Elecciones 2022: más de 200 candidatos con sentencias por violencia familiar y otros 1.400 con demandas por alimentos

Medidas de protección para sus víctimas, pena de cárcel efectiva, indemnizaciones y servicios a la comunidad fueron las penas a las que fueron sentenciados 213 candidatos inscritos y admitidos a estas Elecciones Regionales y Municipales 2022. No es un número menor y es una situación que se presenta en todas las regiones del Perú, sin excepción. Además, otros 1496 aspirantes a cargos públicos fueron demandados por omisión de pensiones alimentarias para sus hijos menores de edad. ¿Qué dice de los partidos políticos el hecho de dejar entre sus filas a agresores de mujeres y a quienes abandonan a la niñez?

Un análisis realizado por Infobae a las hojas de vida de los candidatos inscritos que se hallan en la Plataforma Electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reveló que tal es la cifra de aspirantes a los cargos de gobiernos regionales, alcaldías provinciales y distritales con ese nivel de indiferencia a los derechos de las mujeres e integrantes del grupo familiar.

Aunque no tiene una sentencia, a ellos se les ha sumado el candidato a la alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Gonzalo Alegría de Juntos por el Perú, a quien su hijo de 21 años denunció, en marzo del 2021, por violencia familiar —debido a una presunta agresión sexual y psicológica— de acuerdo a una investigación realizada por el medio local Nativa. El aspirante al máximo cargo de la capital peruana niega la acusación, mientras su denunciante se mantiene con su acusación.

En esta larga lista de candidatos con procesos penales o civiles, según ellos mismos declararon, además, está el caso de Diofemenes “Kurly” Arana, quien busca ser alcalde distrital del distrito chalaco de La Perla. Este tuvo una denuncia por violencia familiar que terminó en conciliación y otras dos demandas por pensión alimentaria que tuvieron el mismo final.

Y también en Cusco, Vladimir Tito Quispe Gutiérrez (43), quien postula por séptima vez a un cargo. Entre el 2002 y el 2014 trató de ser elegido como regidor del distrito de Wanchaq, uno de los principales y más céntricos de la ciudad imperial, luego al cargo de regidor provincial, posteriormente quiso ser alcalde distrital de Wanchaq, luego congresista y ahora nuevamente intenta su pase como regidor a través de Alianza para el Progreso (APP), precisamente el partido

Desde el 2017; sin embargo, Quispe ya tenía una condena de dos años y siete meses de pena suspendida por lesiones leves en agravio de su exconviviente y madre de sus dos hijos. Posteriormente otro juzgado le prohibió que se acercara a su víctima y sus hijos. Este caso es singular, pues en total el hoy candidato tiene cuatro sentencias penales por violencia y una civil por falta de entrega de pensión alimentaria sin que ello haya supuesto una tara en sus reiteradas postulaciones.

Actualmente, en el Perú no existe normativa que prohíba a ciudadanos con sentencias o procesos vigentes por violencia hacia las mujeres postular a cargos de elección pública, como sí para sentenciados por narcotráfico, violaciones sexuales, terrorismo y corrupción, incluso tras su rehabilitación.

Ante esta situación que raya en la impunidad, en marzo de este 2022, la bancada parlamentaria de Juntos por el Perú presentó el proyecto de la ley que garantiza la idoneidad de funcionarios públicos para construir una sociedad libre de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, a fin de que candidatos sentenciados o con un proceso penal en curso no pueda postular o sea separada de la función pública.

De aplicarse esta norma también se les solicitaría a los candidatos y servidores públicos como ministros, congresistas, fiscales presenten una declaración jurada de idoneidad en el que reafirmen un compromiso concreto de erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, pero el proyecto duerme en manos de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso sin que se haya previsto un plazo para su discusión.

En medio de este debate, especialistas coinciden en que se debe cuestionar el rol de los partidos políticos y movimientos regionales por llevar a las elecciones de este domingo 2 de octubre, y a todos los anteriores comicios, a personas con perfiles delictivos. Estos no deberían evadir su responsabilidad.

“Es cierto que hay una responsabilidad directa del candidato que sabiendo que tiene un proceso o sentencia ingresa a participar, pero hay una responsabilidad mayor de los partidos políticos, pues es el que inscribe al candidato. Dónde está su compromiso en garantizar un país libre de violencia, especialmente en Perú, con cifras tan altas de violencia física, psicológica y sexual contra las mujeres. Lo que demuestran es que tienen un desprecio hacia la lucha contra la violencia a la mujer y ahí es donde tenemos que emplazar a los partidos políticos y a los movimientos regionales porque si no la situación no va a cambiar”, explica la congresista Ruth Luque, una de las autoras del mencionado proyecto de ley.

Un total de 253 ciudadanos con alguna sentencia o proceso vigente por violencia familiar intentaron llegar a un cargo público en estas elecciones venideras, pero de estos 40 salieron de carrera, pues no pasaron los filtros del JNE, ya que fueron tachados, excluidos o declararon improcedentes a sus candidaturas.

