Congreso impulsa tres proyectos de ley que atentan contra el aborto terapéutico

Congresistas de Renovación Popular y Fuerza Popular presentaron tres proyectos de ley que ponen en riesgo del derecho al aborto terapéutico. Las iniciativas legislativas de Rosangella Barbarán, Alejandro Muñante y Milagros Aguayo buscan que todos los embarazos concluyan e ignoran los casos cuando la gestación pone en riesgo la salud física y mental de niñas, adolescentes y mujeres.

Cuando estas situaciones se presentan, ellas deben acceder al aborto terapéutico, que en el Perú es legal desde 1924. Sin embargo, recién 90 años después se publicó el protocolo de aplicación de este derecho. En el documento se especifica que las mujeres que padecen alguna de las 11 enfermedades enlistadas pueden solicitar a una Junta Médica, integrada por especialistas de determinado hospital, que se interrumpa su embarazo de forma segura.

Los daños a la salud mental considerados en el undécimo numeral del protocolo también ponen en riesgo las vidas de mujeres. El suicidio es uno de ellos y como tal es la primera causa de muerte materna indirecta en niñas y adolescentes, según la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud (Minsa).

Pero los congresistas, en sus tres proyectos de ley, ignoran que existen mujeres y menores de edad que pueden morir o quedar gravemente afectadas por la gestación. Por lo contrario, buscan que los embarazos concluyan sí o sí y que no se les reconozca el derecho al aborto terapéutico.

El 18 de noviembre de 2021 se presentó el primer proyecto de ley que ataca el derecho al aborto terapéutico. Se trata de la iniciativa que “reconoce derechos al concebido” propuesta por la congresista de Renovación Popular y pastora evangélica Milagros Aguayo.

El documento ingresó tres días después a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, donde aún no la ponen en agenda para debatir.

Mediante este proyecto de ley, Aguayo quiere modificar el artículo 1 del Código Civil para que el Estado peruano asegure que el concebido se desarrolle sin impedimento en el útero de las mujeres.

No menciona qué sucedería en el caso de las niñas, adolescentes y adultas víctimas de violación sexual. Tampoco hace un apartado para asegurar que respetará su derecho al aborto terapéutico.

Al contrario, busca que sus cónyuges, convivientes o parientes decidan qué “actos médicos” se ejecutarán si la vida de “la madre y el concebido” corren peligro.

Si la iniciativa de Aguayo se aprueba como tal, en el artículo 1 del Código Civil se leería lo siguiente:

Así, la parlamentaria quiere que los concebidos tengan derechos absolutos, lo que contradice lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Artavio Murillo versus el Estado de Costa Rica.

En su resolución, la Corte IDH concluye que los concebidos tienen derecho a la vida de forma “gradual e incremental”, pues no puede priorizarse esto cuando la salud o vida de la mujer corre peligro.

La abogada Amire Ortiz, directora de la ONG “Acción por Igualdad”, aclaró que el cigoto o feto tiene derechos, pero no se equiparan a los de las mujeres, que tienen una vida ya realizada.

El Poder Judicial y el Tribunal Constitucional deben ceñirse a lo resuelto por la Corte IDH, pues el Estado peruano suscribió la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, Aguayo no reconoce la interpretación hecha por la entidad judicial internacional en su proyecto de ley.

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, también presentó otro proyecto de ley que atenta contra el derecho al aborto terapéutico. Su iniciativa se titula “proyecto de ley que promueve la creación del Observatorio nacional para la vigilancia de la salud integral de la madre gestante y del niño por nacer”. La propuesta ingresó a la Comisión de Salud el pasado 11 de julio.

Con esta iniciativa legislativa, el parlamentario busca que se investiguen las causas más frecuentes de mortalidad fetal y reconoce al aborto como una. Asegura que evitará esta práctica mediante políticas públicas.

La finalidad de la ley es “garantizar la responsabilidad del Estado en la tutela constitucional y legal en favor de la vida y la salud integral de la madre gestante y del niño por nacer”.

Es decir, quiere crear políticas públicas para que el feto se desarrolle y nazca sí o sí. De esta forma, omite casos de fetos con malformaciones congénitas o fetos que pueden causar la muerte de niñas, que no están preparadas para gestar.

La Organización Mundial de la Salud alertó que sus probabilidades de morir aumentan hasta en 4 veces si concluyen sus embarazos. Además son propensas a sufrir malnutrición y a tener bebés con malformaciones congénitas.

El parlamentario no menciona en su proyecto de ley qué sucederá si las mujeres deben acceder a la interrupción del embarazo para salvar sus vidas. Como por ejemplo, si sufren enfermedades como lupus, cáncer, entre otras enfermedades descritas en el protocolo del aborto terapéutico.

Al igual que Aguayo, cita el artículo 1 del Código Civil para asegurar que los concebidos tienen derechos absolutos y son “niños por nacer” e ignora lo resuelto por la Corte IDH, sentencia a la que debe ceñirse el Estado peruano.

La abogada Ortiz comentó que cuando mencionan al feto o cigoto como “niño por nacer”, el congresista Muñante pretende que las mujeres sean vistas como asesinas de un niño o niña, cuando en realidad no es así, pues la interrupción del embarazo se realiza cuando el concebido aún no nace.

El 24 de marzo de 2022, la congresista de Fuerza Popular, Rosangella Barbarán, también propuso un proyecto de ley donde se mencionan al feto o cigoto como “niño por nacer”.

La iniciativa denominada “Ley que promueve la protección del embarazo, de la madre gestante, del niño por nacer y de su entorno familiar” también busca que todos los embarazos concluyan. En el texto sustitutorio no hay un apartado que asegure que se respetará el derecho al aborto terapéutico para niñas, adolescentes y mujeres que pueden fallecer o quedar graves de salud por la gestación.

El dictamen aprobado en la Comisión de la Mujer y Familia del Parlamento fue rechazado en el Pleno del Congreso y devuelto a la Comisión de Salud para que se debata considerando las opiniones técnicas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del Ministerio de Salud y de la Defensoría del Pueblo.

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