Congreso debate hoy la autorización de Pedro Castillo a la asamblea de la ONU en Estados Unidos

El Pleno del Congreso de la República debatirá este jueves el pedido del presidente Pedro Castillo para viajar a la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, donde participará de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se realizará del 18 al 22 de setiembre. En este evento internacional, el mandatario será el noveno orador y expondrá el próximo martes 20.

Aparte de su intervención en Naciones Unidas, Castillo tiene previsto un encuentro con el secretario general António Guterres. Además, confirmó su presencia en la Cumbre sobre la Transformación de la Educación y reuniones con altos ejecutivos y líderes vinculados al Perú, organizada por el Américas Society/Council of the Americas.

Sin embargo, la representación nacional podría negarle el viaje al presidente tal como ocurrió en agosto pasado. En esa oportunidad, Castillo no pudo asistir a la toma de mando de Gustavo Petro en Colombia. Con 42 votos a favor, 67 en contra y 5 abstenciones, decidieron no autorizar su salida a la ciudad de Bogotá.

Para algunos parlamentarios, el representante del Ejecutivo busca asilo político e incluso fugarse del país por las investigaciones que existen en su contra. En cambio, para otros parlamentarios esto no podría suceder, porque el mandatario viene colaborando con la justicia, como también estaría representando al país.

De otro lado, en la agenda del Pleno también está la moción de censura contra el ministro de Transportes, Geiner Alvarado. En el documento se recuerda que este funcionario se mantiene desde el inicio del gobierno de Pedro Castillo, y resaltan que antes estuvo a cargo de la cartera de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Asimismo, indican que la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada investiga a una presunta organización criminal enquistada en el gobierno desde el año 2021, “en la que se encuentra involucrado el señor Geiner Alvarado López, en calidad de ‘lugateniente’, por actos realizados cuando ejercía el cargo de ministro de Vivienda”.

En la moción apuntan también que el ministro habría cometido presuntos hechos ilícitos en la modalidad de ‘Licitaciones Públicas Fraudulentas’, otorgando de esta manera la buena pro de obras públicas de inmensa suma de dinero a empresas que no contaban con los requisitos exigidos por ley.

En la moción del día precisan que si bien el ministro fue interpelado el lunes pasado; sin embargo, “se dedicó a señalar que no conoce a los empresarios Espino Lucana, que no conoce a la cuñada del presidente de la República, Jennifer Paredes, ni al alcalde de Anguía, José Medina, ni a ninguno de los implicados en las investigaciones que realiza la Fiscalía de la Nación”.

A su parecer, Geiner Alvarado no ha cumplido con esclarecer los hechos materia de cuestionamiento, ni ha respondido con idoneidad y cabalidad sobre las acciones desplegadas por su sector; ahondando más las contradicciones y dejando más dudas sobre su idoneidad moral.

Todo esto, señala el documento, es razón suficiente para que el actual ministro de Transportes y Comunicaciones deje el despacho ministerial “antes de que se lleven a cabo hechos similares a los que presuntamente se han realizado cuando se encontraba a cargo de la cartera del ministerio de Vivienda; porque, además, su permanencia es un inminente peligro a la institucionalidad de su actual cartera”.

Finalmente, la representación nacional tocará el informe final del caso Repsol. El pasado 24 de junio, la Comisión de Pueblos Andinos halló como responsable directo a la empresa española de toda la contaminación en las costas de Ventanilla tras derramar más de 12 mil barriles el pasado 15 de enero.

Lo que se catalogó como el peor desastre ecológico ocurrido en Lima provocó la muerte de cientos de especies, más de 20 playas afectadas (el crudo llegó hasta Chancay), 1′800,490 metros cuadrados de suelo empetrolados, 7′139,571 m2 de mar contaminados y un monto total de 2.3 millones de soles en multas impuestas.

En el informe final de 330 páginas, que cuenta con la aprobación de la mayoría de sus integrantes, llegaron a más de 24 conclusiones.

“Consideramos como crimen ecológico a todos los impactos generados y un atentado contra el patrimonio de la humanidad, afectando no solamente la biodiversidad peruana, sino también la biodiversidad de todo el mundo”, se acota en el informe.

Además, determinan que el derrame de petróleo perjudicó al agua, aire, suelo y a todos los seres vivos que se ubicaron en la zona impactada, en todos los niveles taxonómicos. “Si bien los impactos iniciales ya se van dejando de evidenciar por las acciones de limpieza, aún existen zonas, sobre todo las de difícil acceso donde quedan los rastros del hidrocarburo, es necesario que el OEFA en su rol fiscalizador, se encargue de evidenciar cada uno de los lugares que faltan limpiar y poner las sanciones correspondientes”, continúa el texto.

El documento indica que la Refinería la Pampilla S.A.A. no contaba con las medidas de seguridad necesaria, además, que la multinacional española dio información inexacta del derrame de crudo de buzios referido. “Esto generó que las respuestas sean tardías ocasionando que los daños al ecosistema del medio ambiente sean más drásticos”, se precisa.

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