Una amenaza constante desde el 2016: Ya van siete pedidos de vacancia presidencial en seis años

Una vez más la palabra vacancia presidencial vuelve a ser una especie de oferta política, pero esta vez con fines electoreros. Al menos, así lo dejó entrever el magnate de la educación privada César Acuña en los audios filtrados en los que pide a los congresistas de su partido, Alianza para el Progreso (APP), sumarse a este pedido a fin de que no lo vinculen con el jefe de Estado durante su campaña por la región La Libertad. “No deben relacionarme con (Pedro) Castillo”, dijo. Las circunstancias, sin embargo, culminaron con la salida de la presidenta del Congreso, Lady Camones, en medio de un escándalo político.

Aunque días antes de la divulgación del material por parte de Epicentro TV esta propuesta ya asomaba y esta vez es promovida por el parlamentario del Partido Morado, Edward Málaga, quien señaló que el texto ya circula entre los miembros del Parlamento y una vez más la figura es la de incapacidad moral.

De ejecutarse esta sería la tercera moción de vacancia presentada durante el corto periodo de poco más de un año del gobierno del profesor Pedro Castillo, pues las dos mociones anteriores no prosperaron debido a la falta de votos del Congreso.

Si vamos más atrás, desde el 2017 se han presentado siete intentos de destituciones a presidentes, pero apenas dos fueron aceptadas y finalmente solo una prosperó en el 2020. Todas tienen una constante: fueron promovidas o respaldadas por la bancada fujimorista de Fuerza Popular.

“Creo que la figura de la vacancia presidencial no solo se ha desnaturalizado sino que se le ha quitado la relevancia que debería tener. Se le ha quitado el peso que este tipo de medidas deberían tener para convertirlas casi en una anécdota constante. Cada vez que se presentan ya no parece que todos estemos todos al pendiente de qué ocurrirá y se presenten grandes cuestionamientos sino que es como “otra más” sin que lleguemos a la reflexión de por qué hemos llegado a situaciones como esta en el país”, indica al respecto la analista y politóloga Paula Távara.

El primer presidente acorralado por el Congreso fue Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Los peruanos recordarán que la lideresa de Fuerza Popular y hoy investigada por lavado de activo y ser la presunta líder de una organización criminal, Keiko Fujimori, cercó al expresidente luego de ganar 73 escaños en el Parlamento, un número histórico que utilizó políticamente para hundir a su adversario. Incluso ella misma admitió en un mensaje que utilizaría su espacio mayoritario para cumplir su plan de gobierno, pero lejos de leyes a favor de la población los constantes conflictos solo dejaron inestabilidad.

Finalmente, tras un segundo proceso de vacancia de PPK envió su dimisión al cargo un día antes de que el parlamento votara por su destitución pues estaba involucrado en un escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

Su sucesor, Martín Vizcarra, también tuvo un inicio accidentado pues se conoció que el fujimorismo quiso convertirlo en “títere”, según comentaron congresistas de su bancada durante su mandato. Sin embargo, este logró zafarse de su entrampamiento y se mantuvo frontal al Congreso hasta finalmente cerrarlo “constitucionalmente” en septiembre del 2020, con mucho drama político de por medio, luego de que el Parlamento jugase sus cartas con un primer pedido de vacancia.

Luego de tres intentos y constantes enfrentamientos con el Congreso fue destituido un par de meses después en un juicio relámpago -también por incapacidad moral permanente-, pese a sus altos índices de aprobación entre la ciudadanía, incluso luego de que fuese acusado de actos de corrupción por hechos acontecidos en su etapa como gobernador de la región Moquegua.

Al exmandatario no le sirvió haber iniciado una demanda ante el Tribunal Constitucional a fin de que la institución determine cómo se debe aplicar la causal de vacancia por incapacidad moral, ya que en opinión del Ejecutivo se estaba usando de manera “equivocada e inconstitucional”. La respuesta del Tribunal llegó tarde pues su veredicto fue que no había nada que resolver ya que el expresidente ya había sido vacado.

Su salida provocó una nueva crisis por lo que miles de ciudadanos, en todo el país, salieron a protestar. No auguraban que su destino político, un año después le deparaba la inhabilitación de la función pública por 10 años, a pesar de ser el congresista más votado en las elecciones generales del 2021.

Como se puede notar, la vacancia en los últimos años se convirtió en una figura recurrente y utilizada para anular al adversario político, de acuerdo a lo expresado por analistas consultados por Infobae. Se han eliminado las reglas del juego que garantizan la democracia para dar pase a un gobierno de enfrentamientos en el que la ciudadanía es la más afectada. Un ejemplo visible es que durante la época más cruda de la pandemia, el Perú tuvo tres presidentes en apenas una semana, Martín Vizcarra, Manuel Merino De Lama y, finalmente, Francisco Sagasti, contra quienes también se presentaron cuatro pedidos de censura por parte del Congreso para retirarlos de sus cargos.

