Fiscalía reabre caso contra procuradora general del Estado por no entregar información

La situación legal de la procuradora general del Estado, Aurora Caruajulca Quispe, se complica cada vez más. La Fiscalía Superior de Lima-Norte reabrió el pasado 2 de setiembre una investigación por el presunto delito de desobediencia a la autoridad contra la funcionaria por su labor cuando estaba en la Municipalidad Distrital de Comas.

Según el diario Perú 21, en 2020 el ciudadano Dylan López denunció a los funcionarios de la municipalidad antes mencionada por negarse a entregar información sobre todas las denuncias y acciones que había realizado la Procuraduría de la comuna desde la asunción del alcalde Raúl Díaz Pérez (2019). Lejos de responder, la procuradora Caruajulca tuvo una respuesta insólita.

La funcionaria señaló que no podía conceder el pedido porque habían nombres y casos que eran “reservadas”. Sin embargo, su argumento fue desestimado por el Tribunal de Transparencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al que recurrió el ciudadano López.

Este caso fue archivado, pero el fiscal superior Rolando Chávez dispuso el plazo de investigación por 30 días más y será la fiscal Jenny Rurush Díaz quien deberá retomar el caso de la procuradora Caruajulca.

Sin embargo, este no es el único cuestionamiento contra la procuradora Aurora Caruajulca, que asumió este puesto en reemplazo del abogado Daniel Soria, quien fue expectorado tras haber presentado una denuncia contra el presidente por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias a raíz del caso Puente Tarata.

Según el informe de orientación de oficio Nº 013-2022-OCI/0281-SOO, de la Contraloría General de la República, se advierte que en el proceso de selección de la procuradora Caruajulca no se solicitó su declaración jurada que acreditará no haber cometido faltas de idoneidad en el ejercicio de la defensa jurídica del Estado.

El órgano de control detalla que a la funcionaria le solicitaron que informara si tenía procesos administrativos en curso como resultado de denuncias, pero la respuesta fue que lo haría si resultará, finalmente, elegida para el cargo que postula.

“La situación advertida, respecto a que en el proceso de designación de la Procuradora General del Estado, no se solicitó la Declaración Jurada de no haber cometido faltas a la idoneidad en la defensa jurídica del Estado y la existencia de hechos denunciados y tramitados [...] hacen posible que la labor de evaluación de esos hechos, sea afectada en su imparcialidad”, se considera en el informe.

En esa línea, se detalla que el informe de evaluación que se hizo de la hoja de vida de Caruajulca requería del registro si contaba con procesos abiertos. La Oficina General de Recursos Humanos del Minjusdh también indicó que era la propia Procuradoría General del Estado “debió solicitar esas declaraciones juradas”.

En respuesta, la entidad informó que no contaban con la referida declaración jurada de Caruajulca. Por ello, la Contraloría determina que tanto la cartera de Justicia como la Procuradoría General del Estado “no le solicitaron a la señora María Aurora Caruajulca Quispe, presente sus declaraciones juradas”.

Caruajulca resultó elegida y, una vez en la Procuradoría General del Estado, obvió que, actualmente, afronta una denuncia “inacción en la defensa jurídica de la municipalidad” y “falta de seguimiento e impulso de denuncia a nivel policial” en su calidad de exprocuradora de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho porque no habría interpuesto acciones legales contra una funcionaria por presunta falsificación de documentos.

Por todo ello, la Contraloría General de la República advierte que en la designación de Aurora Caruajulca Quispe hay “situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso de designación” de esta entidad.

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