Hasta fines de agosto casi 150 mujeres se convirtieron en sobrevivientes de feminicidio, luego de que sus parejas, exparejas o un hombre que las acosaba intentaran asesinarlas. Lamentablemente, otras 75 fallecieron tras severos ataques que, en algunos casos, incluyeron torturas físicas, según datos del Programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
Ante ello, el colectivo que agrupa a padres, madres, hermanas e hijos de víctimas de feminicidios, Familias Unidas por Justicia, Ni Una Asesinada Más convoca a dos banderolazos que se realizarán este sábado 24 a las 10:30 a. m. Un grupo estará en el frontis del Congreso y el otro en el centro comercial Megaplaza, en Los Olivos, a fin de que más personas puedan sumarse a su causa.
“El principal objetivo es la visibilización de la problemática para que no se normalice. Queremos sensibilizar a todos los operadores de justicia, a las autoridades y a la población en general”, dice Sandy Evangelista Loa, vocera del colectivo.
Además, explicó que en lo que va del año ellos contabilizan que al menos 100 mujeres fueron asesinadas y que estos crímenes tienen características de feminicidios. “Lo que pasa es que a veces la investigación fiscal lo tipifiica como homicidio o parricidio y, por lo tanto, las familias pierden el apoyo de las instituciones”, explica Evangelista sobre esta variación de cifras.
“También queremos llamar la atención de los entes de justicia, que ya son 100 mujeres, pero de las que fueron asesinadas el año pasado la mayoría no tiene justicia, si no hay justicia seguirán habiendo más crímenes impunemente”, señala.
La lentitud del sistema de justicia es palpable en este tipo de casos, incluso uno muy mediático y rodeado de horror como el de Jessica Tejeda y sus tres menores hijos, crimen que ocurrió a fines del 2019 en El Agustino y hasta hace un mes estuvo sin sentencia. Ella y sus niños de 14, 2 años y un bebé de 25 días de nacido fueron asesinados por Juan Huaripata Rosales y pese a las pruebas, su propia confesión y el testimonio de un menor, el único sobreviviente, pasaron casi tres años para que su familia obtuviese un poco de justicia luego de que el también filicida recibiera la cadena perpetua.
Aún así, para Agustina, madre y abuela de las víctimas, la condena se queda corta ante la atrocidad del delito. “Yo quiero que le den tres veces cadena perpetua a ese maldito, porque hizo eso. Qué culpa tenían. Mi niño no tenía la culpa de nada”, dijo la adulta mayor, quien actualmente se hace cargo del único sobreviviente, su nieto de 12 años y tiene que enfrentar el hecho de que el asesino de casi toda su familia apelara la sentencia en busca de una menor condena.
Otro crimen por el que el colectivo clama por justicia es el de Gloria Estéfany, cuya vida y embarazo fueron arrebatados por Juan Daniel Apaza Quispe hace poco más de un año. El sujeto sigue en prisión preventiva, mientras su familia no puede superar la pérdida de la joven madre.
“Me da mucha cólera que no condenen a ese hombre, que merece cadena perpetua porque quitó la vida de dos inocentes personas. Parece una pesadilla todo lo que estoy pasando, todo parece un mal sueño”, dice la hermana de la víctima ante las demoras de los operadores de justicia.
Hijos vulnerables
Hay otras víctimas aún más invisibilizadas en las tragedias de estos crímenes de odio. Según el conteo oficial del MIMP hasta hace un mes fueron 75 niños, niñas y adolescentes los que quedaron en situación de orfandad tras el asesinato de sus madres, lo cual impacta hondamente en sus vidas dejando traumas, por lo que actualmente reciben un apoyo estatal de 600 soles bimensuales, que según algunas familias consultadas resulta insuficiente para su manutención y recuperación psicológica.
“Vamos a recordar a nuestras víctimas porque no solo son mujeres muertas sino que son mujeres que han dejado hijos, familias; son sueños y vidas truncadas”, reflexiona Sandy.
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