Miguel Rodríguez Mackay sostuvo que “el Perú nunca ha tenido un mar territorial de 200 millas”

El excanciller Miguel Rodríguez Mackay analizó su gestión sobre los hechos que marcaron su gestión en Torre Tagle como la decisión de retirarle el reconocimiento a la República Árabe Saharaui y las renuncias frustradas de los embajadores Manuel Rodríguez Cuadros y Harold Forsyth a la OEA y las Naciones Unidas, y ahora se aborda el tema que causó su salida: la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).

La Convemar fue aprobada en abril de 1982 y entró en vigor en 1994, tras ser ratificada por 60 países de los cuales el Perú no era parte. Por ello, Rodríguez Mackay era de la idea que se debía formar parte del bloque. Sin embargo, desde el Cusco, el presidente Pedro Castillo contradijo a su entonces canciller al manifestar que va a defender “hasta el último milímetro” del mar. Al respecto, el internacionalista aclara este punto.

“La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar recogió de manera intacta la tesis peruana de las 200 millas. Sin embargo, en la historia del derecho del mar, solamente han habido tres millas de mar territorial y nunca 200 millas. El Perú nunca ha tenido un mar territorial de 200 millas”, señaló.

Rodríguez Mackay recalcó que la actual Constitución no se habla mar territorial de 200 millas, sino recoge lo que dice el Diario de Debates de la Constituyente de 1979. “Ahí dijeron: ‘¿Cómo vamos a llamar a las 200 millas? Dominio marítimo que, en 200 millas, se ha querido confundir con mar territorial. El dominio marítimo en 200 millas significa que el Estado peruano tiene total decisión sobre todos los recursos vivos y no vivos que hay en esa distancia. Soberanía plena del Perú que decide cuándo, cuánto, cómo y dónde se pesca”, añadió.

El internacionalista recordó que la Convemar dijo que tres millas de mar territorial era muy poco para el Perú, entonces señaló que mejor era doce. “Lo que no se dice es que hay doce millas más de zona contigua y desde la milla 12 hasta las 200, hay 188 de zona económica exclusiva. En total, en las 200 millas, desde la orilla del mar hasta la milla 200 existe lo que se denomina soberanía y jurisdicción completa del Estado sobre recursos vivos y no vivos”, explicó.

“La Convemar y la Constitución del Perú consagra la libertad de comunicación o navegación. Todos pueden pasar, pero no pescar ni explotar los recursos minerales. Entonces, si tú le preguntas a la gente si desea 200 millas, que nunca hemos tenido porque fue una invención, o las 12 millas que está en la Convemar, te van a decir lo primero”, mencionó.

Por otro lado, Rodríguez Mackay reveló que los excancilleres de la República, tal como según dijo se lee en la literatura del Ministerio de Relaciones Exteriores, están de acuerdo con la Convemar.

“Óscar Maúrtua de Romaña dijo, más que yo, claramente: ‘Mi preocupación será la adhesión del Perú a la Convemar’. 31 de agosto de 2005 en el Congreso de la República. El señor Manuel Rodríguez Cuadros, cuando fue canciller, tuvo la misma posición y en uno de sus libros mencionó que todos los derechos del Perú estaban expeditos con la Convención del Mar”, agregó.

El internacionalista dice que “jamás quiso recortar mar para el Perú porque las 200 millas de Grau están intactas”. “Ni en la Convención del Mar perdemos soberanía ningún centímetro porque está consagrado nuestros derechos sobre recursos vivos y no vivos”, enfatizó.

Por último, confiesa que envió una carta a la expresidenta del Congreso, Lady Camones, para que este poder del Estado sea el que abra el debate y ratifique la Convemar porque la Cancillería ya había hecho su trabajo.

El 27 de septiembre de 2018, la entonces ministra del Ambiente Fabiola Muñoz firmó el Acuerdo de Escazú en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos). En aquella oportunidad, la representante del Gobierno de Martín Vizcarra apuntó que este tratado internacional se trataba de un paso para promover la transparencia en temas ambientales y la participación ciudadana.

Pese a este logro del Ejecutivo, el Acuerdo de Escazú tenía que ser ratificado por el Congreso. El 20 de octubre de 2020, la Comisión de Relaciones Exteriores decidió con 9 votos a favor y 3 en contra mandar este tratado al archivo. La decisión fue ratificada en este grupo de trabajo el último 11 de julio.

Con ello, Perú no se uniría al grupo de países que sí lo firmaron: Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint kitts y Nevis, Santa Lucia y Antigua y Barbuda.

El excanciller Miguel Rodríguez Mackay también comparte la posición del Congreso y explica por qué su rechazo al Acuerdo de Escazú.

“Se ha querido mentir a la gente, y también por mucha desinformación, que el Acuerdo de Escazú es exclusivamente para derechos de los defensores ambientales. Lo que buscaba Escazú era que varios actores, entre ellos las comunidades nativas que ya tienen la consulta previa, las ONG, otros particulares sean nacionales o extranjeras y el Estado, estén todos en un mismo nivel y tomen la decisión sobre algún asunto medioambiental como alguna tala de bosques o pozo”, anotó.

