimentaria de las comunidades costeras. Los Estados Unidos se compromete a combatir la pesca ilegal a nivel mundial y continuará apoyando a los países costeros y a sus comunidades a enfrentarla”, señaló el secretario de Estado.

Por su parte, Ricardo Laos, presidente de la Asociación José Silverio Olaya Balandra de Pescadores Artesanales de la Caleta de Chorrillos, informó a Blinken que cada vez hay menos peces, por lo cual tienen que ir mar adentro por varios días para encontrarlos. “Esto nos crea problemas de comercialización. Somos muchas familias las que vivimos de la pesca”, agregó.

En tanto, Jessica Hidalgo, directora del proyecto y representante de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), sostuvo que la captura ilegal de recursos marinos amenaza los medios de subsistencia de mujeres y hombres que buscan operar negocios de pesca honestos y responsables. “Además, sabemos que los consumidores quieren que la industria y los gobiernos evidencien su liderazgo frente a este reto. La meta es poder confiar que estos productos del mar se capturen de forma humanitaria y respetuosa con el ambiente”, destacó.

Con la iniciativa lanzada por el país norteamericano se busca empoderar a las organizaciones pesqueras artesanales y actores claves que contribuyan con el fortalecimiento y la formalización de pescadores especializados en las especies de atún, perico, pota y pulpo en lugares estratégicos de Ecuador y Perú.

A su turno, Marcela Escobari, administradora adjunta para América Latina y el Caribe de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), indicó que, con un flujo financiero ilegal estimado en 23,000 millones de dólares anuales, la pesca Ilegal, no declarada y no regulada suele estar asociada a otros crímenes transnacionales organizados, como el tráfico de drogas y armas, el trabajo humano forzado y la trata de personas.

Asimismo, desde Washington se denuncia que la pesca ilegal cuesta decenas de miles de millones de dólares cada año, supone una amenaza a la seguridad marítima y daña el medioambiente.

El Departamento de Estado ha declarado las costas de Latinoamérica y el Caribe como zonas “prioritarias” para la seguridad marítima, un asunto que ha abordado con países como Ecuador y Chile, además de Perú.

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