Elecciones 2022: Combatir la corrupción desde los gobiernos municipales y regionales, la tarea de las nuevas autoridades

Sólo en el 2021 los actos de corrupción e inconducta funcional en la administración pública ocasionaron al país un perjuicio económico de más de S/ 24 mil millones, lo que representó un 13.6% del presupuesto nacional. El daño estimado a nivel de Gobierno Nacional fue de S/ 11 mil millones, de Gobiernos Regionales ascendió a S/ 8 mil millones y de Gobiernos Locales a S/ 4 mil millones, según el Índice CGR de la Corrupción 2021 que anualmente emite la Contraloría General de la República.

El monto estimado del perjuicio ocasionado por la corrupción y la inconducta funcional del 2021 se elevó a comparación del año 2020, que fue de poco más de S/ 22 mil millones.

¿Qué pueden hacer las nuevas autoridades electas desde los gobiernos regionales y locales para reducir estos perjuicios? ¿Qué tanto se ha avanzado y qué tipo de propuestas son viables y efectivas? Al respecto, conversamos con Mayen Ugarte, profesora de la facultad de Gestión de la PUCP.

Ugarte señala que la corrupción no solo afecta porque los recursos del Estado son destinados indebidamente a funcionarios, sino que porque genera obras paralizadas, inconclusas o mal hechas y que no funcionan. “No solo es el recurso que se gastó mal, sino también el servicio que se deja de dar a la sociedad, por lo que el efecto de la corrupción siempre es muy grande”, manifiesta.

Otra consecuencia de la corrupción es que genera cada vez más descrédito de las autoridades y se repele la posibilidad de contar con personas adecuadas trabajando para el Estado.

Una de las propuestas para combatir la corrupción que los candidatos regionales y municipales coinciden está relacionada a un incremento de la transparencia de contratos y órdenes de servicio en esos niveles de gobierno a través de plataformas digitales. Sin embargo, Ugarte indica que estas son medidas que ya se dan en la práctica.

Además, resalta que la transparencia no evita la corrupción, sino que hace posible la fiscalización. El problema es que, por lo general, la orden de servicio es pública cuando ya se ha concretado.

Otra propuesta recurrente es la implementación de un sistema ciudadano de denuncia dentro de la municipalidad, (como lo propone el candidato a la alcaldía de Lima Yuri Castro), pero ya existen varios sistemas de denuncia, desde la Contraloría y la Fiscalía.

Lo que podría implementarse, señala, dentro del gobierno regional o local es una especie de defensoría que guíe la denuncia del ciudadano y le informe si el trámite está siguiendo los caminos correctos.

Además, la profesora de la PUCP manifiesta que los mecanismos anticorrupción ya existentes no se suelen cumplir no porque las sanciones no sean rigurosas, sino porque no hay capacidad para hacerlas cumplir por parte del Estado. “El problema es cómo hacer cumplir lo que se tiene”, menciona.

Ugarte señala que se debe trabajar en las áreas más vulnerables a situaciones de corrupción, como el de contrataciones y obras públicas, y trabajar protocolos para que los procesos sean más observados y así conocer por qué se prefiere contratar a una persona en lugar de otra.

Además, recordó que la corrupción no solo se da en las áreas de contratación, sino también en la de trámites de permisos para el funcionamiento de algún negocio.

En esa línea, sostuvo que también se puede dar más visibilidad al libro de reclamaciones para las quejas en cuanto a demora de trámites, que en ocasiones solo se agilizan cuando hay un “incentivo económico” o soborno de por medio para el funcionario público encargado del trámite.

Otras de las medidas que se podrían tomar es que todo se haga público, como el monto de los tributos que ingresan y se pueda ver el resultado de los trabajos que realizan los gobiernos locales. “Hoy esa información se puede pedir, pero se podría hacer pública sin que alguien lo pida”, dice.

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