Para Rodríguez Mackay, este nuevo escenario iba a provocar que los involucrados no lleguen a consensos: “Este asunto, evidentemente, es que no se iban a poner de acuerdo porque ya el Estado, que siempre debe ser la autoridad, ya estaba en un nivel plano. Como no se ponen de acuerdo, el artículo 19,2 del Acuerdo de Escazú dice algo muy claro: “Como no están de acuerdo, entonces irán a un litigio internacional en la Corte Internacional de Justicia’. Y la Corte Internacional de Justicia, lo he dicho siempre, es un espacio supranacional donde van Estados para litigar problemas entre Estados”.

El internacionalista sostiene que en lo de Escazú, solamente en el Perú, una ONG nacional o extranjera le puede decir a un Estado cualquiera que se constituya en parte, por intereses, para litigar con el Perú en la Corte de La Haya por problemas que ocurren dentro de nuestro territorio. Consideró que la decisión que tome esta instancia resulta vinculante para nosotros y eso, a su juicio, limita la soberanía y los derechos.

“Escazú tiene como parte el tema de los defensores ambientales, pero la defensoría ambiental, tenemos el marco nacional que hay que empoderar al Poder Judicial y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde van todos los que sienten que sus derechos están vulnerados. Repito, Escazú es lesivo para la soberanía nacional porque la Corte Internacional de Justicia tomaría una decisión sobre nuestros recursos que están dentro del Perú y no de otro Estado que se constituye en parte bajo los intereses de una ONG cualquiera que puede ser nacional o extranjera”, responde frente a los argumentos de los defensores ambientales.

El 11 de agosto se informó sobre la muerte de Rodrigo Ventocilla, de 32 años y estudiante de la Universidad de Harvard, en un Hospital de Bali (Indonesia). Este asunto también resultó criticas duras a Miguel Rodríguez Mackay debido a que la Cancillería sacó un primer comunicado en el que no asumían ninguna responsabilidad y se le creía la versión oficial del país asiático.

Luego, hubo otro pronunciamiento con un tenor distinto porque se le solicitaba explicaciones a Indonesia sobre lo ocurrido con Ventocilla. Al respecto, el excanciller también responde. “Cada área tenía una práctica de sacar comunicados según el tema. Apenas informado del primer comunicado, inmediatamente convoque a la madre de la víctima a mi despacho. Hablé con ella y su hermana por más de una hora, y luego saqué otro comunicado que no se comenta”, anotó.

A la pregunta de quién fue el responsable del primer comunicado de la Cancillería sobre este caso, Rodríguez Mackay sostuvo que era una práctica anterior que debía cambiar y detalló qué acciones realizó.

“Hemos personalizado el proceso de tal manera que hemos acompañado a la familia. Es verdad que, por el seguro de la Universidad de Harvard, se pudo traer a los restos; pero hemos estado allí con la Directora General de Asuntos Consulares hasta el final. Yo mismo he mandado a la Fiscalía de la Nación y a la Fiscalía del Callao que se haga la necropsia de ley y pedí para que se constituya un equipo de alto nivel que viaje a Indonesia a investigar este tema, pero ya no alcanzó el tiempo”, indicó.

Rodríguez Mackay enfatizó que su paso en la Cancillería apuntaba a apostar por los consulados con el fin de garantizar los derechos de los peruanos. Sin embargo, la familia de Rodrigo Ventocilla señaló que el cónsul en Indonesia, Julio Tenorio, no brindó la ayuda necesaria de los maltratos que recibieron el fallecido estudiante junto a su esposo Sebastián Marallano. Sobre ello, Infobae le preguntó al extitular del Ministerio de Relaciones Exteriores por qué no hubo una inmediata sanción.

“No puede haber sanción porque está en pleno proceso de investigación. Creo que tiene que haber una investigación detenida y luego de esa, lo serio tendrá que tomarse las decisiones según los niveles de responsabilidad. Eso es lo que corresponde y es una práctica que siempre aprendí mis maestros en la Cancillería”, añadió. De otro lado, Rodríguez Mackay informó que el cónsul Tenorio fue hasta el lugar donde Rodrigo Ventocilla y Sebastián Marallano fueron detenidos.

“Ojalá que vaya una comisión a Indonesia para esclarecer este asunto porque se requiere una investigación”, zanjó.

A raíz de la muerte de Rodrigo Ventocilla, presuntamente víctima de violencia policial y discriminación en una cárcel de Indonesia, el Ministerio Público decidió abrir una investigación preliminar por supuesto delito contra la humanidad, en la modalidad de Tortura, en agravio de los ciudadanos.

Uno de los pedidos principales de los deudos era la práctica de una necropsia que determine el fallecimiento del joven trans, pues en un comunicado pasado denunciaron que las autoridades de Indonesia no entregaron informes médicos sobre su estadía en el hospital donde falleció.

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