De este nuevo subtotal de 213 candidatos, 46 no dieron detalles de la sentencia a la que fueron condenados y solo declararon como fundada la demanda interpuesta contra ellos y otro pequeño grupo señaló que actualmente se halla en un proceso de investigación.

La revisión de datos arroja que 66 partidos políticos y movimientos regionales tienen entre sus filas a candidatos con alguna sentencia o proceso civil o penal en curso por violencia familiar. Somos Perú (39), Alianza por el Progreso (27), Podemos Perú (19), Perú Libre (18), Avanza País (16) y Juntos por el Perú (11) son los partidos con más candidatos con sentencias. Este trabajo poco cuidadoso de elección de opciones para la ciudadanía no es gratuito, se debe a la falta de voluntad y el poco valor que se le da a la lucha contra la violencia hacia las mujeres, explican expertas consultadas.

“Esto es una expresión lamentable de lo que es nuestra sociedad, donde la violencia hacia las mujeres, la irresponsabilidad y la violencia económica en términos de no pasarle la pensión de alimentos a los hijos es algo muy extendido y los candidatos finalmente están reflejando esa realidad. Tenemos un doble desafío: cómo trabajar en la sociedad para que eso no sea lo común y recurrente y, por otro lado, cómo hacer para tener mejores filtros y evitar que tantos candidatos con este tipo de delitos se sigan presentando”, expresa la socióloga y exministra de la Mujer, Anahí Durand.

En el Perú más de la mitad de la población (58%) tolera y considera “normal” la violencia ejercida contra las mujeres de 18 años a más, según revela la última Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES 2019), realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Además, entre las mujeres agredidas aún hay poca disposición a buscar ayuda en las instituciones de justicia, debido a las trabas que se presentan, el machismo y el juicio hacia ellas. Según este mismo estudio apenas el 19% acudió a denunciar a sus agresores. Esto, trasladado al panorama político y electoral es clave, pues surge la pregunta de cómo las víctimas de violencia podrían confiar en un sistema que busca ser liderado por agresores, ya que según nuestro análisis las listas electorales de todas las regiones del país tienen sentenciados o procesados por este delito.

“No puedes pretender bajo ninguna circunstancia que alguien cuya imagen y liderazgo representa episodios de violencia, con sentencias o episodios de omisión de cuidados frente a la familia represente de alguna forma políticas de cuidado. Claramente no va a ocurrir y si es que esto no está en el esquema de prioridades de las candidaturas tampoco está en las prioridades de las políticas públicas locales”, señala la politóloga y especialista de género Fabiola Arce.

De acuerdo a la congresista Ruth Luque ya es hora de que los partidos asuman su cuota de responsabilidad ante el ingreso de personas con un historial de violencia a la vida política.

“Siempre quieren trasladar la responsabilidad hacia las personas y eso no puede ser, las personas no son sujetos independientes cuando van presentados por un partido político, este tiene que hacerse responsable directo del nivel de representación que le está llevando al país porque si no lo va a hacer termina siendo solo una agencia de candidatos”, alerta la parlamentaria.

Un total de 1496 ciudadanos que aspiraban a los puestos de alcaldes distritales o provinciales, gobernadores, vicegobernadores, regidores y consejeros declararon tener una sentencia por omisión de pensiones alimentarias, de acuerdo a la información del JNE hasta antes del proceso de exclusiones. Esta situación, nuevamente, se repite en todas las regiones del país.

Fue en el 2007 cuando el Perú creó el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) y la legislación vigente establece que quien incumple con la pensión para sus menores hijos no puede ser nombrado en cargos de elección popular; aún así esto no impide su postulación a estos mismos puestos y el poco cuidado que los partidos políticos tienen al respecto obligan a la población a elegir una oferta poco idónea.

Ante esta situación desfavorable para las mujeres, niños y niñas, los especialistas consultados coinciden en que si bien es importante la sanción penal lo es más la sanción social, pues los electores pueden “castigar” a este tipo de candidaturas no entregándoles su voto. En suma, un voto informado puede salvar a los distritos y regiones de autoridades con historiales de violencia, aunque ello resulte más complicado en países con una ciudadanía poco vigilante como la del Perú.

“Esta situación afecta a la democracia porque las personas se ven obligadas a elegir entre candidatos con sentencias, con cuestionamientos. Hay un trabajo de sensibilización necesario para que la población conozca a personas que han cometido delitos, no solo de la ley electoral sino delitos sancionados penalmente. En un país con una fuerte cultura cívica eso no se aceptaría. Si como candidato no le exiges con tu voto menos cuando sea autoridad. Acá no hay ninguna ley electoral que pueda ayudar a hacer el trabajo que los electores tienen que hacer. Lo que sí puede ayudar es nuestro voto concienzudo, es lo único que nos puede llevar a un norte”, opina el especialista Juan Tello.

En cambio, la exministra Anahí Durand señala que una ley que prohíba postular a candidatos con sentencias por violencia contra las mujeres puede ayudar, pero es consciente de que la situación escapa a solamente lo legal.

Informe publicado en el marco del Curso de Especialización en Periodismo y Política (PUCP - IDEA Internacional - Fundación Gustavo Mohme Llona).

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