Una nueva denuncia constitucional se presentó en contra del presidente Pedro Castillo. En esta ocasión, fue el congresista no agrupado Edward Málaga quien lo acusa por un uso indebido del avión presidencial y posible encubrimiento de un prófugo de la justicia, su sobrino Fray Vásquez.
El propio parlamentario dio a conocer su accionar a través de sus redes sociales, desde donde indicó que “el juicio político al presidente es obligación moral del Congreso y corre independiente al eventual proceso de vacancia”.
Junto a su tuit, el hombre de ciencia compartió el oficio que envió a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República, Lady Camones.
El documento manifiesta que “corresponde acusar constitucionalmente al denunciado por haber perpetrado”: los deberes con la Nación, al principio constitucional de la buena administración pública y al principio de separación de poderes.
Como se recuerda, esto se origina tras la polémica generada en torno a los pasajeros del avión presidencial en el vuelo hacia la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque, el pasado 23 de junio, entre los que destaca la presencia de “Lay Vásquez Castillo”, quien fue registrado como “sobrino” del mandatario con el número de DNI 97069630, sin embargo, dicho número no tendría relación con la mencionada persona.
De acuerdo a la investigación del Centro Liber, “Lay” no sería otro que Fray Vásquez Castillo, uno de los prófugos del actual gobierno y que es buscado de manera intensa por la Policía Nacional.
La teoría planteada es que el jefe de Estado habría propiciado el escape de su sobrino, quien habría ocupado una identidad falsa para abordar el avión presidencial y darse a la fuga, puesto que “Lay” no registró su vuelo de regreso en dicha ocasión.
Traición a la patria
La acusación presentada por Málaga no es la primera que recibe Castillo Terrones. Hace unos meses, un grupo de congresista de oposición lo denunciaron constitucionalmente por traición a la patria, luego que dijera, en una entrevista internacional, que existía la posibilidad de otorgar a Bolivia una salida al mar.
“No lo dije como presidente. Es una idea. Pero ahora le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. Si el Perú está de acuerdo…jamás haría que cosas que el pueblo no quiera”, dijo Castillo Terrones aquella vez.
“Yo no lo estoy diciendo que le voy a dar el mar para Bolivia (…) Ahora nos pondremos de acuerdo, le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste”, agregó Pedro Castillo, según lo que señala la acusación.
El informe final de dicha denuncia fue presentado por el parlamentario de Acción Popular, Wilson Soto, el pasado 8 de agosto. En el documento recomienda que se inhabilite al jefe de Estado del ejercicio de la función pública por un periodo de cinco años por el supuesto delito de traición a la patria. Según el documento, Castillo Terrones habría violado los artículos 32, 54, 110, 118 incisos 1, 2 y 11 de la Constitución Política del Perú.
“Apreciándose que el máximo representante de la república mediante sus declaraciones demostró su intención de transgredir el mandato de la Carta Fundamental, se concluye y se recomienda: Acusar por juicio político al investigado José Pedro Castillo Terrones, en su condición de Presidente de la República, por infracción de los artículos 32, 54, 110, 118 incisos 1, 2 y 11 de la Constitución Política del Perú; y, de acuerdo al artículo 100 de la Carta Magna, proponemos que se imponga la sanción de inhabilitar por cinco años para el ejercicio de la función pública”, indica el congresista.
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