Contraloría encuentra irregularidades en la designación de la procuradora general del Estado

Una nueva irregularidad salta a la vista dentro de la designación de funcionarios del Gobierno de Pedro Castillo. Se trata de la procuradora general del Estado, Aurora Caruajulca, que asumió este puesto en reemplazo del abogado Daniel Soria, quien fue expectorado tras haber presentado una denuncia contra el presidente por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias a raíz del caso Puente Tarata. La Contraloría General de la República observó su caso.

Según el informe de orientación de oficio Nº 013-2022-OCI/0281-SOO, dirigido al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), se advierte que en el proceso de selección de la procuradora Caruajulca no se solicitó su declaración jurada que acreditará no haber cometido faltas de idoneidad en el ejercicio de la defensa jurídica del Estado. El órgano de control detalla que a la funcionaria le solicitaron que informara si tenía procesos administrativos en curso como resultado de denuncias, pero la respuesta fue que lo haría si resultará, finalmente, elegida para el cargo que postula.

“La situación advertida, respecto a que en el proceso de designación de la Procuradora General del Estado, no se solicitó la Declaración Jurada de no haber cometido faltas a la idoneidad en la defensa jurídica del Estado y la existencia de hechos denunciados y tramitados [...] hacen posible que la labor de evaluación de esos hechos, sea afectada en su imparcialidad”, se considera en el informe.

En esa línea, se detalla que el informe de evaluación que se hizo de la hoja de vida de Caruajulca requería del registro si contaba con procesos abiertos. La Oficina General de Recursos Humanos del Minjusdh también indicó que era la propia Procuradoría General del Estado “debió solicitar esas declaraciones juradas”.

En respuesta, la entidad informó que no contaban con la referida declaración jurada de Caruajulca. Por ello, la Contraloría determina que tanto la cartera de Justicia como la Procuradoría General del Estado “no le solicitaron a la señora María Aurora Caruajulca Quispe, presente sus declaraciones juradas”.

Caruajulca resultó elegida y, una vez en la Procuradoría General del Estado, obvió que, actualmente, afronta una denuncia “inacción en la defensa jurídica de la municipalidad” y “falta de seguimiento e impulso de denuncia a nivel policial” en su calidad de exprocuradora de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho porque no habría interpuesto acciones legales contra una funcionaria por presunta falsificación de documentos.

Por todo ello, la Contraloría General de la República advierte que en la designación de Aurora Caruajulca Quispe hay “situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso de designación” de esta entidad.

En las recomendaciones se pide hacer de conocimiento del titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos “con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso de designación de la Procuradora General del Estado”.

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