En el caso del primero, su gobierno de facto apenas duró cinco días y la represión policial de la que fue responsable dejó como saldo decenas de heridos y dos jóvenes muertos, Brian Pintado e Inti Sotelo.

Durante 200 años de la historia republicana del Perú, solo tres presidentes fueron destituidos. Una gran diferencia con nuestra golpeada democracia moderna.

Para el politólogo Alonso Cárdenas la situación responde a un grave quiebre de las reglas “no escritas” del juego democrático, tales como la tolerancia mutua y la contención institucional, es decir la búsqueda de diálogo y la evitación de figuras extremas como la vacancia y el cierre del Parlamento.

“La tolerancia mutua básicamente dice que hay adversarios pero no hay enemigos, es decir yo te reconozco a pesar de que discrepo contigo porque sé que tu propuesta política representa a una parte de la ciudadanía. La contención institucional señala que los actores políticos que están en una dinámica política hacen como una especie de pacto para no tocar los botones nucleares, es decir, en el caso peruano serían la disolución del Congreso o la vacancia presidencial. Si estas reglas se rompen pues la democracia se empieza a derrumbar”, explica el también docente de la Universidad Ruiz de Montoya.

Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció en marzo de este año para manifestar su preocupación por el “uso reiterado” de la figura jurídica de la vacancia presidencial.

“Debe llevarse a cabo conforme al debido proceso constitucional a fin de asegurar que sea un recurso que no se use para afectar el orden democrático constituido y los derechos políticos de los y las peruanas”, dijo la institución a través de un comunicado.

Ahora bien, en la actualidad sobre este Congreso pesan varias acusaciones, la última involucra una denuncia de violación sexual contra una trabajadora parlamentaria en la sede misma del recinto congresal.

Luego de que dos pedidos de vacancia contra Pedro Castillo no prosperasen un nuevo debate se cierne sobre la población peruana: el adelanto de elecciones. Sin embargo, con los mismos jugadores (o políticos) y las reglas democráticas rotas, partidos políticos caudillistas. ¿Es viable esta posibilidad?

Inclusive la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori reapareció para respaldar un posible adelanto de elecciones y se comprometió a no participar en esta, en caso se desarrollase. Sin embargo, en el 2016 dijo que si ese año no llegaba al poder en el 2021 no habría “ningún Fujimori” intentando alcanzar la presidencia. No cumplió.

“Esto es la consecuencia de algo todavía más profundo. Desde mi punto de vista esto surge a partir del autogolpe de Alberto Fujimori en el año 92 cuando bajo un nuevo modelo constitucional prácticamente se arrasó con lo poco que quedaba del sistema de partidos en el Perú. Entonces, es a partir de ahí, desde mi perspectiva, que se empieza a deteriorar hasta que llegamos al extremo del no reconocimiento de las elecciones. Lo que demuestra la experiencia peruana es que la calidad de la democracia sin un sistema de partidos mínimamente consolidado es muy precaria. Se puede ver no solo en las elecciones que pasaron si no en las que vienen ahora regionales y locales uno se topa con cada candidato y con cada partido que la verdad somos muy generosos al llamarlos partidos políticos. Si nosotros no tenemos partidos políticos mínimamente cuajados no hay ideología, no hay militancia, no hay programa de gobierno, no hay cuadros, no hay organización y en vez de tener partidos lo que tenemos son alianzas electoreras donde se suman personajes sumamente cuestionados”, analiza Alonso Cárdenas.

Por su parte, la académica Paula Távara señala que la clase política peruana carece de valores democráticos y de una apuesta de trabajar por el país de manera conjunta. Y esto puede, a futuro, desencadenar el ingreso de opciones autoritarias al gobierno, advierte.

“La constante de conflicto entre los actores políticos demora la gestión del Estado y la gestión Legislativa, entonces un conjunto de temas que deberían ser prioritarios para la recuperación económica, crecimiento del empleo, resolución de los problemas como fertilizantes y el agro no se atienden porque todos los actores políticos están centrados en la confrontación. Eso a la larga va a empeorar la calidad de la vida política o va a facilitar el ingreso del autoritarismo porque si en democracia no se entienden entonces que venga alguien y ponga orden”, señala.

En cuanto al adelanto de elecciones ambos señalan que, otra vez, es un camino sin pronta salida, pues no la opción no triunfaría de inmediato debido a la falta de votos.

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